Las familias de los fallecidos en Cerredo respaldan la propuesta de que el Principado adelante indemnizaciones, medida que el PSOE ve "muy cuestionable"
La representante legal de las familias, Beatriz Llamas, recalca que esa decisión "no alteraría la instrucción judicial ni supone reconocer ninguna culpa, sino que puede entenderse por razones sociales o políticas"

Agentes de la Guardia Civil acceden al interior de la planta tercera de la mina de Cerredo tras el accidente. / Demelsa Álvarez / LNE

Las familias de los mineros fallecidos en Cerredo en el accidente del pasado marzo respaldan la propuesta de que el Principado adelante indemnizaciones, con cargo a las que determinen judicialmente. Esta iniciativa está sugerida en el borrador de dictamen de la comisión de investigación parlamentaria sobre el "caso Cerredo", elaborado por la diputada Covadonga Tomé.
La abogada de las familias, la leonesa Beatriz Llamas, consideró que esta medida podría ayudar a mejorar la situación de algunas familias, algunas de las cuales atraviesan también consecuencias económicas tras la pérdida de ingresos. “Nunca suplirá la pérdida de sus familiares, pero si se reconoce ese adelanto de indemnización puede aliviarlas", indicó la letrada.
Llamas ha recalcado que ese eveentual pago no tiene consecuencias jurídicas: "No cambia las imputaciones ni los delitos", de modo que la instrucción pena continuaría su curso, aunque se pago se descuente de la indemnización final.
Las familias han iniciado una reclamación de responsabilidad patrimonial al Principado como precaución en caso de que los responsables del accidente no pudiesen hacer frente a las indemnizaciones. Llamas recalcó que abonar ese anticipo "no equivale a un reconocimiento de culpa”, sino que puede encontrar amparo “en razones sociales, o políticas”.
Dolores Carcedo, portavoz del PSOE, consideró "muy cuestionable" la propuesta de adelantar indemnizaciones a las familias mientras no exista antes “una sentencia” o “un pronunciamiento judicial al respecto”. La portavoz socialista enmarcó esa reserva en su crítica general al borrador del dictamen y sostuvo que una recomendación de ese tipo exige una base mucho más sólida, del mismo modo que rechazó que la comisión vaya más allá de su ámbito al fijar determinadas responsabilidades.
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