Pablo Priesca, promotor de Ruraltech: "Las políticas para los pueblos han sido diseñadas desde enfoques urbanos, generando un matorral burocrático insoportable"

La superficie rural en España es de 424.220 kilómetros cuadrados, lo que supone el 84% del territorio nacional. Este espacio es habitado por 7,5 millones de personas, lo que equivale al 16% de la población total del país. Son 6.671 los municipios que se reparten el territorio rural, siendo la gran mayoría de menos de 5.000 habitantes. A pesar de estas cifras, el problema rural no ha sido abordado de forma rigurosa por los gobernantes, ni ha sido entendido como una prioridad estratégica de país.

Sólo en Asturias, entre 2009 y 2020 (datos INE), se ha perdido un 27% de superficie agrícola trabajada, en tan sólo once años, que pasó a ser pasto y matorral. Incluso las vegas, con terrenos altamente productivos, se fueron abandonando salvo algunas excepciones.

Con el paso del tiempo, el problema se fue haciendo más complejo, poliédrico y sistémico.

Desde los años sesenta del pasado siglo se ha ido produciendo un éxodo masivo del campo a las ciudades, que concentraban la industria y ofrecían, supuestamente, una vida mejor a los campesinos. Pero, al mismo tiempo que se producía este éxodo, el campo sufrió una invasión virtual de tecnócratas funcionarios, reguladores, ecologistas urbanos y parlamentos políticos desinformados, que se aliaron y alimentaron, sin descanso, los boletines oficiales, en un esfuerzo encomiable para destruir, entiendo que involuntariamente, las culturas campesinas. Fueron configurando una realidad legal paralela que nada tenía que ver con la cultura campesina. Disminuía drásticamente la población y aumentaba exponencialmente la regulación. Qué gran contradicción.

La maraña legal, la selva normativa, el matorral burocrático y el lodazal procedimental fueron axfisiando al mundo rural (y lo siguen haciendo), realizándole un acoso jurídico insoportable. Innovar en el actual marco jurídico es como "pedir peras al olmo".

Es urgente limpiar y desbrozar el tupido bosque jurídico creado desde despachos capitalinos, con un profundo desconocimiento del mundo rural y, una vez limpio, reordenarlo en base a estrategias sistémicas territoriales.

El mal es sistémico y la solución también debe ser sistémica. No sirven las soluciones con visiones parciales, departamentales o sectoriales. Son necesarias intervenciones con visiones globales y sistémicas, donde el proyecto es el territorio. Los territorios con futuro serán los que tengan un proyecto de lo que quieren ser a medio y largo plazo. Las comunidades locales juegan un rol muy relevante en la participación y construcción de su propio futuro.

Si no hacemos una intervención, precedida de un desbroce normativo muy profundo, seguirá el abandono, la despoblación, la matorralización y nos encontraremos macro-incendios incontrolables, que el mundo urbano pagará muy caros por haber despreciado a sus progenitores, las aldeas. Los incendios de agosto de 2025, desgraciadamente, no serán una excepción si no se interviene estructuralmente.

Las aldeas fueron las primeras estructuras urbanas e, históricamente, el seguro de vida de las ciudades, porque mantenían a raya a la naturaleza salvaje, les proporcionaban alimento y, en las últimas décadas, les sirvieron de ocio y descanso, mientras los jardineros del paisaje, los campesinos, trabajaban gratuitamente para ellos administrando el territorio y manteniendo los ecosistemas. El paisaje que hoy disfrutamos no es un paisaje mayoritariamente natural, es un paisaje cultural, creado por los hombres y mujeres que habitaron las aldeas a través de los siglos.

Debemos ser conscientes que el problema de lo rural se enmarca en otro más global que afecta a todo el planeta, lo que lo hace, aún, más complejo. Es lo que la Conferencia de Davos de 2023 popularizó con el término de "policrisis", término creado por el profesor de Yale, Adam Tooze, para definir la situación mundial actual como una confluencia de varias crisis interconectadas simultáneamente, que abarcan los ámbitos económicos, políticos, sociales y medioambientales, y que hacen muy complejas y dificultosas las soluciones.

Los conflictos geopolíticos (guerra de Ucrania, la invasión de Palestina, la guerra de Iran), la deriva política en EEUU, la reordenación de fronteras económicas con nuevos aranceles aduaneros, la inflación, la polarización política, el cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos que provocan desastres naturales, las desigualdades sociales y las disrupciones tecnológicas, son factores que se retroalimentan entre sí, intensificando los efectos individuales de cada uno de ellos y generando un efecto cascada de crisis. Y, donde el conjunto es más que la suma de las partes, lo que provoca una desestabilización general del sistema a nivel global. Ante esta situación, los modelos tradicionales de resolución de problemas no son viables y se requieren nuevas formas de afrontar los desafíos.

En buena medida, el concepto de "policrisis" se puede aplicar, también, a la situación del mundo rural, ya que no es un único factor el causante de la situación de declive, sino un conjunto de factores interrelacionados que vienen actuando a lo largo del tiempo y que intensifican los efectos negativos de cada uno de ellos. Todo ello, desemboca en un fallo multi-orgánico del mundo rural. Es la tormenta perfecta, con muchos factores alineados de forma concurrente: una capa política sin visión estratégica, un marco regulatorio entorpecedor, una administración burocratizada y no pensada, organizativamente, para resolver problemas sistémicos y un menosprecio a las culturas rurales a través de un relato mantenido en el tiempo. Y, por si fuera poco, el cambio climático viene para agravar la situación.

