El Principado descarta hacer una auditoría sobre las obras presuntamente amañadas en Asturias por la trama de Koldo
"Nada que ver, nada que hacer", asegura el consejero Alejandro Calvo en una comisión en la Junta
El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo / Pool
El Gobierno asturiano (PSOE e IU) descartó esta mañana en la Junta General poner en marcha una auditoría sobre dos contratos de obra pública ejecutados en Asturias y cuyas adjudicaciones pudieron ser amañadas en el marco de la presunta trama de adjudicaciones irregulares del “caso Koldo”, donde, además del que fuese asesor ministerial, están investigados el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. La Audiencia Nacional encargó la semana pasada una investigación al Consejo de Obras Públicas sobre diez grandes proyectos, en los que se incluyen esos dos trabajos.
Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias, preguntó esta mañana a Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, sobre la posibilidad de que el Gobierno regional realizase una auditoría, pese a que no fueron obras de su competencia. “No, no tienen nada que ver con el Gobierno de Asturias. Nada que ver, nada que hacer”, zanjó Calvo.
Se trata de dos obras cuestionadas por la Guardia Civil. Una es la actuación de emergencia en la línea ferroviaria de ancho métrico entre Gijón y Pravia, adjudicada en 2020 por algo más de 489.000 euros en su ejecución principal —a lo que se sumaron otros 48.800 euros de asistencia técnica— y cuyo coste final reconocido rondó los 444.800 euros tras ajustes posteriores.
La otra es la de la adaptación de la segunda calzada de la autovía A-63 entre Salas y La Espina, licitada en 7,58 millones de euros y adjudicada finalmente por unos 6,1 millones, aunque tras modificaciones y excesos de medición acabó superando los 6,7 millones.
Según los informes incorporados a la investigación, la obra de la A-63 fue adjudicada a una unión temporal de empresas formada por Construcciones Pérez Jiménez y OPR, mientras que la actuación ferroviaria de emergencia fue encargada por ADIF a la empresa LIC (Levantina Ingeniería y Construcción), ambas bajo sospecha por posibles irregularidades en su tramitación dentro del “caso Koldo”.
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