Duro Felguera intentará hoy y mañana convencer al juez de que avale su plan para evitar la quiebra

Frases como que "Duro Felguera afronta la hora de la verdad" o "Duro Felguera encara un momento clave para su salvación" se han pronunciado demasiadas veces a lo largo de la última década. Una década en la que la centenaria empresa asturiana de ingeniería y bienes de equipo ha atravesado, en efecto, dificultades que la han situado al filo de abismo, con rescates públicos, despidos, cambios en la dirección, ligitios en tribunales españoles y extranjeros y, en el último año, un agónico proceso para aprobar el plan de reestructuración con el que los accionistas de control de la compañía –los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México– quieren abrir definitivamente un nuevo capítulo que despeje todas las incertidumbres.

Que ese capítulo se convierta o no en realidad es algo que ahora depende del sotrondino Rafael Abril Manso, juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Oviedo, con sede de en Gijón. Allí tendrá lugar hoy y mañana la vista oral en la que Abril escuchará los argumentos de la empresa para que se homologue judicialmente su reestructuración. El propio presidente de Duro, el mexicano Eduardo Espinosa, acudirá hoy a los juzgados gijoneses. A la vista también asistirá como testigo el anterior CEO, el gijonés Jaime Argüelles, que dejó el cargo en 2024.

Si el magistrado da su consentimiento, Duro ya no tendrá más obstáculos para ejecutar un plan que incluye medidas como la reducción de la plantilla a la mitad, hasta los 500 trabajadores; la reorganización de su estructura corporativa, incluyendo la venta y el cierre de filiales; una inyección de 10 millones de euros por parte de Prodi; quitas de hasta el 100% en la mayoría de préstamos y la relajación de las condiciones de devolución del rescate de 120 millones que realizó en 2021 la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

No obstante, Abril también atenderá las reclamaciones de nueve empresas españolas y extranjeras acreedoras de Duro que impugnan el plan. Todas ellas suman una deuda de alrededor de 60 millones de euros.

Entre los reclamantes no figura el Gobierno de Asturias, que hace cinco años prestó 6 millones a la compañía a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), mercantil dependiente del Principado. En contra de lo que sostenía anteriormente, cuando aseguraba que exigiría a Duro la devolución del dinero, el Ejecutivo ha modificado su discurso y ahora argumenta que el crédito, al provenir de la SRP, es de "naturaleza privada" y puede someterse a una quita total.

Salida a Bolsa de TSK

Por otro lado, otra destacada empresa asturiana del sector, TSK, tiene previsto debutar en la Bolsa española "a mediados de mayo", según precisó ayer a este periódico el presidente de la compañía, Sabino García Vallina, que participó en una jornada de directivos de la región en el hotel Las Caldas de Oviedo.

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