Los socialistas cierran filas: Adriana Lastra carga contra el borrador de la Comisión sobre el "caso Cerredo" y lo tilda de "dislate jurídico" y "relato interesado"

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, considera "un dislate jurídico" el contenido del borrador en el que se establecen las conclusiones de la comisión de investigación de la Junta sobre el "Caso Cerredo", activada a raíz de la tragedia de Degaña en la que fallecieron cinco trabajadores. Preguntada por el documento, que se conoció este martes, en el que se indica que cargos públicos como Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí, Enrique Fernández e Isaac Pola fallaron en el control minero, Lastra no ahorró calificativos en su valoración al respecto.

"Cualquiera que conozca, haya visto o haya leído otros informes, otros dictámenes de comisiones de investigación, puede comprobarlo que es un dislate jurídico. Porque entre otras cosas ni la Inspección General de Servicios, ni la Comisión de Investigación a lo largo de todas las semanas de comparecencias, ni la propia investigación judicial, que recuerdo que está en marcha y cuyo único investigado es en este caso la empresa, ha acreditado una relación causa-efecto entre la Administración y el accidente de Cerredo", dijo la delegada del Gobierno durante su visita este miércoles al Centro de Regulación de la Circulación ferroviaria de El Berrón, en Siero.

Añadió que no se acredita esa relación "por una cuestión muy simple, y es que el accidente se produce en el ámbito de una empresa privada que desarrolla una actividad clandestina". "Clandestina es sin ninguna autorización de la Administración, es decir, al margen de la ley, y ahí está el origen de todo. Por lo tanto, no se puede inferir una cosa de la otra, no se puede inferir que la Administración sea responsable del accidente de Cerredo y lo demás es forzar la realidad. Por eso, atribuir la responsabilidad personal o política en este caso no solamente es un error, sino que además es una construcción interesada", aseveró.

La comodidad y la verdad

Lastra incidió en que a "quien se está investigando es a la empresa" y en que "se trata de un dislate jurídico" que los letrados del parlamento no habían visto previamente. "Creo que lo mostró a los medios de comunicación al mismo tiempo que a los letrados", dijo Lastra, en alusión a la diputada Covadonga Tomé, a la que no mencionó expresamente.

Considera la delegada del Gobierno en Asturias que el contenido del documento "es un relato construido para dañar al gobierno". "Yo personalmente le tengo la más mínima duda. Relacionar a siete personas, cuatro altos cargos, tres funcionarios, tres técnicos, con un accidente que se produce, y vuelvo a reiterar, en una empresa privada que nada tiene que ver con la Administración, que está desarrollando una actividad ilegal al margen de la ley, y en condiciones laborales, como se ha publicado que dejaban bastante que desear... ¿Qué tiene que ver la Administración...", indicó Lastra.

Contacto con Barbón

Fue "más allá" al señalar que "para el presidente del Principado (Adrián Barbón) sería probablemente muy sencillo asumir este relato para protegerse, y no lo hace". "Y no lo hace porque la comodidad nunca puede estar por encima de la verdad. Porque además un liderazgo no consiste en elegir lo cómodo, sino en elegir lo justo. Y eso es lo que está haciendo el presidente del Principado", subrayó Lastra, que confirmó que ha podido hablar ya con Barbón, de viaje en México.

Lastra defendió que al respecto del informe "se ha pronunciado la Federación Socialista Asturiana, que él dirige", además del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

Las conclusiones del informe provisional señalan que hubo antecedentes y alertas sobre el funcionamiento de la explotación; y cita expresamente la entrevista publicada por LA NUEVA ESPAÑA con el superviviente del accidente previo, ocurrido en 2022. También refiere las advertencias de la guardería de Medio Natural. "Los indicios de actividad ilegal eran perceptibles para cualquier observador diligente", señala el documento.

Pero, al margen del relato de fallos y deficiencias en la Administración, la parte que ha desencadenado la tormenta política que ya venía gestándose fue el apartado en el que el texto señala "responsabilidades personales" y enumera a los tres exconsejeros Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández. También al exviceconsejero Isaac Pola, y a tres funcionarios: dos del servicio de minas y uno de los servicios jurídico.

El Gobierno de Barbón y la FSA han cerrado filas, negando responsabilidades personales. Y Adriana Lastra ha apuntalado este miércoles esa misma estrategia.

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