Ovidio Zapico, consejero del Principado y coordinador de IU: "Cerredo no fue un accidente sin más, fue un fallo del sistema y hay responsables políticos"

El coordinador de Izquierda Unida y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, es tajante a la hora de exigir responsabilidades políticas y administrativas por el accidente de Cerredo, tal como refleja el informe interno de la coalición adelantado por LA NUEVA ESPAÑA . Al contrario de lo que ocurre con sus socios mayoritarios de Gobierno, un PSOE con el que reconoce que no comparte posturas.

—¿Sabían que la parte socialista del Gobierno estaba trabajando en unas ayudas a las víctimas de accidentes laborales?

—Habíamos hablado sobre ello antes de que se hiciese público. Nosotros entendemos que es una medida buena, pero no sustituye ni la asunción ni el ejercicio de responsabilidades. Nosotros defendemos que el Principado debe reconocer su responsabilidad, política y también patrimonial. Y en el momento en que eso ocurra se tiene que proceder de manera inmediata a indemnizar a todas las víctimas de la mina de Cerredo que hubo desde el año 2022. Yo creo que las familias merecen esfuerzos políticos y humanos; un trato humano.

—Entonces, las ayudas no son suficientes para reparar a las familias y las víctimas de Cerredo.

—Es un avance, evidentemente, para cualquier accidente laboral que se produzca. Pero, hablando de Cerredo, necesitamos, como decía, asumir esas responsabilidades que nosotros entendemos que la Administración tiene. E, inmediatamente, aparejado a eso, asumir también la responsabilidad patrimonial.

—¿A qué atribuye el rechazo frontal del PSOE a asumir esas responsabilidades políticas, pese al compromiso de Barbón de llegar hasta el final "caiga quien caiga"?

—Yo respeto siempre mucho la vida interna y los procesos de todos los partidos. Desde que llevo de coordinador de Izquierda Unida, ya más de seis años, creo que siempre fui extremadamente respetuoso con esos procesos, aunque no los compartamos. Nosotros tenemos nuestra posición, una posición que además es sólida desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista de nuestras convicciones. Y esa es la que defendemos. Ellos tienen otra, yo la respeto, pero no la comparto.

—¿Cree que están siguiendo una buena estrategia con este caso?

—Nosotros estamos defendiendo nuestra propia posición en tanto en cuanto creemos que no solamente es una posición sólida, sino la correcta, y la que vamos a seguir defendiendo a medida que se inicie la discusión del borrador del dictamen de la comisión parlamentaria de investigación. Ahora se abre un proceso de discusión, de enmiendas, de aportaciones y de trabajo, y nosotros vamos a estar ahí defendiendo nuestra posición.

—Han sido críticos con cómo se presentó ese borrador.

—No nos pareció oportuna la forma en que se hizo. Esa foto de Covadonga Tomé -diputada que preside la comisión parlamentaria- con Laura Tuero, que es una de las responsables de Somos Asturies, no nos pareció el marco adecuado. No conviene mezclar partido e institución. Y hay otra cuestión en torno a esa doctrina, a esa sentencia que establecía en su momento el Tribunal Constitucional sobre la vulneración de la presunción de inocencia. Yo estuve en una comisión de investigación hace años, la de GITPA, y creo que debemos aprender de aquello. Ojo con señalar a los funcionarios, porque eso puede tener un coste económico para la Junta General. Ya tuvimos una vez una mala experiencia y no deberíamos caer otra vez en ese error.

La coalición vive un momento complicado, pero su quiebra no solucionaría nada

—¿Por qué no comparte con el PSOE la idea de que no hay relación causa-efecto entre los fallos de la Administración y el accidente?

—Nosotros tenemos algo muy claro: Cerredo no fue un accidente sin más. Fue un fallo del sistema. Y esta tragedia fue la consecuencia de decisiones que se tomaron, que acabaron propiciándola. Y por eso mismo, como hay decisiones detrás, hay responsables políticos de la misma.

