Roselina Fernández, gijonesa con ELA, necesita que el Principado amplíe su grado de dependencia: "Hace poco me enteré que seguía sin tramitarse"

Roselina Fernández, vecina de Gijón, tiene 54 años y fue diagnosticada de ELA en 2022. Es una de las muchas asturianas que siguen pendientes del desarrollo efectivo de la ley estatal, pero en su caso la espera se complica aún más: mantiene una batalla abierta con la propia administración autonómica.

Fernández tiene reconocido un grado de dependencia inferior al máximo, lo que le permite acceder a una ayuda de 17.500 euros anuales. Sin embargo, reclama el reconocimiento del grado III, que elevaría esa cuantía hasta los 20.000 euros. “Me denegaron el grado III en enero, recurrí a principios de febrero y todavía sigo esperando respuesta. Hace poco la Consejería de Derechos Sociales me contestó que mi recurso seguía en el registro, sin ni siquiera haberse tramitado. Algo falla en el sistema si pasa esto, es una vergüenza”, denuncia, visiblemente contrariada.

La normativa estatal establece que la administración debe resolver este tipo de expedientes en un plazo máximo de 90 días, pero en la práctica, asegura, los tiempos se alargan mucho más. Ella es el ejemplo. Esa demora, en una enfermedad como la ELA, donde la evolución es rápida y las necesidades cambian en cuestión de semanas, tiene consecuencias directas en la calidad de vida de los pacientes.

También cuestiona el proceso de valoración que determinó su grado de dependencia. “La persona que me evaluó dice que no tengo miedo a salir de casa, que manejo bien la silla y que comprendo las preguntas, y que por eso no alcanzo el grado que solicito. Pero la realidad es que necesito ayuda para casi todo”, explica. A su juicio, los criterios no siempre reflejan la situación real de los enfermos ni el nivel de apoyo que requieren en su día a día. “A veces pienso que lo mejor para la valoración es parecer peor de lo que estás o incluso fingir, así de triste”, destaca.

“Muchas veces, quienes padecemos esta enfermedad tenemos una batalla constante contra la administración, con mucho desgaste personal”, añade. Fernández vive sola, aunque necesita cuidados continuos. Los costes, subraya, son elevados y constantes. “Solo un cuidador a jornada completa, de lunes a viernes, puede costar unos 1.700 euros al mes, sin contar fines de semana, noches o necesidades adicionales que van surgiendo”, detalla.

A esa carga económica se suman otros gastos habituales: adaptaciones en la vivienda, productos de apoyo o asistencia especializada. Todo ello configura una situación que, según relata, resulta difícil de sostener sin un respaldo público suficiente. “No se trata de pedir más de lo que corresponde, sino de que se reconozca lo que realmente necesitamos. El tiempo, en esta enfermedad, es clave, y cada retraso pesa mucho”, concluye.

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