La FSA aplaca las discrepancias internas por el caso Cerredo y logra el rechazo unánime de sus líderes locales al borrador del dictamen de la comisión

La Federación Socialista Asturiana (FSA) logró este viernes aplacar a las voces críticas para presentar un frente unido contra el borrador del dictamen de la comisión parlamentaria de investigación del accidente de Cerredo, elaborado por la diputada Covadonga Tomé. Los líderes locales votaron por unanimidad rechazar el documento y calificaron de “inaceptable el señalamiento de responsabilidades personales, tanto de índole política como técnica”. Sin embargo, no fue un encuentro exento de diferencias ni de discusión.

Como ya adelantó LA NUEVA ESPAÑA que iba a suceder, los reproches más claros en la reunión llegaron de parte de algunas agrupaciones de las Cuencas Mineras. Si bien, tras el intercambio en la sede de la FSA, sus representantes cerraron filas junto a los de otros concejos, evitando exteriorizar unas discrepancias que internamente ya han aflorado.

En estas agrupaciones, y también en el seno de algunas otras, se extiende una línea de pensamiento acorde a la del sindicato minero SOMA-UGT, que ha manifestado claramente -también en órganos del PSOE- que toca asumir responsabilidades políticas por el accidente de Cerredo tras conocerse las deficiencias que hubo en el control minero; sobre todo, en referencia a los exconsejeros señalados que ahora ocupan altos cargos, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí.

En la reunión de este viernes, hubo algún asistente que deslizó que, si se opta por no depurar responsabilidad alguna, el riesgo es que los socios de gobierno de IU tomen más la delantera con su discurso y luego haya que ejecutar medidas de esta índole de todas formas. Algo similar a lo que ha ocurrido con la concesión de ayudas a las familias de los mineros fallecidos en Degaña.

No obstante, la postura final de los secretarios locales hecha pública viene a respaldar el discurso marcado por dirección de la FSA por boca de Adriana Lastra, que ha asumido el mando sobre el terreno de la estrategia ante la crisis con Adrián Barbón de viaje en México. La explosión de Cerredo fue “ilegal y clandestina” y “carecía de amparo administrativo alguno”. Y ni el informe de la Inspección General de Servicios ni el borrador de la comisión “permiten establecer una relación de causa efecto entre el proceder de la Administración y el accidente”.

En este sentido, los socialistas afirman que el dictamen, en el que ven una “intencionalidad política”, “incurre en varios errores” y se excede "al atribuir acciones susceptibles de condena legal a trabajadores públicos, ámbito exclusivo de la justicia, según ha determinado el Tribunal Constitucional".

Por tanto, defienden que no van a “distorsionar” las responsabilidades penales, si las hubiera, con responsabilidades individuales. “Tampoco a compartir la injusticia de hacer corresponsables de la tragedia a funcionarios públicos ni a dirigentes políticos”.

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