Nuria Rodríguez, directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad sexual y LGTBI: "Hay más personas del colectivo LGTBI que vuelven al armario por miedo"

Nuria Rodríguez lanza al parlamento desde su dirección general dos leyes ya en trámite: la esperada ley LGTBI y la de Participación. En unas semanas comenzará el debate sobre la ley LGTBI, que ya ha levantado críticas en algunos colectivos.

El proyecto de ley LGTBI ya venía pendiente de la pasada legislatura. ¿Por qué tardó?

En esta legislatura decidimos hacer desde el principio un proceso participado por las entidades LGTBI asturianas. Nos parecía que no tenía sentido elaborar una ley sin que las personas beneficiarias pudieran expresar lo que necesitan y sus principales reivindicaciones.

Ha sido un proceso lento porque nos hemos tenido que adaptar a muchas personas. Nos reunimos todas las semanas desde el 20 de noviembre de 2023 hasta que finalizó un proceso abierto, responsable y sensato, con el asesoramiento de la Universidad de Oviedo.

¿Qué destacaría como principales fortalezas de esta ley?

Tener ley ya es una fortaleza en sí misma. El hecho de ser el penúltimo territorio en obtener esta norma ya es relevante. Es una ley elaborada de manera participada por las personas de los colectivos LGTBI y sus familias. Además, está aterrizada en las necesidades y especificidades de Asturias. Es una ley hecha desde el territorio al territorio.

¿La ley estatal no era suficiente?

Tenemos competencias en educación y en sanidad, por poner un ejemplo. La ley estatal dice que los territorios tienen que adaptar la norma a las necesidades de la ciudadanía y del entorno concreto. Hay cuestiones que tenemos que matizar desde el ámbito autonómico.

Además, tenemos especificidades, como el ámbito rural asturiano, que no tiene nada que ver con un marco estatal que establece un armazón general para todos los territorios y que invita a las comunidades autónomas a desarrollar su propia normativa.

Asociaciones de mujeres afirman que las sanciones son muy elevadas, hasta 150.000 euros si no se educa en diversidad sexual. ¿Es una ley sancionadora?

Es una ley que tiene régimen sancionador, pero no es una ley sancionadora en absoluto. Ese dato es falso. Las posibles sanciones con respecto al incumplimiento de lo que se determina en el apartado de educación son casi todas consideradas infracciones leves o graves, nunca muy graves. Las leves tienen un máximo de 2.000 euros y las graves serían de 10.000.

Las sanciones se establecen porque es importante evitar discursos que puedan dañar, sobre todo en espacios como el educativo, donde los niños y las niñas del colectivo LGTBI pueden ser muy vulnerables. Es una cuestión preventiva. Lo que dice la ley es que se habrá de educar en el respeto a la diversidad, no que haya obligación de educar desde la diversidad.

Algunas entidades feministas también dicen que los menores de 16 años podrán acceder a tratamientos hormonales. Y que los sanitarios no pueden acojerse a cláusulas de conciencia.

Son varias entidades del movimiento feminista, creo que cinco, pero hay una enorme mayoría de entidades feministas que no están en ese posicionamiento y que sí consideran importante que tengamos una ley LGTBI en Asturias.

Con respecto al espacio médico, creo que les falta muchísima información y que esas afirmaciones no atienden a la realidad. En un Estado democrático todo el mundo puede expresar su opinión, pero desde el ámbito feminista tenemos la obligación moral de ceñirnos a los datos de la manera más rigurosa posible.

¿Están dispuestos a incluir ajustes para conseguir una mayoría más amplia?

Como Gobierno tuvimos un proceso inicial de redacción colectiva. Hubo un proceso de alegaciones, en el que se presentaron aportaciones de todo tipo, y posteriormente las diferentes consejerías hicieron sus matizaciones.

Una vez que la ley sale del Gobierno, el Parlamento asturiano tiene autonomía suficiente para plantear enmiendas, mejoras o cambios. Sería ideal y de justicia con los derechos humanos que esta ley saliera aprobada por una gran mayoría. Sí esperamos que haya negociación y acercamiento de posturas por parte del resto de grupos parlamentarios y que esta ley obtenga el mayor respaldo posible. Eso significará que en Asturias somos capaces, a través de las leyes, de representar una tierra abierta, respetuosa y diversa.

Vox ya ha dejado claro su rechazo.

He repetido en diferentes ocasiones, y me siento autorizada para decirlo también por los colectivos LGTBI, que no queremos el apoyo de Vox. No tenemos ninguna necesidad ni interés en que Vox le preste atención a esta ley. Sabemos cuál va a ser su posicionamiento porque lo han verbalizado en diferentes ocasiones.

El PP condiciona su posición a que las familias tengan voz en los procesos de terapia.

La ley respeta lo establecido en la ley de consentimiento informado. No hay ningún quiebro en ese sentido. En todo caso, el diálogo siempre va a ser positivo y bienvenido, tanto para esta ley como para cualquier otra.

¿Percibe un retroceso en los derechos de los colectivos LGTBI?

Sin duda. Los casos de agresiones no han dejado de aumentar, tanto físicas como verbales. Cada vez hay más personas que se ocultan, que esconden su situación.

Sabemos de personas LGTB que están casadas y que no dicen en sus puestos de trabajo que lo están. También pasa en los centros educativos. Los jóvenes y las jóvenes del colectivo están volviendo al armario. No se atreven. Tienen miedo porque escuchan comentarios y discursos LGTBIfóbicos sin ningún tipo de reparo. Las personas que los dicen no tienen ningún respeto y lo hacen de manera abierta. Nuestros niños y nuestras niñas lo están pasando francamente mal. Esto forma parte de un discurso a nivel mundial potenciado, protagonizado y ejecutado por el fascismo allí donde gobierna.

Su dirección también impulsa la ley de participación ciudadana. ¿Qué persigue con ella?

Tampoco tenemos ley de participación ciudadana y es una anomalía democrática que debemos corregir. Necesitamos una norma que garantice que no solo las entidades, sino también la ciudadanía, puedan formar parte del sistema democrático. La ley se ha construido de manera participada. En torno a 400 entidades, tanto de forma presencial como telemática, hicieron aportaciones. Tenemos un texto que recoge las necesidades trasladadas por los colectivos y por la ciudadanía y que va a potenciar el sistema participativo y el derecho a la participación.

Tras casi ocho años, el Consejo de Transparencia empieza a funcionar, pero aún queda garantizar los recursos. ¿La transparencia es algo que se ejerce de boquilla?

Cuando se tiene una ley, nos tenemos que ceñir a lo que dice. La transparencia es fundamental para la democracia. La ciudadanía tiene derecho a acceder a la información y a los expedientes. Es cierto que aún nos queda mucho trabajo por hacer. El Consejo de Transparencia es el primer hito. A partir de ahí se tienen que desarrollar reglamentos y disposiciones legales que faciliten que esta cuestión se lleve a cabo. Además, tenemos un presidente del Consejo muy formado, con muchas ganas de trabajar y de defender los derechos de la ciudadanía asturiana.

Suscríbete para seguir leyendo