Sospechas de "enchufismo" en el Servicio Público de Empleo del Principado: contrataciones directas, sin tirar de las bolsas, y una amenaza de acciones legales

Polémica con la gestión de personal en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA). Según denuncian varios trabajadores y opositores, la Administración autonómica estaría recurriendo a contrataciones directas al margen de las bolsas públicas de empleo para cubrir decenas de puestos de orientadores laborales, una práctica que consideran "irregular" y contraria a los principios de "igualdad, mérito y capacidad" que marca la Constitución. Y que está levantando, además, sospechas de "enchufismo".

El conflicto tiene su origen en la creación del cuerpo de orientadores laborales. Tras un intento fallido en el pasado, cuando los tribunales tumbaron una bolsa al no existir formalmente el cuerpo, el Principado aprobó finalmente esta categoría y lanzó, el pasado mes de marzo, una convocatoria extraordinaria para crear una lista de candidatos. Sin embargo, el elevado número de aspirantes habría colapsado el proceso. Una situación que el sindicato CSIF ha denunciado a través de un escrito a la dirección de Empleo Público.

"Se presentaron miles de personas y no son capaces de gestionarlo", explican fuentes conocedoras del procedimiento, que hablan de "más de 7.000 solicitudes sin revisar". Ante esta situación, la Administración habría optado por dejar la bolsa en suspenso temporal, a la espera de una prórroga que permita tramitarla.

Desde CSIF señalan que la constitución de las bolsas extraordinarias debe realizarse en un plazo máximo de 20 días hábiles. Un tiempo "ampliamente superado desde el 25 de marzo". Mientras tanto, y según el escrito del sindicato, el Ejecutivo regional estaría cubriendo necesidades urgentes de personal por otra vía: la selección directa a través del propio servicio de empleo. Mediante este sistema se prevé la incorporación de 49 trabajadores, a los que se suman al menos 16 contrataciones ya realizadas bajo criterios similares.

Los requisitos exigidos pasan por acreditar experiencia previa (hasta 36 meses) en funciones de orientación laboral o gestión en oficinas de empleo. Sin embargo, los críticos con el proceso advierten de la falta de mecanismos objetivos de selección. "No hay exámenes ni pruebas competitivas. Se elige a candidatos y se envía una terna por plaza a Función Pública, pero no está claro cómo se decide finalmente quién entra", señalan.

Además, subrayan que existen bolsas de empleo "análogas", como las del cuerpo de gestión, que podrían utilizarse conforme a la normativa vigente. "Antes se tiraban de esas listas, formadas por personas que sí han pasado un examen. No se entiende por qué ahora no", añaden.

Las sospechas de arbitrariedad se ven alimentadas por el perfil de algunos de los contratados. "En muchos casos son personas con larga experiencia en entidades colaboradoras o conocidas en las oficinas de empleo. Eso hace que haya la sensación de que es un sistema abierto a enchufes", critican.

El malestar crece especialmente entre quienes llevan años preparando oposiciones. Denuncian que estas contrataciones podrían derivar en procesos de estabilización futura que consoliden a trabajadores sin haber superado pruebas selectivas. En el escrito, CSIF exige que "se publique con la máxima urgencia la relación provisional o definitiva que corresponda, con indicación de puntuaciones y orden de prelación".

Ante esta situación, varios afectados se están organizando para emprender acciones legales. "Estamos preparando un recurso contencioso-administrativo si esto sigue adelante", explican, además del escrito remitido al servicio de empleo público y al que esperan "se dé respuesta dentro del plazo legal establecido".

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