El testimonio de las familias de los mineros fallecidos en Cerredo agita al Gobierno asturiano: IU reclama ayudas económicas "urgentes"

Los testimonios de los familiares de cuatro de los cinco mineros fallecidos en la mina de Cerredo (Degaña), que hablaron por primera vez con LA NUEVA ESPAÑA, han sacudido el debate político en torno al accidente minero más grave registrado en Asturias en los últimos cinco años. Sus palabras han puesto de relieve, además, las diferencias de enfoque entre los dos partidos que sostienen el Gobierno del Principado, PSOE e IU, a la hora de afrontar las consecuencias del suceso.

Desde la Federación Socialista Asturiana (FSA) se limitaron a trasladar que “ofrecemos todo nuestro apoyo, afecto y comprensión a las familias de los fallecidos en el accidente”. En cambio, desde Izquierda Unida se ha ido un paso más allá al exigir una “ayuda inmediata a las familias”. Por su parte, la oposición ha insistido en reclamar “responsabilidades políticas” al Ejecutivo autonómico, apuntando a posibles fallos en la administración que habrían permitido la actividad en el yacimiento.

El Principado concretará “en los próximos días la definición y el alcance” de las ayudas anunciadas para las víctimas de accidentes laborales, que incluirán a los mineros. Según fuentes del ala socialista del Ejecutivo, se trata de una iniciativa “pionera y con notable repercusión social”. Estas mismas fuentes, tras conocerse los testimonios de los familiares —que denuncian, entre otros aspectos, la ausencia de indemnizaciones tras un accidente que consideran “evitable”—, reiteraron el “respeto a las familias y amistades de los cinco mineros fallecidos” y aseguraron que el Gobierno “continuará dando pasos para avanzar con decisión” en la mejora de la protección a las víctimas.

Más contundente se mostró Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio y coordinador de IU en Asturias. “La desgracia de Cerredo tiene varias dimensiones muy graves. La ayuda inmediata a las familias es una obligación inexcusable”, afirmó. Zapico subrayó además que “la democracia no puede abandonar a las familias trabajadoras”, lo que implica, a su juicio, “reparación y justicia para las víctimas”. “Estamos a tiempo de actuar como nos obliga la ética. La reparación económica no puede dilatarse; hay fórmulas urgentes que se pueden afrontar”, añadió.

Los partidos de la oposición también reaccionaron al relato de los familiares. “Les manifestamos nuestra solidaridad ante el dolor que están sufriendo”, aseguró Rafael Alonso, diputado del PP. “Sus manifestaciones vienen a ratificar circunstancias que ya otros afectados pusieron de manifiesto, unas circunstancias de trabajo impropias de nuestro tiempo y un comportamiento empresarial no solo carente del más mínimo respeto, sino que los define como los presuntos delincuentes que son y por lo que están siendo investigados. Esperamos que las conclusiones de la Comisión de Investigación y la determinación de las responsabilidades políticas les sirvan no solo de muestra de respeto, sino que también permitan que vean reparado el daño que han sufrido”, recalcó.

Carolina López, de Vox, indicó que lo que piden los familiares “no es caridad, es justicia, verdad y responsables; quieren saber por qué fallaron los protocolos y por qué se estaba sacando carbón de forma ilegal con permisos que no están regulados”. Según López, las familias que han perdido a sus seres queridos “solo ven excusas y abandono”. Para la líder en Asturias de la formación de Santiago Abascal, “este trágico suceso no puede quedar en un titular, todos los responsables tienen que asumir las consecuencias de sus actos del primero al último”.

Covadonga Tomé, del grupo mixto, mostró su “máximo respeto para las familias; no cabe ninguna otra valoración”.

Adrián Pumares, de Foro, recalcó que “los tribunales determinarán las responsabilidades penales” y añadió que “los políticos tenemos la obligación de determinar las responsabilidades políticas y explicar a las familias y a todos los asturianos cómo un empresario sin escrúpulos pudo actuar con total impunidad, y tomar medidas para que ninguno pueda volver a hacer lo mismo”.

José Luis Alperi, secretario general del histórico sindicato minero SOMA-FITAG-UGT, lamentó el sufrimiento de los familiares: “Cuando leo a las familias de los mineros fallecidos en Cerredo, lo primero que pienso es lo lejos que estamos de alcanzar a comprender, mínimamente, su dolor y su rabia. Muy lejos. Solo espero que aquellos y aquellas a las que van dirigidas, en todos los ámbitos, sean capaces de escucharlas, desde la humanidad, y obrar en consecuencia”.

Ignacio Requena, responsable de industria del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) mostró su "respeto profundo, acompañamiento en el dolor y máximo compromiso en la búsqueda de la verdad y en que sobre los culpables caiga todo el peso de la ley". Requena asegura que "algo se debe poder hacer desde el legislativo para que la justicia se imparta en tiempo y forma". El responsable de Comisiones Obreras, además, pidió que "no se eternicen los procesos judiciales" y deseo que "no se repita lo acontecido en el pozo Emilio del Valle (Pola de Gordón León", cuando los empresarios mineros acusados de delitos de homicidio por imprudencia, a raíz de seis fallecidos en el yacimiento minero, fueron absueltos tras un accidente.

«Las familias de los mineros de Cerredo viven un doble calvario: por un lado han perdido un ser querido que jamás nadie se lo va a devolver y además están en una situación de absoluta indefensión», lamentó Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias.

«Pasan los meses y tienen que afrontar una serie de gastos sin tener amparo, ni ayuda ni soporte de ningún tipo. Lo que necesitan las familias es acompañamiento y que desde todos los ámbitos se agilice todo lo máximo posible, para que los culpables, cuanto antes, sean condenados por la justicia», destacó. n

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