El abogado apuñalado en Oviedo asegura no recordar nada y tuvo que aceptar un caso "de riesgo" por "unos 500 euros": "¿En que situación tendría que estar?"

El abogado apuñalado el pasado miércoles en su despacho de la avenida de Colón, en Oviedo, no recuerda lo ocurrido. Fausto Suárez, de 69 años, fue encontrado en su oficina herido por arma blanca y "perdiendo mucha sangre", según el relato de la persona que avisó al 112 pasadas las 11.00 horas de la mañana. Suárez había salido de su casa y debía acudir a la Audiencia Provincial, donde esa mañana empezaba el juicio contra la red del narco Carlos García Morán, "Matador". Ejercía la defensa de la expareja de "Matador", también procesada. No llegó y fue necesaria la intervención de la policía judicial, que, tras corroborar con su esposa que el letrado había abandonado el domicilio, acudió a su despacho, donde lo encontraron malherido y con una ambulancia de camino.

Esa gran hemorragia fue la que hizo que ingresase en la UCI del HUCA en estado grave. Una situación que en las últimas horas parce haber mejorado tras varias transfusiones de sangre. Suárez, que no llegó a perder el conocimiento tras el suceso, ha comentado que "no recuerda nada" de lo ocurrido en su despacho. El hombre ya come por su cuenta y podría bajar a planta en las próximas horas. La Policía Nacional mantiene todas las líneas de investigación abiertas. Incluida la teoría de la autolesión, un extremo que no se terminan de creer en su entorno.

Concentración contra el ataque

Abogados de todo el país se han concentrado este jueves ante distintas sedes judiciales para "dignificar la profesión". Se trata, principalmente, de letrados del turno de oficio, un colectivo que se siente "desamparado" y "poco valorado". Según explicó una de las abogadas presentes, el compañero afectado "se vio obligado a hacerse cargo de un procedimiento especialmente complejo, con miles de folios y cierto nivel de riesgo personal". Motivo por el que había solicitado ayuda al decano del Colegio, Antonio González-Busto, tan solo dos días antes de empezar el juicio.

Como ocurre con todos los profesionales adscritos al turno de oficio, no pudo rechazar el caso, ya que la normativa solo contempla excepciones muy limitadas para eludir estas designaciones. Esta obligatoriedad, denunció la letrada Fernanda Castaño, coloca a los abogados en "situaciones de gran presión", especialmente cuando se trata de asuntos delicados o potencialmente peligrosos. "¿En que situación tendría que estar para llegar a ese extremo?", se preguntó.

A esta circunstancia se suma una retribución que consideran claramente insuficiente. Por el caso mencionado, el letrado percibiría "como mucho 500 euros", una cantidad que, según explicaron, apenas cubre la intervención en sala y no contempla el tiempo necesario para estudiar el expediente, preparar la defensa o asumir la carga emocional del proceso. "Por estudiarte el caso nadie te paga", lamentó Castaño, evidenciando el desequilibrio entre trabajo y compensación.

Otro de los aspectos más criticados por los compañeros del herido fue la falta de cobertura social. Muchos de estos profesionales pertenecen a la mutualidad de la abogacía en lugar de al sistema público de seguridad social, una decisión que en su momento fue obligatoria para buena parte del colectivo. Hoy, esa circunstancia se traduce en pensiones muy reducidas, que en algunos casos apenas alcanzan los 600 euros mensuales. Esta situación obliga a numerosos letrados a continuar trabajando a edades avanzadas, incluso más allá de los 70 años, en un contexto profesional cada vez más exigente. Fuasto Suárez tiene 69 años.

El incidente que motivó la concentración (cuyas causas aún no han sido esclarecidas) ha servido como detonante para visibilizar una problemática que, según los convocantes, lleva años enquistada. Aunque pidieron prudencia a la hora de valorar lo sucedido, insistieron en que "el contexto laboral y personal en el que se encuentran muchos profesionales puede derivar en situaciones límite". Durante la protesta, los abogados reclamaron mejoras urgentes en sus condiciones, incluyendo una retribución digna, mayor reconocimiento institucional y una cobertura social equiparable a la de otros trabajadores.

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