IU se reafirma en la exigencia de "dimisiones inmediatas" por el caso Cerredo y ahonda la brecha con el PSOE por las responsabilidades políticas

Izquierda Unida ha elevado la presión sobre el PSOE y el Gobierno del Principado por el accidente de Cerredo. La colegiada de IU aprobó por unanimidad el análisis realizado por la organización sobre el informe de la Inspección General de Servicios, adelantado por LA NUEVA ESPAÑA, y se reafirmó en la exigencia de que se produzcan dimisiones “inmediatamente” por las responsabilidades políticas derivadas de un caso en el que murieron cinco personas en 2025 y hubo otra víctima mortal en 2022. Delia Campomanes, dirigente de IU, defendió tras la reunión que la posición de su formación no cambia “independientemente de quién esté en contra o no lo vea”, en alusión directa al PSOE.

Campomanes sostuvo que IU no comparte la interpretación que el PSOE está haciendo del informe y recordó que el propio presidente del Principado había defendido que debía asumirse “caiga quien caiga”. “Entendemos que esa es la postura que teníamos que tener ambos”, afirmó. La dirigente de IU evitó hablar de ruptura en el Ejecutivo de coalición, pero dejó clara la discrepancia de fondo: para Izquierda Unida, las responsabilidades políticas no pueden quedar supeditadas a la investigación judicial.

La portavoz insistió en que existen tres vías distintas abiertas sobre Cerredo: la judicial, la de la Inspección General de Servicios y la comisión de investigación de la Junta General. A su juicio, cada una debe dirimir responsabilidades diferentes. “Nosotros nos ceñimos a las responsabilidades políticas, que es para lo que sirve la comisión de investigación de la Junta”, señaló. Esa separación es, precisamente, uno de los puntos de choque con el PSOE, que ha apelado a la prudencia y a la necesidad de esperar a resoluciones judiciales antes de señalar responsabilidades.

Un informe que IU da por válido

IU salió en defensa del informe de la Inspección General de Servicios y lo calificó como un documento “profundo, detallado y bien trabajado”, con conclusiones “bastante claras”. “No lo ponemos en duda. Es más, creemos que es un buen informe”, afirmó.

La dirigente de IU fue más allá y aseguró que el análisis de su organización ahonda incluso en otros aspectos que deberían incorporarse al dictamen parlamentario. Entre ellos citó expresamente la posible responsabilidad del Ayuntamiento de Degaña y de su alcalde. Campomanes recordó que la administración local tiene competencias en materia de licencias y seguimiento, por lo que IU considera necesario que el informe de la comisión incluya “algún señalamiento” o “manifestación de responsabilidad” también hacia ese ámbito local.

La posición de IU endurece el debate político sobre Cerredo en un momento especialmente delicado para el Gobierno autonómico. La organización no se limita a pedir responsabilidades en abstracto, sino que sostiene que quienes tuvieron responsabilidades de gestión en aquel momento no pueden continuar en cargos públicos o institucionales. Campomanes recordó que la que fuera directora general de Minas y exconsejera Belarmina Díaz ya dimitió, pero añadió que deben asumirse todas las responsabilidades pendientes. “Dimitir o cesar o lo que corresponda, pero lógicamente entendemos que hay una responsabilidad política y que no se puede seguir en cargos”, indicó.

Preguntada por casos concretos, como el del exconsejero y actual responsable de Hunosa, Enrique Fernández, Campomanes admitió que el Principado no tendría competencia directa para cesarlo si se trata de un nombramiento dependiente de la Administración estatal. Sobre otros nombres mencionados en el informe, como Nieves Roqueñí, que ya rechazó dimitir, la dirigente de IU se limitó a reiterar que su formación reclama “dimisiones inminentes políticas” de quienes gestionaron el asunto.

Prudencia con los funcionarios

Campomanes sí introdujo un matiz respecto a los funcionarios citados en el informe y en el debate parlamentario. IU trabaja en alegaciones al dictamen de la comisión, que presentará la próxima semana, y en ese trámite estudiará cómo abordar los posibles señalamientos a empleados públicos. “Hay que tener prudencia con el tema de que son trabajadores y funcionarios”, dijo.

La dirigente de IU admitió que el propio informe describe una “arquitectura administrativa” que favoreció la existencia de actividades ilegales, pero subrayó que el dictamen parlamentario debe centrarse en responsabilidades políticas. Por eso, IU esperará a los informes de los letrados y al análisis jurídico antes de decidir hasta dónde deben figurar los nombres de funcionarios en el texto final. La formación, en cualquier caso, presentará alegaciones, aunque Campomanes no concretó cuántas.

La reunión de la colegiada sirvió, según explicó, para fijar de forma unánime la posición de IU tras una semana de tensión con el PSOE. Campomanes defendió que su partido actuó con “responsabilidad y seriedad” y recalcó que no se puede “jugar” con un asunto que dejó seis muertos. Esa referencia marcó el tono de una comparecencia en la que IU quiso dejar claro que no rebajará sus exigencias.

Campomanes evitó anticipar qué hará IU si el PSOE mantiene su negativa a pedir dimisiones o ceses. “Vamos a esperar cómo gestionan o cómo se pronuncian o qué decisiones toman al respecto para luego poder valorar y posicionarnos”, señaló. También descartó, por ahora, que la crisis pueda fracturar el Gobierno de coalición. “No creemos”, respondió.

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