Juristas internacionales alertan del choque entre legalidad y poder en Venezuela

Cuatro reconocidos juristas internacionales debatieron ante más de un centenar de asistentes los sucesos de Venezuela desde la óptica del derecho. Lo hicieron en una nueva sesión del Espacio de Estudios Jurídicos Hispanoamericanos que promueve Javier Junceda, una iniciativa que en cada cita supera las cifras de inscritos, procedentes de España y de toda Iberoamérica.

El diplomático Óscar Maúrtua, canciller en dos ocasiones de Perú, señaló que “el Estado de Derecho en Venezuela ya se encontraba profundamente erosionado tras años de concentración de poder bajo el régimen de Nicolás Maduro. Pero la captura del mandatario ha sido cuestionada en términos de derecho internacional, al ejecutarse sin autorización ni respaldo de instancias como el Consejo de Seguridad de la ONU. El procesamiento de Maduro tampoco respondió a un mandato internacional, sino a la aplicación de la legislación interna estadounidense, lo que evidencia una tensión crítica entre jurisdicción nacional y legalidad internacional”.

En cuanto al panorama actual, Maúrtua considera que “el reto ahora es político e institucional, pues se deberá reconstruir la legitimidad democrática a través de elecciones libres, transparentes y verificables, que permitan cerrar esta etapa sin consolidar precedentes que debiliten el orden internacional”.

Para Adolfo Menéndez, abogado del Estado y profesor de Derecho Público, “el único camino fiable hacia la estabilidad social, la justicia y la prosperidad pasa por respetar las normas aprobadas entre todos pensando en el bien común, junto con un poder judicial independiente que impida la arbitrariedad y el abuso de poder”. Por eso, para Menéndez, “Venezuela no es hoy un Estado de Derecho, pero sí es una esperanza, porque la legalidad no puede usarse nunca, ni en ningún sitio, como excusa para el mal ni como amparo de la vesania antidemocrática”.

Más crítico se mostró Francisco Miró-Quesada, jurista limeño, para quien “Venezuela es un país doblemente capturado. Primero por una dictadura y ahora por un ‘madurismo sin Maduro’, como lo llamó el periodista argentino Oppenheimer; es decir, continúa siendo una dictadura sostenida por Estados Unidos, por la voluntad de su megalómano presidente”. Para Miró, “Venezuela sigue sometida por una dictadura que todavía mantiene a opositores en la cárcel y cuenta con el amparo del gobierno de Trump, un presidente inestable cuya conducta está desatando consecuencias peligrosas para la paz mundial”.

Finalmente, María Mut, vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Cataluña, sostuvo que “el Derecho Internacional Público prohíbe que un Estado intervenga en la soberanía de otro sin una causa jurídicamente válida, como la legítima defensa o la autorización internacional. La ONU es el principal organismo encargado de garantizar la paz y la seguridad internacionales, pero su eficacia se ve limitada por factores como la burocracia y el derecho de veto en el Consejo de Seguridad”. Para Mut, “el caso de Venezuela evidencia las limitaciones actuales del derecho internacional: múltiples informes, resoluciones y pronunciamientos de organismos internacionales han denunciado violaciones de derechos humanos y la crisis institucional en el país, sin lograr resultados concretos antes de los sucesos del pasado mes de enero”.

La próxima sesión del Espacio, dedicada en mayo a analizar los desafíos del derecho mercantil y de las inversiones en Hispanoamérica, reunirá a Luis Gerardo del Valle, fiscalista internacional en México; a Fernando Fábregas, referente del derecho corporativo panameño; a Néstor Méndez-Gómez, destacada figura jurídica puertorriqueña y presidente de la Fundación de la Corte Suprema del país; y a Pablo Álvarez de Linera, mercantilista español con dilatada trayectoria y vinculado a numerosas iniciativas inversoras entre Europa y América.

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