—¿Señalar responsabilidades políticas o patrimoniales por parte de la Administración abre la puerta a admitir alguna responsabilidad penal?

—No, eso lo rechazo tajantemente. Nosotros estamos hablando siempre en el plano eminentemente político. Estamos aquí para determinar qué pasó, qué hay que hacer para que no vuelva a suceder y cuáles son las responsabilidades políticas. Lo que está claro es que hubo un fallo del sistema. Y ahora se necesita asumir responsabilidades de manera real y efectiva. Yo entiendo que quienes diseñaron y ejecutaron un modelo que fue descontrolado, y que fruto de ese descontrol desgraciadamente tuvo un desenlace como el que tuvo, no pueden seguir en puestos de responsabilidad política. Pero nosotros hablamos siempre estrictamente en el marco político.

—¿También en base al informe de la Inspección General de Servicios que destripa el descontrol sobre las minas?

—Sí. Yo creo que el Gobierno, cuando hace un año decidió solicitar ese informe de Inspección de Servicios, acertó. Y ese informe acabó siendo la piedra angular que demuestra que el Gobierno investigó, algo que se cuestionaba cuando se discutía la presidencia de la comisión parlamentaria. Ahora esa misma comisión construye, como debe ser, sobre la investigación que hemos garantizado desde el Ejecutivo todo lo que tiene que ver con las derivadas políticas que se tienen que producir. Por tanto, yo creo que el Gobierno acierta pidiendo ese informe y el informe se convierte en esa piedra angular de las respuestas políticas y administrativas a esta situación. Otras responsabilidades se están dirimiendo en otros ámbitos.

—Critican en la FSA el sesgo político en el borrador del dictamen de la comisión. ¿Están de acuerdo?

—Evidentemente, un borrador de un dictamen de una comisión de investigación en la Junta General, si no tuviese un sesgo político, a mí me preocuparía. Porque en lo que no debe entrar un dictamen de una comisión de investigación en sede parlamentaria es en valorar aspectos, por ejemplo, judiciales. Pero los políticos los tiene que evaluar, evidentemente. E insisto en que sobre ese borrador empezamos ahora un proceso de discusión y habrá mucho que hablar de él, pero enmarcar un análisis político dentro del borrador es lo suyo.

—¿Deben los exconsejeros Nieves Roqueñí y Enrique Fernández cesar en sus cargos actuales al frente del Puerto de Gijón y Hunosa?

—Nosotros no hablamos de nombres propios, hablamos de puestos que hubo durante aquellos años de responsabilidad. Y lo decía hace un minuto: quienes diseñaron o ejecutaron ese modelo de descontrol no pueden seguir en puestos de máxima responsabilidad.

No compartimos que Barbón tenga responsabilidad política; desde 2022 hasta el accidente minero hubo tres consejeros que siguen una misma ruta y un mismo patrón, y no son decisiones que haya tomado el Presidente

—Pero el texto que presentará ante la Colegiada amplía esas responsabilidades también al alcalde de Degaña.

—Sí, nosotros ampliamos la responsabilidad política, como bien señala el informe, también al alcalde de Degaña, es cierto.

—¿Y a él le tocaría también cesar de su cargo?

—Sí, yo creo que todas esas personas no deberían seguir en puestos de responsabilidad, cada una en su ámbito correspondiente.

—Viendo el descontrol que había en el Servicio de Minas, ¿temen que esa falta de control exista en otros ámbitos de la Administración?

—Decir tajantemente que no puede haber ningún problema en una Administración tan grande sería muy atrevido por mi parte. Pero ¿sabes qué demuestra el informe de la Inspección de Servicios? Que tenemos una Administración sana, porque de la propia Administración emana ese informe.

—¿Puede ser esta la crisis que haga romper el Gobierno de coalición?

—No podemos negar que estamos en un momento complicado y desde el Gobierno tenemos que saber cómo gestionar esto. El Partido Socialista tiene sus convicciones, nosotros tenemos las nuestras. Pero yo me hago una pregunta: ¿la quiebra del Gobierno solucionaría esto?, ¿solucionaría algo? Y yo creo que no, que no lo solucionaría.

