El Principado se plantea ayudas de hasta 72.000 euros por familia por fallecidos en accidente laboral, incluidos los de Cerredo

El Gobierno del Principado se plantea aprobar una ayuda de entre 70.000 y 72.000 euros por unidad familiar para las familias de víctimas mortales de accidentes laborales, una medida que busca compensar también a los parientes de los cinco fallecidos en el accidente minero de Cerredo. El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, ha avanzado que la medida tendrá carácter retroactivo a 2025, incluirá a las familias de los fallecidos en el accidente minero de Cerredo y se llevará al Consejo de Gobierno “lo antes posible”.

Peláez ha explicado que el Principado trabaja en una prestación “absolutamente pionera” en el ámbito autonómico y ha defendido que el objetivo es cubrir “esa pérdida de recursos para la unidad familiar” que se produce tras un accidente laboral mortal.

El portavoz ha subrayado que la ayuda que prepara el Principado no será un anticipo de indemnizaciones, sino una prestación directa. “Lo que está planteando el Gobierno del Principado son ayudas absolutamente compatibles con las indemnizaciones que pudieran reconocerse o con los seguros de vida”, ha afirmado.

Peláez ha marcado así diferencias con la proposición de ley planteada por Covadonga Tomé, que fue rechazada por el Consejo de Gobierno en una reunión extraordinaria celebrada este lunes, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA; tras las dudas legales expuestas por los servicios técnicos del Principado. