Ni excepcional ni voluntario, el llamamiento de Asturias para que la consulta pública a las personas con discapacidad sea habitual y obligatorio en el diseño de políticas públicas

El 3 de mayo fue declarado por el Gobierno, mediante decisión del Consejo de ministros y a sugerencia del CERMI, Día Nacional en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 13 de diciembre de 2006, conmemorando así la fecha en que este tratado internacional de derechos humanos entró en vigor en todos los Estados parte, incluida España. El propósito de este Día Nacional es generar conocimiento y provocar toma de conciencia en todas las instancias, operadores, agentes y grupos de interés de la discapacidad como una parte, digna y valiosa de la diversidad humana, que solo puede entenderse y abordarse como una cuestión de derechos humanos.

Se cumplen, en 2026, veinte años de la adopción de este tratado internacional histórico que supuso un cambio de paradigma en la forma de entender la discapacidad en todo el mundo.

La Convención consolidó definitivamente la consideración de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, situando a las personas con discapacidad como titulares de pleno derecho y con capacidad para decidir sobre sus propias vidas y participar en igualdad de condiciones respecto a las y los demás en la sociedad. Se trata de tener una concepción integral del apoyo a las personas, no solo respondiendo a sus necesidades materiales sino también poniendo el foco en su esfera emocional.

Veinte años después, desde el CERMI queremos celebrar este aniversario como un hito de progreso colectivo, reconocer los avances alcanzados y reforzar el compromiso con una inclusión plena y efectiva.

La Convención representó una auténtica disrupción en el ámbito internacional de protección de los derechos humanos y una transformación profunda del enfoque tradicional hacia la discapacidad. Frente a visiones asistencialistas o meramente médicas, sentó las bases de un modelo sustentado en la dignidad inherente, la autonomía personal, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal y la participación plena en la sociedad de todas las personas con discapacidad, incluidas las mujeres y las niñas con discapacidad.

Gracias a este instrumento jurídico internacional vinculante, la discapacidad dejó de ser invisible en el sistema global de derechos humanos y pasó a ocupar un lugar mucho más destacado en las políticas públicas, en la legislación y en la conciencia social.

La Convención ha sido también una palanca positiva para la actuación de los poderes públicos, al proporcionar un marco estable para orientar leyes, políticas y decisiones públicas desde los principios de igualdad, inclusión, accesibilidad universal y participación. Su aportación no se limita a la protección frente a la discriminación, sino que impulsa una acción pública más proactiva, transversal y transformadora.

En estas dos décadas, la Convención ha impulsado cambios significativos que han mejorado las condiciones de vida de millones de personas con discapacidad y de sus familias. Entre los avances más significativos destacan:

1. El reconocimiento jurídico y protección de derechos, con reformas legislativas en numerosos países para garantizar la igualdad y combatir la discriminación por motivo de discapacidad.
2. Una más amplia participación de las personas con discapacidad y de sus organizaciones representativas en la gobernanza y en la elaboración de políticas públicas, consolidando el principio de “nada sobre las personas con discapacidad sin nosotras”.
3. Avances en la accesibilidad universal, que han permitido progresivamente eliminar barreras en los espacios físicos, tecnológicos, comunicativos y cognitivos.
4. Un mayor acceso a la educación inclusiva, al empleo y a la protección social, elementos fundamentales para cimentar la autonomía.
5. El reconocimiento del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido e incluida en la comunidad, fortaleciendo modelos basados en apoyos personalizados y procesos graduales de desinstitucionalización, para lo cual resulta imprescindible contar con recursos efectivos que promocionen la autonomía y con canales de participación en la toma de decisiones.
6. Un aumento en la toma de conciencia social, que ha contribuido a modificar percepciones, a barrer prejuicios y a reconocer el valor de la diversidad humana.

Estos logros han sido posibles gracias a la acción conjunta de instituciones públicas, organismos internacionales, sociedad civil organizada y, muy particularmente, del movimiento asociativo de la discapacidad. También las empresas, como actores sociales esenciales, han tenido un papel decisivo a la hora de hacer efectivos los derechos de la Convención mediante entornos laborales, bienes y servicios accesibles. Su implicación ha sido igualmente clave para avanzar en una responsabilidad compartida que sitúa la inclusión y los derechos humanos en el centro de su actividad.

En España, la Convención ha servido de marco para catapultar reformas legales y políticas públicas orientadas a garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación de las personas con discapacidad. El movimiento representado por el CERMI ha desempeñado un papel crucial en la promoción, defensa y monitoreo de su aplicación a través del reconocimiento de su papel como mecanismo independiente de seguimiento, desde el año 2011.

La incorporación del enfoque de derechos humanos en ámbitos como la capacidad jurídica, la accesibilidad, la educación inclusiva, la igualdad de género, la protección social o la participación política ha supuesto avances sustanciales hacia una sociedad más justa e inclusiva.

El camino continúa porque, a pesar de los progresos alcanzados, el pleno cumplimiento de la Convención sigue siendo un desafío. Persisten barreras visibles e invisibles, desigualdades y situaciones de discriminación, generadas en ocasiones por el estigma que impide que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y ser incluidas en los procesos de toma de decisiones en igualdad de condiciones. Esta situación requiere mantener y reforzar el compromiso colectivo.

Este vigésimo aniversario debe ser, por tanto, no solo una celebración, sino también una renovación del impulso transformador que inspiró la Convención.

Desde el CERMI reafirmamos nuestra determinación de seguir trabajando para que los principios de la Convención se traduzcan en hechos de la vida cotidiana de todas las personas con discapacidad. Porque una sociedad verdaderamente democrática solo lo es cuando garantiza la dignidad, la igualdad y la inclusión de todas las personas.

La Convención sigue siendo una guía, una conquista colectiva y una promesa de futuro.