—¿Van a ser muy exigentes con el cumplimiento de las recomendaciones del informe de Inspección y con los plazos?

—Sí. Sobre esto ya hablé varias veces con el consejero de Ciencia, con Borja Sánchez. Hay muchas de esas medidas que ya están aplicándose y, por lo tanto, yo no tengo ninguna duda de que esas once medidas que figuran en el informe de la Inspección de Servicios se van a aplicar de manera inmediata y contundente.

—¿Cómo valoran la recuperación del Servicio de Seguridad Minera que se eliminó en 2019? ¿Creen que esa supresión tuvo algo que ver con el accidente?

—Todo fue consecuencia de un Servicio de Minas debilitado: con menos técnicos, sin planes de inspección, con una normativa también obsoleta... Todo eso, evidentemente, fueron ingredientes que, desgraciadamente, fueron propiciando el caldo de cultivo para que pasase lo que pasó. Y tampoco podemos olvidar los proyectos de investigación complementaria, los PIC. Yo creo que los PIC se utilizaron como puerta trasera. No se puede permitir que se use la investigación geológica como excusa para sacar carbón de manera ilegal.

No se puede permitir que se use la investigación geológica para sacar carbón de manera ilegal

—¿Y no ve justificado que la derecha apunte a Adrián Barbón como máximo responsable?

—Nosotros no compartimos que el presidente tenga responsabilidad política. No lo compartimos. Desde 2022 hasta el accidente hubo tres consejeros o consejeras que siguen una misma hoja de ruta y un mismo patrón, y que no son decisiones que en ningún momento haya tomado Barbón. Por tanto, para nosotros no hay responsabilidad política del Presidente.

—¿Pero cree que está dando la cara públicamente como debería?

—Eso está muy ligado a esos procesos internos del Partido Socialista. Y, como ya dije antes, aunque no los compartamos, máximo respeto a ellos.

—¿Qué espera de todo este proceso?

—Yo quiero que termine dentro de no mucho tiempo con un dictamen en el que se asuman, como marca nuestro informe, esas responsabilidades políticas y el fin de los puestos de responsabilidad para esas personas. Y, en segundo lugar, dando una respuesta política y humana a las familias afectadas. Y eso se consigue reconociendo la responsabilidad política y procediendo de manera inmediata con la indemnización.

—¿Temen que les pueda repercutir esta crisis en el próximo proceso electoral?

—Todo afecta porque ya queda poco más de un año para ellas. Ahora bien, hay dos posiciones diferentes y la nuestra, insisto, es una posición sólida dentro del Gobierno. Y entiendo que a nosotros no nos tienen por qué identificar con otra distinta.

—Cambiando de asunto, han pactado con los hosteleros ampliar el horario de los chiringuitos en el nuevo decreto. ¿Cómo valora ese acuerdo?

—Partíamos de un decreto que se pone a exposición pública. Y, como todo lo que se pone a exposición pública, hay un proceso de alegaciones. Somos un Gobierno que dialoga con los diferentes agentes sociales y económicos que hay en Asturias, y eso fue lo que hicimos. El objetivo era buscar una regulación que alcanzase un equilibrio y un punto común de protección de los intereses de unos y de otros, primando siempre el interés general. Y yo creo que en ese sentido hubo un acuerdo satisfactorio. Seguramente alguno quisiera poder cerrar más tarde y quien mira desde el otro lado y le molesta el ruido quisiera que ese ruido terminase antes. Pero yo creo que es muy razonable lo que estamos diciendo.

—También están valorando permitir en algunos casos no obligar a desmontar estas instalaciones.

—Hay una cuestión: no estamos hablando de nada nuevo. Es algo que ya existía desde hace, yo creo, trece años, y que se estaba aplicando la excepcionalidad de una manera arbitraria. Nosotros lo que vamos a definir ahora muy bien es esa excepcionalidad. Habrá supuestos que se puedan acoger a ella, pero otros muchos que tendrán que desmontar cuando termine la temporada.

—Esta semana el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estatal de Vivienda, con 231 millones para Asturias. ¿Cómo se va a plasmar eso en los próximos años en la región?

—Sí, efectivamente, por fin tenemos plan estatal. Yo llevaba esperándolo como agua de mayo porque creo que nos va a permitir financiar la planificación en materia de vivienda que tenemos para los próximos años. Algo tan ambicioso como hacer crecer el parque público descansaba en buena medida en este plan. Por tanto, esta próxima semana ya tienen la comisión de directores generales y de ahí saldrá la convocatoria de la conferencia sectorial, donde ya estamos los consejeros de las comunidades autónomas para dar el visto bueno al plan. Y, a partir de ahí, las reuniones bilaterales entre las comunidades autónomas y el Ministerio que nos permitan, a la mayor brevedad posible, firmar los convenios.

—Una de las críticas que más les hacen desde la derecha es la falta de ejecución en la consejería. ¿Qué responde?

—Siempre digo lo mismo: que a mí me valoren y me critiquen cuando termine la legislatura. Yo creo que la respuesta se ve en la calle y se ve día a día. Se ve en las grúas que tenemos a lo largo de Asturias, en las excavadoras, en los obreros que están trabajando, en los andamios. Se ve en muchísimas actuaciones que hacemos de nueva promoción, de mantenimiento de fachadas, de mejora de eficiencia energética de muchos edificios. Asturias no va a devolver ni un solo euro en materia de vivienda de los fondos MRR. Entrar ahora en si se ejecuta poco o mucho cuando la derecha sabe de sobra cómo funcionan las certificaciones, cuándo se pagan las obras y qué nivel de ejecución exigimos a las empresas para presentar la documentación, me parece fuegos artificiales y munición de fogueo.

—¿En qué momento está la declaración de zonas tensionadas?

—El lunes llevo al Consejo de Gobierno la declaración de las primeras cuatro zonas tensionadas. Y a lo largo del primer y del segundo lunes de mayo llevaremos más. El lunes llevamos el núcleo urbano de Llanes y Posada (Llanes) y Poo y Arenas (Cabrales).

—Una vez que se apruebe en el Consejo de Gobierno, ¿ya empieza a funcionar?

—Sí, tiene que publicarse en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) y ya entrarían definitivamente en vigor. Luego viene un trámite que tenemos que hacer nosotros con el Ministerio para optar a algo muy importante: una financiación estatal complementaria para abordar las medidas correctoras en cada zona tensionada.

—Otra discrepancia dentro del Gobierno es el anuncio de rescatar el peaje de la AS-II, la autovía de la Industria. Han mostrado rechazo, aunque han pedido datos.

—Sí. Simplemente queremos ver datos antes de comprometer nuestro voto en una dirección favorable. Queremos conocer los entresijos económicos de una operación que queremos analizar con los datos encima de la mesa. Sin datos no podemos avalarla. Una vez que los tengamos, los evaluaremos y diremos lo oportuno.

—¿Cómo está la ley de Universidades para regular la llegada de instituciones privadas?

—Estamos trabajando ya en un texto que pueda empezar la tramitación a la mayor brevedad posible. Pero sigue vigente el espíritu de acuerdo político que alcanzamos hace un par de meses entre IU y la FSA.

—La derecha ya está con la vista puesta en las elecciones, como reflejó el encuentro entre Queipo y Moriyón. ¿Cómo va por parte de la izquierda esa posible unión?

—Nosotros ahora estamos celebrando nuestro 40 aniversario de IU. Que no son el inicio de nuestra trayectoria política, porque viene desde 1917, mucho más atrás. Pero a lo largo de la historia supimos alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas y construir espacios como Izquierda Unida o, recientemente, algo como Convocotaria. En el mes de mayo vamos a celebrar una coordinadora monográfica donde estableceremos cuál va a ser la hoja de ruta de IU en esta materia de alianzas durante los próximos meses, y ahí será el momento de hablar para gobernar. No somos una izquierda testimonial.

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