María Teresa tiene párkinson, va en silla de ruedas y lleva año y medio esperando por residencia pública en Asturias: "Estamos tirando de ahorros para pagar la privada"

María Teresa Alonso tiene párkinson y una dependencia reconocida de grado II. Hace más de año y media, su familia solicitó a la Consejería de Derechos Sociales la revisión de su situación ante el empeoramiento de su salud. “Va en silla de ruedas y está bastante mal”, explica su hija, María José Ponce. Su madre lleva tres años en una residencia privada en Oviedo, pero su objetivo siempre ha sido que pueda disfrutar de una plaza en la pública, lo que sería posible si le concediesen el grado III de dependencia.

Y así debería ser. “Cuando solicitamos la revisión y vinieron a ver a mi madre ya me dijeron que la valoración era positiva, pero todavía no nos acaban de mandar la resolución definitiva del Principado”, cuenta Ponce. La ovetense es consciente de que estas tramitaciones suelen alargarse en el tiempo, aun más tras los problemas que produjo la implantación de la historia social única el pasado verano.

El cambio al nuevo sistema provocó un “caos” en la tramitación de la dependencia, con los trabajadores, como ellos mismos denunciaron, sin poder acceder al sistema durante semanas y con miles de solicitudes acumulándose. Como la de María Teresa Alonso.

El problema llegó cuando en una de las muchas llamadas que Ponce realizó para interesarse sobre la tramitación del expediente de su madre le dijeron que habían suspendido temporalmente la renovación de grados por este problema en el sistema. La Consejería decidió priorizar las nuevas solicitudes para intentar agilizar el procedimiento hasta recuperar un ritmo de trabajo adecuado.

“A mí me dio la sensación de que la renovación del grado de mi madre ya no se iba a hacer. Se escudan en que está en una residencia privada y está bien cuidada”, apunta Ponce, quien no pudo contener las lágrimas el día que le dijeron que, por el momento, la renovación de la dependencia de su madre estaba paralizada.

Insiste en que su objetivo siempre fue llevar a su madre a la pública, pero con el grado dos no tienes plaza directa: “Las residencias privadas están saturadas y muy llenas, creo que en una pública estaría mejor”.

Actualmente, la residencia de Alonso tiene un coste de 2.500 euros al mes, de los que 635 euros corresponden a una ayuda que el Principado concede a la familia. “Mis padres tienen una sola pensión de 1.600 euros, el perjuicio patrimonial es importante. Estamos tirando de los ahorros”, reconoce Ponce, quien se hace además una pregunta de futuro: “¿Qué pasará cuando mi padre ya no pueda vivir solo?”.

Para la ovetense, “es injusto que no resuelvan el expediente de mi madre porque nos dijeron que la valoración era positiva; tenemos derecho a esa plaza”. “Yo solo pido que se reconozca lo que a mi madre le corresponde, los mismos derechos que tiene cualquiera”, sentencia.

Ponce se muestra muy dura con los retrasos en la tramitación, que actualmente ronda los 400 días: “¿Cómo pueden jugar así con la vida de las personas? Yo como contribuyente si tengo que hacer un trámite y tengo un problema con mi ordenador me tengo que buscar la vida, si no, llegan rápidamente las sanciones… ¿Por qué la Administración no?”.

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