El Principado ciñe al "ámbito político y de partidos" la fractura en el Ejecutivo por el caso Cerredo y confía en la estabilidad del Gobierno

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, reconoció este martes las profundas discrepancias entre el PSOE, parte mayoritaria del Ejecutivo e Izquierda Unida, sobre la lectura política del accidente de la mina de Cerredo y del borrador de dictamen elaborado por Covadonga Tomé. Peláez, no obstante, trató de limitar esas diferencias al "ámbito de las formaciones políticas que sostienen al Gobierno" y confió en que que no comprometan la estabilidad ni la actividad del Ejecutivo de coalición.

Precisamente esas diferencias llevaron al propio Peláez a especificar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, cuándo hablaba por boca de la parte socialista del Ejecutivo y cuándo como portavoz de todo el gobierno autonómico. Así, como portavoz conjunto, señaló que la prioridad inmediata del Gobierno es aprobar las prometidas ayudas para las víctimas de accidentes laborales, que incluirán a las familias de los fallecidos en la mina de Cerredo. No obstante, Peláez no concretó plazo de presentación ni hasta cuándo tendrá carácter retroactivo. Según afirmó, el Gobierno trabaja en definir el alcance, las cuantías, el ámbito temporal y los posibles beneficiarios de esas ayudas, que quiere aprobar “lo antes posible”.

A la pregunta de si las discrepancias internas pueden comprometer la repetida etiqueta de "Gobierno de unidad", Peláez expresó su convencimiento de que el Gobierno "está centrado en conseguir ensanchar el estado del bienestar y mejorar la actividad económica en Asturias". Aseveró también que "siendo dos formaciones políticas distintas hemos logrado una gran estabilidad con tres presupuestos aprobados". De hecho, puso como contrajemplo "la inestabilidad" en los gobiernos autonómicos de la derecha, "que deben recurrir a un acerdo tan vergonzante como ese de la prioridad nacional". Añadió como prueba de normalidad que en las más de dos horas de reunión del Consejo de este lunes "se trataron asuntos de actualidad y medidas de gestión".

Diferencias sobre el dictamen

La discrepancia se centra en la valoración del borrador de dictamen sobre el accidente de Cerredo y en la interpretación del informe de la Inspección General de Servicios que detectó deficiencias en el servicio de Minería. Peláez sí habló al respecto como portavoz de "la parte mayoritaria del Gobierno" para considerar que el documento elaborado por la diputada Covadonga Tomé, presidenta de la comisión de investigación parlamentaria, tiene un carácter “eminentemente político” y que "no acredita una relación directa de causalidad entre la actuación administrativa y el accidente".

Peláez distinguió entre "admitir fallos en el funcionamiento administrativo y asumir responsabilidad política" por el resultado del siniestro. Recordó que, a la luz del informe de la Inspección General de Servicios, el Gobierno reconoció que el servicio “no funcionaba como debía funcionar”. Sin embargo, añadió que “de ahí a decir que ese funcionamiento anormal del servicio causó cinco muertes hay un paso muy grande” que, según el PSOE, no puede asumirse con la información disponible en este momento.

Peláez insistió en que el Gobierno no descarta que puedan aparecer responsabilidades en el futuro, pero defendió que deben derivarse de las investigaciones abiertas. En ese sentido, recordó que hay actuaciones administrativas en marcha a raíz del informe de la Inspección General de Servicios, que se han iniciado investigaciones sumarias sobre elementos concretos, que el informe se puso en manos de la Fiscalía y que continúa abierto un procedimiento judicial en el juzgado de Cangas del Narcea.

“Lo que queremos es el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia, caiga quien caiga”, resumió el portavoz, en referencia a las palabras pronunciadas anteriormente por el presidente del Principado. Peláez explicó que esa expresión repetida por Adrián Barbón alude al compromiso del Ejecutivo de conocer la verdad y depurar responsabilidades cuando estas "se pongan de manifiesto".

La relación con Covadonga Tomé

El portavoz del Gobierno también fue preguntado por la posible incidencia de esta situación en las negociaciones con la diputada Covadonga Tomé (única diputada de la izquierda ajeno al Ejecutivo que puede dar mayoría parlamentaria) sobre asuntos pendientes en la Junta General, como la dirección de la RTPA o la aprobación de leyes. Peláez remitió la cuestión a los grupos parlamentarios, aunque admitió que el Gobierno “no puede ser ajeno” a las mayorías que necesita para impulsar sus medidas en el Parlamento asturiano. En todo caso, reiteró que, para la posición de la parte socialista del Ejecutivo, el borrador sobre Cerredo es un documento “de parte”, con “juicios de valor” y sin el fundamento jurídico necesario para atribuir una responsabilidad directa al Gobierno.

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