La ley LGTBI de Asturias pone en riesgo a los adolescentes permitiendo hormonar a menores de 16 años, advierten siete colectivos feministas
El proyecto de ley LGTBI de Asturias permite a los menores 16 años acceder a tratamientos hormonales para modificar su apariencia sexual
Las feministas lamentan que la ley trans asturiana ignore las investigaciones que, en los últimos años, han llevado a países como Suecia, Finlandia y Reino Unido, a prohibir la administración de estos tratamientos a menores
La norma impone sanciones a los sanitarios y no les permite la objeción de conciencia
Controversia por la ley LGTBI de Asturias. / Europa Press
El proyecto de ley LGTBI de Asturias permite a los menores 16 años acceder a tratamientos hormonales para modificar su apariencia sexual, han subrayado este viernes las asociaciones feministas de la región que comparecerán en la Junta General para dar su opinión sobre la norma que impulsa la Consejería de Ordenación del Territorio, dirigida por IU.
Según el artículo 53, podrán acceder a bloqueadores hormonales los menores de 16 años “desde la pubertad” y, después, a tratamientos hormonales de reafirmación para “propiciar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios deseados”.
A partir de los 16 años, los adolescentes tienen capacidad de decidir de manera autónoma. Los menores de 16 deberán contar con el consentimiento de sus familias.
“A pesar de que las investigaciones evidencian la relación de estos tratamientos con patologías cardiovasculares, hipertensión, cáncer, osteoporosis e infertilidad, el proyecto de ley no impide que un menor tenga acceso a los mismos”, alertan en un comunicado público siete organizaciones que se oponen a los actuales términos de la futura Ley LGTBI: Asfemas (Asamblea de Feministas Asturianas), Asociación Sara Suárez Solís, Femes (Feministas Socialistas), Foro de Mujeres del Llano, Fórum de Politica Feminista de Asturias, Rapiegas Radfem y Tertulia Feminista Les Comadres.
En la nota de prensa, la misma fuente señala que el texto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 9 de marzo “tampoco contempla protocolos de reversibilidad para el caso de que los menores renuncien al proceso de cambio de sexo”.
Sin derecho a la objeción de conciencia
Al igual que sucede en el ámbito educativo, “la negativa de un profesional sanitario a realizar un procedimiento de cambio de sexo puede derivar en expedientes disciplinarios”, alertan los colectivos de mujeres progresistas. Y añaden: “El proyecto de ley no reconoce derecho a la objeción de conciencia, en el caso de que su criterio médico no coincida con las decisiones del menor”.
Las asociaciones feministas, que en el mes de mayo comparecerán en la Junta General del Principado para dar su opinión sobre el proyecto de ley, exigirán “que se tengan en cuenta las restricciones que diversos países han introducido en el tratamiento hormonal de menores”.
A continuación, enumeran algunas de ellas:
- El Servicio de Salud inglés decidió, en 2023, no seguir administrando bloqueadores de la pubertad a menores de edad.
- En 2022, los gobiernos de Suecia y Finlandia decidieron poner fin al tratamiento médico de menores para cambiar su apariencia sexual. Y este último país ha prohibido el tratamiento hormonal hasta los 25 años de edad.
- Francia, que no prohíbe la hormonación de menores, ha impuesto una ventana de dos años antes de acceder a los tratamientos, tiempo que debe transcurrir desde que el menor solicita el cambio de sexo por primera vez. Solo esa medida reduce en un 60% las decisiones de cambio de identidad sexual.
- Estados Unidos, un país con amplio recorrido en este ámbito, ha registrado un descenso en el número de jóvenes que se declaran transgénero, desde 2021-22, “lo que apuntaría hacia la existencia de un proceso de contagio social en las decisiones de una parte de los jóvenes trans”, argumentan las organizaciones feministas. En febrero de este mismo año, la Asociación Americana de Cirugía Plástica ha informado que no deben realizarse intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo hasta los 19 años de edad. “Han influido en ello, con seguridad, las primeras sentencias condenatorias por mala praxis médica que han llegado a imponer una indemnización de dos millones de euros al equipo médico formado por psicólogo y cirujano que ha practicado una doble mastectomía a una menor”, precisan los citados colectivos.
Las siete entidades de mujeres progresistas lamentan el hecho de que, a pesar todas estas experiencias previas, el proyecto de ley LGTBI del Ejecutivo asturiano opte por “arrinconar el criterio de los profesionales del Sistema de Salud”, en tanto que el consejo médico “se sustituye por una función de mero acompañamiento en los procesos de transición de sexo”.
Los colectivos firmantes del comunicado público anuncian que “exigirán que el legislativo no mire hacia otro lado” y que “no legisle exclusivamente desde una visión ideológica, porque lo que está en juego es la salud de los menores”.
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