Giro en el caso de la estafa de la gestión subrogada: la familia asturiana (y otras 14) que soñaban con ser padres y acabaron en los juzgados

Lo que empezó como un proyecto de vida para formar una familia acabó convirtiéndose en una pesadilla para decenas de familias, entre ellas una asturiana. Varias parejas (la mayoría homosexuales o monoparentales) confiaron en una agencia de Madrid especializada en gestación subrogada. Pagaron grandes cantidades de dinero, viajaron al extranjero y entregaron su material genético con la esperanza de tener un hijo. Pero, según denuncian, se encontraron con retrasos, falta de información y procesos que nunca llegaron a buen término.

El caso lo destapó hace siete meses LA NUEVA ESPAÑA, a raíz del testimonio de un matrimonio asturiano. Desde entonces han ido apareciendo más afectados hasta sumar al menos 25 denunciantes (15 unidades familiares) que hablan de una posible estafa a gran escala.

La investigación sigue en un juzgado de Madrid. El pasado 14 de abril declararon los responsables de la agencia y, tras escuchar su versión, el juez ha dado un paso importante, aunque sin tomar aún una decisión definitiva: ha pedido a la Fiscalía que analice el caso y diga si ve indicios de delito. Es decir, el procedimiento sigue abierto y ahora queda en manos del fiscal que siga abierto.

Las familias (que ven "clara la intencionalidad de engaño"), no han tardado en responder. Su abogado sostiene que la versión de la empresa no se ajusta a la realidad y que, de hecho, los propios documentos presentados por la defensa les perjudican. El punto clave, según los denunciantes, es cómo se vendía el servicio: aseguran que la agencia no ofrecía solo gestiones, sino que hacía creer a los clientes que tendrían un hijo, algo que luego no se cumplía. De hecho, una de las pruebas presentadas es el anuncio de la entidad en el que explican los "servicios incluidos" en el paquete "Vip": "Intentos ilimitados con óvulos de donante hasta el nacimiento del bebé durante 2,5 años desde la primera transferencia de embriones".

También cuestionan que pudieran elegir libremente el país (como aseguraron los responsables de la empresa en su declaración), ya que, según afirman, todos acababan siendo enviados a México, incluso quienes habían optado por Estados Unidos. A su juicio, esto demuestra que todo formaba parte de un sistema cerrado.

Además, sostienen que la empresa sabía que había problemas en el proceso (retrasos, fallos en la clínica) y que aun así siguió captando clientes. Para reforzar esta idea, aseguran que los documentos del propio caso apuntan a una relación económica entre la agencia y la clínica y a que todos los procesos terminaban en el mismo lugar.

Por todo ello, han pedido al juez que se investigue más a fondo el dinero (movimientos bancarios y transferencias internacionales) y que se imponga una fianza de 100.000 euros a los investigados.

De momento, el caso sigue en una fase inicial. Todo depende ahora de lo que diga la Fiscalía. Mientras tanto, las familias siguen esperando respuestas: qué pasó con el dinero, con los procesos que contrataron y con el material genético que entregaron en su camino hacia la paternidad.

Suscríbete para seguir leyendo