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El Principado rechaza atribuir responsabilidades personales o técnicas por el accidente de Cerredo: “La responsable es la empresa”

El portavoz del Ejecutivo recalca que era la empresa Blue Solving la que extraía carbón fuera de cualquier permiso, mientras que IU señala que “esa es la opinión del socio mayoritario del Gobierno”

Guillermo Peláez, portavoz del Ejecutivo y consejero de Hacienda.

Guillermo Peláez, portavoz del Ejecutivo y consejero de Hacienda. / Gobierno del Principado

Vicente Montes

Vicente Montes

Oviedo

El Gobierno del Principado rechaza que el accidente minero de Cerredo, en el que murieron cinco trabajadores el 31 de marzo de 2025, derive en señalamientos personales o técnicos contra responsables de la Administración autonómica. El Ejecutivo ha fijado esta posición tras conocer la propuesta de dictamen planteada por la presidenta de la comisión parlamentaria de investigación en la Junta sobre el siniestro, Covadonga Tomé, que señala directamente a los exconsejeros Belarmina Díaz, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí, así como al exviceconsejero Isaac Pola y tras funcionarios de la administración autonómica.

La postura del Principado fue trasladada por el portavoz del Ejecutivo y consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, quien defendió que la explosión de grisú se produjo "en el marco de una actividad ilegal desarrollada por la empresa Blue Solving" y aseguró que "ni la propuesta de dictamen ni el informe de la Inspección General de Servicios establecen una relación de causa y efecto entre las decisiones administrativas y el accidente".

No obstante, fuentes de Izquierda Unida recalcaron que "esa es la opinión del socio mayoritario del Gobierno", en referencia al PSOE. De hecho, el coordinador de IU y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, ya señaló este domingo que veía "claras" las responsabilidades políticas de los exconsejeros.

El Gobierno autonómico reafirmó además su compromiso con el esclarecimiento de lo sucedido, una voluntad que, según subrayó, expresó “desde el primer minuto” el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien estos días se encuentra en viaje institucional en México. Entre las actuaciones impulsadas tras el siniestro, el Peláez destacó el encargo de informe de la Inspección General de Servicios, elaborado por iniciativa del propio presidente, así como la asunción de todas sus recomendaciones y el anuncio de nuevas medidas, entre ellas la puesta en marcha del Servicio de Seguridad Minera.

Una explotación sin autorización

El Ejecutivo insistie en que el accidente se registró en "una explotación ilegal de carbón" y remarcó que la actividad que desarrollaba la empresa "no estaba amparada por ningún permiso administrativo ni por proyecto de investigación alguno". A juicio del Gobierno, ese extremo sitúa la responsabilidad directa del siniestro en la compañía, a la espera de lo que determine la investigación judicial abierta.

En este contexto, Peláez recordó que el juzgado encargado del caso ha sido reforzado con más personal para facilitar la instrucción y depurar las posibles responsabilidades penales en que se hubiera podido incurrir.

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