El Principado anuncia ahora ayudas para las familias de Cerredo, para las que no veía "encaje legal": crearán una línea para víctimas de accidentes

Tras la presión política y social por el rechazo inicial del Gobierno asturiano socialista a adelantar indemnizaciones a las familias del accidente de Cerredo, el portavoz del Ejecutivo y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, anunció esta tarde que crearán una línea de ayudas autonómicas para víctimas de siniestralidad laboral, que, “por supuesto”, abarcará a la tragedia minera. La propuesta deberá pasar por Consejo de Gobierno, algo que esperan pueda producirse "con la mayor celeridad".

“El Gobierno está actuando con rigor y con prudencia. Hemos estudiado las posibilidades reales para hacer un acompañamiento desde ya a las familias de las víctimas y hemos encontrado lo que, para nosotros, además, responde a una prioridad como es la siniestralidad laboral”, detalló Peláez. El consejero explicó que "combatir la siniestralidad laboral es un objetivo del Gobierno desde el inicio de la legislatura. Lo hemos puesto de manifiesto en varias ocasiones, estamos aplicando un plan estructural para reducir los accidentes y hemos propuesto un gran pacto de Estado en torno a esta cuestión".

Fuentes del gobierno alejan, sin embargo, este movimiento de una rectificación y alegan que esta línea de ayudas es algo en lo que llevan "trabajando tiempo" para darle "encaje jurídico" a la prestación de apoyo económico a familiares de los fallecidos en la tragedia minera de Degaña y a otras víctimas de accidentes laborales. Hasta ahora, se habían negado a afrontar el adelanto de indemnizaciones sugerido por el borrador del dictamen de la comisión parlamentaria de investigación argumentando precisamente que no tenía "encaje legal".

Esta línea de ayudas ahora anunciada, incidió Peláez, va más allá del accidente de Cerredo, porque abarcará todo tipo de accidentes laborales. Además, “serán absolutamente compatibles con las indemnizaciones que por responsabilidad civil o patrimonial puedan reconocerse en el ámbito jurídico y administrativo”. Y también con las cantidades percibidas por conceptos de seguro de vida tanto individuales como colectivos. De esta forma, las familias no tendrán que devolver ningún pago cuando se solucione la reclamación patrimonial que hace un mes iniciaron frente al Principado. Algo que sí tendría que ocurrir de seguir el planteamiento recogido en el borrador del dictamen parlamentario.

“La solidaridad y la sensibilidad con las víctimas se demuestran con medidas serias, rigurosas, que puedan ser aplicadas con rapidez y que den seguridad jurídica a las familias. Absolutamente, nadie nos va a dar lecciones”, sentenció Peláez.

El consejero mostró una vez más el respeto a las familias e incidió que esta solidaridad se debe demostrar "desde el respeto", el cual pasa por "no jugar con las legítimas expectativas de las familias" a través de "soluciones legales endebles que puedan generar mayor incertidumbre".

En este sentido, Peláez explicó que el gobierno de coalición progresista ha estado trabajando "bajo consenso" de ofrecer "acompañamiento necesario a las víctimas desde ya, con rigor y con prudencia". Sin embargo, la oposición "ha presentado la prudencia como falta de solidaridad. Y resultan intolerables los insultos de los últimos días para obtener rédito político".

El movimiento llega después de que todos los partidos, incluido sus socios minoritarios de gobierno, IU, criticasen con dureza la negativa de los socialistas a afrontar estas indemnizaciones por adelantado. Hasta ahora, esta negativa había formado parte de la estrategia de respuesta de la FSA a la crisis minera, junto con la oposición frontal a la asunción de responsabilidades políticas por parte de los exconsejeros de Industria señalados.

Tomé plantea una ley específica

Este anuncio del Gobierno asturiano fue celebrado por la diputada y presidenta de la comisión de investigación parlamentaria, Covadonga Tomé. "Evidentemente, tenían que cambiar de rumbo. Era absolutamente inaudito que hubiera esa obcecación por parte del PSOE con no adelantar las ayudas a las familias", valoró.

No obstante, la diputada sigue planteando el adelanto de las indemnizaciones y ha presentado al Gobierno una proposición de ley que beneficiaría a las familias de los fallecidos en 2022 y 2025. En la exposición de motivos se señala que "la indemnización que la empresa u otras entidades responsables hayan de satisfacer en concepto de responsabilidad civil, al depender de una declaración judicial, tarda años en ser declarada y efectivamente percibida por las víctimas y sus familias".

La intención de Tomé es que esta proposición de ley, que es la "herramienta necesaria para poder articular esas ayudas", se haga a lectura única para darle más agilidad.

Indemnizaciones y ayudas aparte, Tomé recordó al Ejecutivo de Barbón que esto no les exime de "la asunción de responsabilidades políticas" y defendió que el borrador de dictamen fue elabora por "un equipo independiente de juristas e ingenieros en minas", y que en el mismo se identificó a varias personas con responsabilidad.

Defensa de los funcionarios

Por su parte, el director general de Energía y Minería, Javier Cueli, mostró su desacuerdo con el borrador del dictamen sobre el accidente de la mina de Cerredo, en el que murieron cinco personas, por el señalamiento que hace de los funcionarios de la Consejería de Industria.

"Desde la Dirección General de Energía y Minería no podemos estar de acuerdo con las valoraciones que realiza el documento respecto a la actuación de los funcionarios", dijo, antes de añadir que" el dictamen no tiene ninguna base objetiva para realizar ese tipo de consideraciones".

Cueli expresó su respaldo a los empleados públicos mencionados, afirmando que desde su dirección no pueden más que mostrar el desacuerdo y el apoyo a los funcionarios.

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