Las políticas rurales, en España, han fracasado debido a factores estructurales, políticos, económicos y sociales interrelacionados (policrisis). No han existido estrategias coherentes, ni a largo plazo, debido a la fragmentación de las competencias entre distintas administraciones (europea, nacional y regional), que generaron solapamientos, contradicciones y descoordinación y, todo ello, aderezado por la discontinuidad de medidas con cada cambio de gobierno.

El desarrollismo de los años sesenta del pasado siglo, intentó industrializar el mundo rural con monocultivos, intentando especializar los territorios bajo la filosofía de la productivización industrial, pero sin entender las culturas campesinas, ni su forma de gestionar históricamente el territorio.

El norte de la península ibérica, caracterizado por pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas, a lo largo de los siglos, desarrolló una agro-ganadería territorial, que va mucho más allá que lo sectorial. Manejaban procesos complejos esenciales para la sostenibilidad y biodiversidad del territorio. Estos procesos nunca fueron entendidos por los impulsores de las políticas de industrialización del campo y tampoco por el ecologismo de la renaturalización que, en los años ochenta, comenzó a tener una fuerte influencia sobre los estamentos políticos, los medios de comunicación y la opinión pública.

Los enfoques de las políticas han sido urbano-céntricas, diseñadas desde visiones urbanas y con alto desconocimiento de la pluralidad existente en los territorios. Las políticas se centraron en la creación de norma y regulación acompañada de una carga administrativa y burocrática insoportable para los campesinos, lo que dificultaba y ponía trabas a la innovación. Los apoyos al medio rural se concretaron en subvenciones, comenzando a nivel europeo, que incentivaron la producción intensiva de monocultivo en grandes explotaciones, bajo un modelo de industrialización del campo y, en paralelo, abandono a los pequeños productores (Política Agraria Común, PAC). Aunque involuntariamente, los gobiernos incentivaron, con sus medidas, la despoblación, lo que motivó el cierre de escuelas rurales, centros de salud, transportes públicos (siguiendo criterios de ratios urbanos) y tardando demasiado tiempo en fomentar la digitalización del mundo rural.

La constitución española de 1978, en su Artículo 130, expresa un claro mandato para un trato especial al medio rural y las zonas de montaña, pero se ha incumplido de forma estructural a lo largo del tiempo por factores ideológicos, políticos, económicos y administrativos. Dicho mandato, que ha sido ignorado, no genera derechos exigibles sino obligaciones muy generales para las administraciones públicas, dando como resultado una retórica constitucional vacía. Se legisló lo rural como paisaje, reserva natural y espacio recreativo (exceso de regulación ambiental sin política territorial), pero no como un territorio productivo. El rural en España ha sufrido una discriminación estructural silenciosa, que aún continua. La fragmentación competencial de las administraciones y el desprecio cultural al mundo rural que se ejerció, y se sigue ejerciendo, desde lo urbano, contribuyeron a ello.

En los últimos años, la polarización política, que actúa guiada por el cortoplacismo electoral, y sin visión estratégica, agravó el problema. A ello contribuyó el ecologismo urbano, que influenció a políticos y tecnócratas de las administraciones, para aplicar políticas de conservación creando para ello diferentes figuras de protección, sin el consenso ni la consulta a los territorios. Priorizaron la conservación y el turismo rural (como diversificación económica) sin entender que este se nutre de un paisaje creado por los campesinos, pero no facilitaron que la gente viviera y trabajase en los pueblos. Ignoraron, y no reconocieron, el valor de las culturas campesinas tildándolas de inferiores.

La política ha cometido, a lo largo de los años, un error en el análisis del problema rural al intentar analizarlo y abordarlo, actuando sobre elementos independientes sin considerar los territorios como sistemas en equilibrio (política medio-ambiental, política forestal, política de vivienda, política ganadera, política agraria, política social, política de innovación, etc.). En términos generales, las políticas desplegadas a lo largo de los años, han sido simbólicas, teóricas, departamentales, urbano-céntricas, ausentes de liderazgo transversal, centradas en una visión conservacionista influenciadas por el ecologismo urbano, proteccionistas, basadas en la creación de normas prohibitivas, burocratizadas y sin responder a modelos de territorio ni estrategias territoriales sustantivas (reales). Tras analizar diferentes estrategias de desarrollo rural en el ámbito nacional, es fácil llegar a la conclusión de que han sido políticas simbólicas ( "estrategias sumatorio" de empaquetado de actividades departamentales ya existentes), pero no políticas sustantivas, reales, basadas en un modelo de territorio, una financiación diferenciada, un sistema de incentivos atractivo con medición de impacto y un liderazgo reforzado con capacidad de decisión sobre los departamentos verticales.

Son necesarias políticas estructurales y estratégicas para el mundo rural y no declaraciones de buenas intenciones, fácil consumo periodístico o anuncios electoralistas.

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