El argumento ausente en el juicio de Duro Felguera: análisis de Yago González

Esta semana que concluye ha sido muy importante para el futuro de Duro Felguera. Es cierto que ya son incontables las ocasiones en que periodistas y analistas hemos afirmado en los últimos años que la emblemática empresa asturiana encaraba el momento de la verdad, la encrucijada definitiva, para luego comprobar que, una vez más, su agónico proceso de supervivencia se prolongaba hasta un nuevo capítulo. No obstante, aun a riesgo de caer en las falsas expectativas de "Pedro y el lobo", esta vez la compañía de ingeniería sí se halla en un punto de inflexión determinante para que siga existiendo o, por el contrario, se precipite al abismo de la quiebra.

Los pasados jueves y viernes tuvieron lugar en el Palacio de Justicia de Gijón las dos sesiones de la vista oral en la que fueron expuestos ante el juez Rafael Abril los argumentos de directivos, consejeros y auditores de Duro para defender el plan de reestructuración con el que creen que la empresa podrá seguir adelante. Si el magistrado homologa ese plan, la compañía asturiana ya tendrá vía libre para ejecutarlo plenamente.

Pero si Abril lo desestima en su totalidad o adopta medidas que en la práctica lo tumbarían –como sacar de la reestructuración a alguna de las nueve empresas acreedoras que han acudido a los tribunales para reclamar lo adeudado–, Duro Felguera estaría sentenciada. Lo dijo explícitamente uno de los representantes de la firma auditora Lexaudit ante el juez: "Sin el plan de reestructuración, Duro entraría en liquidación y ningún acreedor cobrará".

En las dos sesiones de la vista, tanto los abogados de Duro como los letrados de los reclamantes interrogaron a los comparecientes y debatieron con argumentos repletos de datos económicos, cifras contables y referencias a leyes, gráficos e informes. Pese a su nefasta acústica, la sala fue escenario de un combate dialéctico de elevado nivel jurídico y técnico, con preguntas, respuestas, repreguntas, apuntes y matizaciones de precisión milimétrica.

No obstante, en la vista oral no se trató un elemento que, por su propia naturaleza, no podía ser objeto de debate jurídico, pero que al mismo tiempo tiene una influencia extraordinaria en el desenlace del calvario de Duro. Es un factor intangible, perteneciente al terreno de las emociones, la política, el arraigo territorial y la memoria histórica. Y era mencionado en los corrillos que abogados y oyentes formaban en los recesos de las sesiones.

"Es una empresa centenaria y emblemática de Asturias, símbolo de la tradición industrial y minera de las Cuencas, y nadie, ningún gobierno, ningún político ni ningún juez quiere ser recordado como el que puso el último clavo en el ataúd", reflexionaba uno de los asistentes, buen conocedor de los pormenores de la empresa durante los últimos años.

Unos años en los que el PSOE ha estado involucrado en la gestión de la compañía de manera más o menos directa o explícita. Basten dos ejemplos: 1) Dos exministros de Zapatero, Jordi Sevilla y Valeriano Gómez, se sentaron en el consejo de administración entre 2020 y 2024. 2) La empresa fue rescatada con 120 millones de euros de la SEPI y 6 millones del Principado en 2021, año en que, como ahora, tanto en España como en Asturias había gobiernos socialistas. El segundo, por cierto, no va a reclamar esos 6 millones de fondos públicos.

Con todo, la decisión última sobre Duro depende del sotrondino Rafael Abril, que ejerció como juez de primera instancia en Langreo, fue director de Justicia del Principado bajo la presidencia del socialista Javier Fernández y en diciembre de 2023 fue nombrado responsable del área Mercantil del gabinete técnico de la Secretaría de Estado de Justicia. Una trayectoria ascendente que, según indican algunas fuentes, quizá no haya tocado techo aún. En cualquier caso, en sus manos está ahora el futuro de Duro Felguera.

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