La brecha política en el Principado por el caso Cerredo crece: la fórmula de las ayudas a las víctimas ahonda las discrepancias entre PSOE e IU

Los dos socios del Gobierno asturiano, PSOE e IU, mantienen posiciones irreconciliables respecto a la lectura y consecuencias políticas del accidente de Cerredo de marzo de 2025, en el que murieron cinco trabajadores. Consciente de ello, el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, trató de limitar esas diferencias al «ámbito de las formaciones políticas que sostienen al Gobierno» y confió en que no comprometan la estabilidad ni la actividad del Ejecutivo de coalición.

Sin embargo, las diferencias volvieron a aflorar ayer incluso sobre el diseño de las ayudas anunciadas por el Gobierno a víctimas de accidentes laborales, una medida impulsada por la parte socialista tras pedir la diputada Covadonga Tomé, presidenta de la comisión parlamentaria del caso Cerredo, un anticipo de indemnización para las familias de los fallecidos. y reclamarlo también IU y el resto de partidos.

Peláez anunció, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que el Ejecutivo aprobaría «lo antes posible» esas ayudas a víctimas de accidentes laborales, pero sin concretar plazos y tampoco si incluirá heridos o si alcanzará hasta las víctimas del accidente de Cerredo en el año 2022. Peláez no descartó ninguna opción, pero afirmó que el Gobierno trabaja en definir alcance, cuantías, ámbito temporal y posibles beneficiarios.

Aunque el portavoz delGobierno fue preciso al detallar en su exposición qué afirmaba en representación de todo el Ejecutivo y qué decía expresando el sentir «de la parte mayoritaria del Gobierno» (el PSOE), la réplica no tardó en llegar desde IU.

La coalición insistió en que la compensación a las víctimas habrá de ser «justa, suficiente e igualitaria», y exigió que «no distinga entre víctimas», de modo que incluya a heridos y a quienes sufrieron el accidente de 2022. En cualquier caso, IU insistió en su tesis: que el debate sobre las ayudas «no puede desvincularse del análisis de las responsabilidades derivadas de lo ocurrido», lo que conduce a la grieta entre ambos partidos, el señalamiento de responsables y su cese de cargos políticos. Con todo, Peláez insistió en su convencimiento de que las diferencias en el autodenominado «gobierno de unidad» forman parte de la discrepancia de partidos, mientras el Ejecutivo «está centrado en conseguir ensanchar el estado del bienestar y mejorar la actividad económica en Asturias». Y recordó «la gran estabilidad acanzada con tres presupuestos aprobados», frente a «la inestabilidad» de los gobiernos autonómicos de alianzas de la derecha.

Ya desde la parte socialista del Ejecutivo, Peláez calificó de documento «eminentemente político» el borrador de dictamen de la comisión parlamentaria sobre el accidente, elaborado por la diputada Covadonga Tomé y que señala responsabilidades políticas de los exconsejeros y de tres funcionarios: «No acredita una relación directa de causalidad entre la actuación administrativa y el accidente», dijo Peláez.

Aunque admitió que a la luz del informe de la Inspección General de Servicios, el servicio de Minería «no funcionaba como debía funcionar», añadió que «de ahí a decir que ese funcionamiento anormal causó cinco muertes hay un paso muy grande». No cerró la puerta a señalar responsabilidades políticas, pero solo cuando estén claras a ojos de los socialistas, algo que ahora no sucede pese a la interpretación contraria del todo el resto de partidos.

El portavoz del Gobierno también reconoció que el Ejecutivo «no es ajeno» a las consecuencias que puede tener el choque con Tomé, única diputada de la izquierda ajena al Ejecutivo y clave para lograr sumar mayoría parlamentaria.

Mientras, la diputada Covadonga Tomé mantiene firme la defensa de su borrador de dictamen. «Caiga quien caiga es caiga quien caiga», insistía ayer en una publicación en redes en la que repetía los nombres de los exconsejeros Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández, acompañándolo de declaraciones de CC OO y el SOMA, favorables a señalar responsables políticos.

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