IU vincula las ayudas a víctimas con la depuración de responsabilidades políticas en el caso Cerredo
La coalición recalca que la cobertura de la compensación ha de ser "justa, suficiente e igualitaria", y pide que "no distinga entre víctimas" para incluir a heridos y a quienes sufrieron el siniestro de 2022 en la mina de Degaña
Barbón y Zapico en la Junta, en una imagen de archivo. / Juan Plaza
Izquierda Unida de Asturias ha reclamado que la futura línea de ayudas a víctimas de accidentes laborales anunciada por el Gobierno del Principado no se aborde de forma aislada y vaya acompañada del análisis de las responsabilidades políticas derivadas del accidente de la mina de Cerredo. La coalición señala el accidente de 2025, pero también el de 2022, que considera vinculado con el fondo de la cuestión. La formación subraya que ambas cuestiones están necesariamente conectadas y que la respuesta institucional debe ser integral.
La coalición valora que el Ejecutivo haya dado un paso al plantear mecanismos de apoyo para las víctimas y sus familias, pero insiste en que estas ayudas deben garantizar una cobertura “justa, suficiente y, sobre todo, igualitaria”. En este sentido, advierte de que no puede haber distinciones entre afectados y reclama que las compensaciones alcancen a todas las personas perjudicadas, incluidas las que sufrieron heridas o consecuencias indirectas de los siniestros.
IU sostiene que, si la vía actualmente planteada por el Gobierno no permite cubrir a todos los afectados, deben explorarse de inmediato alternativas que lo hagan posible, evitando respuestas parciales ante situaciones de esta gravedad. La formación defiende una respuesta pública sólida basada en la equidad y en la protección efectiva de las víctimas.
Izquierda Unida ha defendido que el Gobierno asuma la responsabilidad patrimonial en la gestión de la mina de Cerredo y que alcance un acuerdo extrajudicial con las víctimas antes de permitir que el asunto llegue a los tribunales.
En paralelo, insiste en que el debate sobre las ayudas no puede desligarse del esclarecimiento de los hechos y la asunción de responsabilidades. “Reiteramos que esta cuestión no puede desvincularse del análisis de las responsabilidades políticas derivadas de lo ocurrido”, señala la organización, que mantiene su exigencia de llegar “hasta las últimas consecuencias”.
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