Asturias pedirá a Bruselas que "agilice al máximo" el expediente contra el peaje del Huerna: "Si se prolonga hasta 2050, habremos pagado ocho veces el valor de la autopista"

El Gobierno del Principado (PSOE e IU) se dirigirá “formalmente” a la Comisión Europea para pedirle que “agilice al máximo” el expediente abierto sobre el peaje de la autopista del Huerna (AP-66). Bruselas considera irregular la concesión hasta 2050 y mantiene un procedimiento sancionador contra España que podría acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El Ejecutivo autonómico basa su estrategia en esa posición europea y, en paralelo, llevará también la concesión ante el Tribunal Supremo. “Pediremos a la Comisión que acelere el expediente y que se convierta cuanto antes en una demanda ante el TJUE”, aseguró el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo. Según explicó, esta vía permitiría acortar plazos: el Supremo puede tardar entre uno y cuatro años en dictar sentencia, mientras que en el TJUE los tiempos podrían situarse entre diez y quince meses para declarar la ilegalidad de la prórroga.

Calvo realizó estas declaraciones tras la reunión de la Alianza por las Infraestructuras, que reúne a Gobierno, partidos, empresarios, sindicatos y asociaciones. La decisión de dirigirse a Bruselas, subrayó, se adoptó por unanimidad.

El Principado prevé presentar el recurso ante el Supremo en dos meses. “Ir al Supremo es el nivel más alto de nuestra jurisdicción y requiere un trabajo jurídico sólido, que ya tenemos preparado”, señaló el consejero, quien destacó que ambas vías —la europea y la nacional— están destinadas a encontrarse.

En este sentido, explicó que si la prórroga se declara ilegal en la UE, es probable que el Supremo derive el caso al TJUE, lo que aceleraría el proceso. Y, a la inversa, si el tribunal europeo dicta sentencia, el Supremo deberá adaptarla cuanto antes al ordenamiento español. Calvo recordó precedentes como el del peaje de Italia, donde pasaron casi dos años desde el fallo europeo hasta su aplicación.

Durante la reunión, el Consejero expuso también un análisis económico del Principado: desde 2021, cuando se abrió el expediente en Europa, los usuarios han pagado más de 218 millones de euros por una infraestructura cuyo valor aproximado ronda los 280 millones, según dijo.

“En estos años prácticamente se ha vuelto a pagar la autopista. Si la situación se prolonga hasta 2050, se habría pagado ocho veces”, advirtió.

Calvo criticó además la respuesta del Ministerio al recurso planteado: “No es responsable escudarse en la extemporaneidad en una cuestión que ya está jurídicamente resuelta. La propia Comisión Europea ha señalado que no cabe esa justificación”. A su juicio, el Ejecutivo central debería haber entrado en el fondo del asunto, remitir el expediente al Consejo de Estado y proceder a una revisión de oficio.

El Consejero también se refirió a la situación actual de la autopista, marcada por obras que dificultan la circulación mientras se mantiene el peaje íntegro (16,20 euros). En este contexto, la Dirección General de Consumo, que se engloba en la Consejería de Ordenación del Territorio, ha abierto un expediente contra Aucalsa, la concesionaria, y la Unión de Consumidores ha presentado una denuncia por estafa. Daniel Ripa, ex diputado de Podemos, también tiene una denuncia en marcha en Fiscalía por las obras. Durante la reunión, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, dio cuenta de las acciones que está llevando a cabo la citada Dirección General.

Apoyo político y empresarial

Las decisiones del Principado contaron con respaldo en la reunión. “Apoyamos tanto la petición a Europa como el recurso ante el Supremo”, señaló Pedro de Rueda (PP), aunque criticó que el proceso judicial podría haberse evitado si el Gobierno de Adrián Barbón “tuviese más peso en el Ejecutivo de España”.

“Lo importante que debe quedar claro a los asturianos es que si la autopista del Huerna estuviera en Cataluña, hoy no estaríamos hablando de esto. Los asturianos ya no estaríamos pagando ningún peaje”, opinó Javier Jové (Vox).

"Celebramos que se estén poniendo todos los recursos disponibles para acabar con esta injusta situación", indicó Delia Campomanes (IU). Por su parte, Covadonga Tomé, del grupo mixto, resumió la postura con un “más vale tarde que nunca”.

“No parece que tenga mucho sentido que se anuncie por parte del Gobierno en solitario que se va a presentar un recurso contra el peaje del Huerna y luego, posteriormente, se pida el apoyo de la Alianza”, destacó Adrián Pumares (Foro), que no pudo acudir a la Alianza.

Desde el ámbito empresarial, el director general de FADE, Alberto González, respaldó también la vía judicial: “Es la única solución posible”. La patronal, además, mantiene su propio recurso y acudirá igualmente al Supremo.

"Apoyamos las decisiones del Gobierno de Asturias pero insistimos en que el presidente Barbon se dirija al presidente Sánchez para que se constituya lo antes posible la comisión bilateral entre el Gobierno de Asturias y de España de cara a abordar la agenda de las infraestructuras pendientes", apuntaron desde la Cámara de Comercio de Oviedo.

"Entendemos que este (la peticion a Europa) es un paso más necesario en esa dirección, manteniendo así la unidad de acción", aseguró Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Gijón.

Entre los asistentes a la reunión se encontraban los secretarios generales de CCOO y UGT. José Manuel Zapico (CCOO) insistió en que el peaje es "injusto" e "ilegal", además de un "agravio" con otras comunidades autónomas.

Javier Fernández Lanero (UGT) ve "inexplicable" que el Ministerio de Transporte tenga la "necedad" de no querer siquiera revisar lo que está ocurriendo. "Estamos perplejos", destacó.

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