Los profesores asturianos no quieren ser directores: 4 de cada 10 centros tendrán que recurrir a nombramientos extraordinarios al no tener candidatos

La falta de profesores dispuestos a asumir responsabilidad más allá del aula se ha convertido en un problema cada vez más visible en la educación pública asturiana. Los últimos datos publicados por la Administración autonómica lo confirman: cada vez hay menos profesores que quieran dar el paso hacia la dirección de los centros.

Según la relación provisional de admitidos al concurso de méritos para cubrir plazas de dirección de cara al próximo curso 2026-2027, la situación es "preocupante". De los 93 centros educativos que ofertan el puesto de director, en 39 no se han presentado candidaturas. Es decir, esto significa que en el 41% -más de cuatro de cada diez- de estos colegios e institutos se quedarán sin proyecto directivo propio y tendrán que recurrir a nombramientos extraordinarios.

Detrás de estas cifras hay una realidad que los sindicatos llevan tiempo denunciando: el profesorado no quiere asumir estos cargos. Lejos de ser una aspiración profesional, la dirección de un centro se ha convertido para muchos en una carga poco atractiva. Más trabajo, responsabilidad y escaso reconocimiento son algunos de los factores que explican esta falta de interés.

Desde ANPE Asturias, que lleva años alertando de esta tendencia, insisten en que el problema es estructural. Los equipos directivos deben hacer frente a una creciente carga burocrática, gestionar conflictos, responder ante la Administración y, en muchos casos, seguir manteniendo parte de su labor docente. Todo ello sin una compensación que consideren adecuada.

La situación fue trasladada recientemente a la Consejería de Educación en una reunión entre la presidenta del sindicato, Mariela Fernández, y la consejera Eva Ledo. En ese encuentro se puso sobre la mesa la necesidad urgente de mejorar las condiciones de estos puestos para "evitar que el problema siga creciendo".

Además, desde ANPE subrayan la importancia de reforzar la autoridad del profesorado. Consideran que desarrollar de forma efectiva la Ley de Autoridad Docente ayudaría a mejorar el clima en los centros y a que asumir responsabilidades como la dirección no resulte tan poco atractivo.

Entre las medidas que reclaman figuran una mejora de las condiciones laborales y salariales, menos carga burocrática, incentivos económicos, más recursos y un mayor reconocimiento del papel que desempeñan los equipos directivos. También piden que todos los centros cuenten, como mínimo, con un equipo básico formado por dirección y secretaría.

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