Cerredo cuartea a la izquierda

No ha sido solo el accidente. Es su lectura la que ha abierto una falla en la izquierda asturiana y, con ella, en el propio Gobierno del Principado. Cerredo no es únicamente un hecho trágico, sino un punto de ruptura política. El Ejecutivo asturiano queda ahora sostenido por dos formaciones que interpretan lo ocurrido la trágica mañana del 31 de marzo de 2025 de forma incompatible, sin un posible espacio de encuentro. Y precisamente en torno a un hecho que marca definitivamente la legislatura y que afecta a la propia responsabilidad del Gobierno que ambos partidos sostienen.

El próximo miércoles, la Comisión Colegiada de Izquierda Unida, su máximo órgano interno, aprobará un documento cuyas líneas fundamentales adelantó LA NUEVA ESPAÑA. No es un texto de matices, sino que fija una posición clara, con la reparación a las familias y la depuración de responsabilidades como ejes de la respuesta política. Es, en esencia, una impugnación del marco en el que el PSOE ha decidido situar el caso y, de paso, situarse a sí mismo.

El cierre de filas de la Federación Socialista Asturiana, tras la reunión de los secretarios generales de las agrupaciones, no deja espacio, ni un resquicio, para interpretaciones divergentes. Para los socialistas, el relato discurre en dos planos que no se tocan: por un lado, un accidente causado por una empresa que operaba ilegalmente; por otro, una serie de desajustes en el Servicio de Minas que están en proceso de corrección, pero que no tuvieron relación causal alguna con lo ocurrido la mañana del 31 de marzo.

El problema es que esa separación no la comparte IU. No solo no la comparte, sino que la rebate y establece la posición contraria. Para el PSOE, Cerredo es un doloroso accidente aislado; para IU, la manifestación de un problema más amplio que permitió que una actividad ilegal traspasase todos los filtros de una Administración que no supo evitarlo cuando tenía herramientas para hacerlo.

El coste del cierre de filas

De fondo, el choque es más profundo. No hay una discrepancia táctica, sino dos formas de entender la responsabilidad en el ejercicio de gobierno. El PSOE busca contener el impacto del caso, limitar su alcance y evitar que se traduzca en un cuestionamiento general del funcionamiento administrativo. IU, en cambio, considera que el sistema ha fallado y que se debe actuar en consecuencia.

Esa discrepancia de calado deja al Gobierno en una posición incómoda. Hasta ahora, las tensiones entre socios —algunas más sobreactuadas que otras— se habían resuelto dentro de un margen manejable, con acuerdos de última hora o compromisos que permitían sostener la estabilidad. Pero Cerredo no permite un punto de equilibrio.

El PSOE ha decidido no moverse. Lo dejó claro desde el primer momento el presidente del Principado, incluso en el terreno simbólico, al insistir en la referencia al "caso Blue Solving" frente al "caso Cerredo", denominación unánimemente utilizada salvo por el propio Barbón. Nombrar es fijar límites.

Esa estrategia tiene costes. El primero, el aislamiento relativo dentro del propio espacio de la izquierda. El segundo, la dificultad para hacer creíble la tan repetida definición de "gobierno de unidad progresista y reformista". El tercero, la exposición a una oposición que ya ha encontrado el argumento medular para intensificar la presión política en lo que queda de legislatura. Sería paradójico que, dado que el reiterado "caiga quien caiga" no hace caer a nadie, lo que caiga sea el propio Gobierno.

La grieta interna del PSOE

Tampoco dentro de la FSA la posición es completamente uniforme. El respaldo orgánico existe, pero no es homogéneo. El apoyo de los secretarios generales de las agrupaciones da a la dirección de Barbón el aval para mantener la posición firme, pero la clara discrepancia con el SOMA en este asunto, más las reservas en municipios de tradición minera, también suponen una grieta de difícil reparación.

Sabido es que el sindicato minero no guarda especiales simpatías por el presidente de Hunosa y exconsejero de Industria Enrique Fernández. Pero eso no es argumento suficiente para justificar un choque interno como el que hemos conocido, en una FSA acostumbrada en los últimos años a la discrepancia silente. Hay quien señala que la postura de la FSA, más que un "enroque", es un "Enrique", mientras aumentan las interpretaciones de que el principal motivo que llevan al señalamiento del hoy presidente de Hunosa en este caso , la supresión del Servicio de Seguridad Minera en 2019, no fue una idea exclusiva suya, si es que lo fue.

Las familias y el punto de inflexión

Entre tanto, hay un elemento que ha terminado por alterar el eje del debate: las familias de las víctimas. Hasta hace muy poco, la cuestión de la reparación quedaba subordinada a los tiempos judiciales. Hoy ya no. Y justo es reconocer que esa es una victoria de Covadonga Tomé. La solitaria diputada del Grupo Mixto, presidenta de la comisión de investigación parlamentaria del accidente de Cerredo, solo con enunciar la necesidad de compensar de algún modo a las víctimas y familias, forzó al PSOE a abandonar, aunque sea de soslayo, su tesis de que la Administración nada tiene que ver con el accidente.

El presidente Adrián Barbón, de vuelta de México, encarará esta semana un turno de preguntas parlamentarias dominado por la derecha —interpelan el PP, Vox y Foro— y que será monográfico sobre Cerredo y su lectura. Aún quedará una larga negociación del dictamen final de la comisión parlamentaria y la justicia seguirá su camino.

En cualquier caso, la izquierda enfrenta sus grietas, que marcan un punto de inflexión. Y esas grietas atraviesan al Gobierno, al propio PSOE y al bloque parlamentario que sostiene la legislatura.

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