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Duro Felguera fía su salvación a su proyecto para una planta de fertilizantes en México: "Si no sale, se romperá la caja"

"No podemos ofertar en el mercado en plena reestructuración", admite al juez el presidente de la compañía, que ya ha reducido su plantilla a 600 trabajadores

Eduardo Espinosa, ayer, en la sala del Juzgado de lo Mercantil número 3, en Gijón.

Eduardo Espinosa, ayer, en la sala del Juzgado de lo Mercantil número 3, en Gijón. / Marcos León

Yago González

Yago González

Gijón

Duro Felguera fía su salvación a un proyecto de 400 millones de euros para construir una fábrica de fertilizantes para la petrolera estatal mexicana Pemex, en el estado de Veracruz del país americano. El presidente ejecutivo de Duro, el mexicano Eduardo Espinosa, lo expresó así ayer ante el juez Rafael Abril, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón, durante la primera jornada de la vista oral en la que la centenaria empresa asturiana defendió el plan de reestructuración con el que quiere evitar la quiebra. Un plan que ha sido impugnado por nueve acreedores, representados también en la audiencia que concluirá hoy. El juez decidirá en las próximas semanas a quién da la razón.

Espinosa se sometió a las preguntas de ambas partes para exponer la estrategia de reordenación de la compañía, que incluye, entre otras medidas, quitas del 100% a la mayoría de las deudas. El plan también remarca las oportunidades de negocio que ofrece México, país de los accionistas de control de la empresa, Prodi y Mota-Engil México. Pero Espinosa, ante el magistrado, destacó explícitamente el proyecto de la planta de fertilizantes (denominado técnicamente "Escolín") como condición indispensable para la viabilidad de la firma asturiana.

Uno de los letrados de la parte acreedora, Blas Piñar, representante del proyecto minero de la canadiense Aya Gold & Silver en Zgounder (Marruecos), preguntó a Espinosa si, en caso de que el proyecto de "Escolín" no siguiese adelante, "se rompería la caja" de Duro. "Sí, se rompería la caja", admitió el directivo mexicano.

En concreto, a lo que Duro se aferra es a completar la segunda fase del proyecto, ya que la primera, consistente en trabajos de ingeniería, ya se ha ejecutado. Lo que ahora toca es la propia construcción de la factoría, cuya duración se estima en 42 meses. En realidad, Duro no ha firmado aún ningún contrato sobre esta fase del proyecto: lo que hay es una carta de intenciones firmada en enero junto a Mota-Engil México, que es en puridad la adjudicataria.

Desde Duro también esgrimieron ayer como fortaleza otra obra en México contratada por Mota-Engil: una central de ciclo combinado en Tula, en el estado de Hidalgo. Según fuentes de la compañía asturiana, "el proyecto tiene una valoración global de unos 1.200 millones de euros, de los que unos 400 millones serían para Duro". Las fuentes precisaron que los trabajos de ingeniería en Tula se iniciaron hace "varios meses".

Mercado vetado

Espinosa admitió que la reorganización que quiere abordar la empresa está limitando su actividad comercial: "Nosotros no podemos ofertar, no podemos salir al mercado. Es complicado hacerlo cuando estás en plena reestructuración".

A pesar de que, en teoría, esa reordenación está pendiente de la homologación del juez, la compañía ya ha dado algunos pasos. Así, Espinosa señaló que actualmente la plantilla de la empresa ronda los 600 empleados. Esto supone acercarse a los 500 a los que apunta el plan, la mitad de los que tenía la compañía hace unos meses.

Fuentes de la compañía indicaron que esta reducción se ha debido principalmente a la subrogación de trabajadores que participaban en proyectos ya finalizados, así como al expediente de regulación de empleo (ERE) previsto para 180 profesionales y ya consumado en casi su totalidad.

El presidente también indicó que, de los 10 millones de euros de aportación de capital que contempla hacer Prodi, ya se ha inyectado un millón. También desveló que, tras el desembarco de los grupos mexicanos en 2024, hubo intentos para que más inversores entraran en el capital de Duro. Pero no hubo éxito: "Se hizo una búsqueda de inversores y ninguno apareció".

El ejecutivo se mostró "convencido" de que la reestructuración "aborda definitivamente los desafios históricos de la empresa".

Hoy se celebrará la segunda jornada de la vista, en la que se prevén las periciales. Se desconoce si comparecerá el anterior CEO de Duro, Jaime Argüelles, que estaba convocado para la audiencia de ayer y que no asistió.

La empresa asegura que pidió a la SEPI que tomara el control y esta lo niega

La primera jornada de la vista oral del juicio sobre el plan de reestructuración de Duro Felguera arrojó una fuerte contradicción en los testimonios los convocados por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón.

El presidente de Duro, Eduardo Espinosa, afirmó ante el juez que la compañía solicitó a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que convirtieran en capital los 120 millones de euros que el organismo público inyectó en la empresa en 2021, lo cual habría otorgado al Estado español el control de la compañía asturiana. Durante el largo proceso de negociación del plan de reestructuración de Duro, que duró un año hasta su aprobación por la junta de accionistas el pasado octubre, los accionistas principales (los grupos mexicanos Prodi y Mota-Engil México) esgrimieron en numerosas ocasiones la importancia de que la SEPI se convirtiera en el principal accionista.

"Propusimos a la SEPI que capitalizara el préstamo", dclaró textualmente Espinosa al abogado Óscar Franco, representante de General Electric, uno de los nueve acreedores que han impugnado la estrategia de reordenación de Duro.

Las palabras de Espinosa chocaron frontalmente con el testimonio que unos minutos después ofreció César Hernández, uno de los dos representantes de la SEPI en el consejo de administración de Duro. También a preguntas del mismo letrado, Hernández negó que la dirección de la empresa asturiana solicitara a la SEPI la conversión en capital de los citados 120 millones. "Duro Felguera no nos pidió que capitalizáramos el préstamo", aseguró Hernández. El representante legal de General Electric destacó la contradicción: "El señor Espinosa nos acaba de decir lo contrario".

Tras Hernández, compareció María Jesús Álvarez, que ejerció como representante de la SEPI en el consejo de Duro entre junio de 2021 y junio de 2025, cuando se jubiló. Álvarez señaló que, durante los cuatro años en el que desempeñó su cargo, tampoco se planteó a la SEPI la capitalización. "Podría haberse hecho, pero nunca se planteó", afirmó la ex consejera de la SEPI.

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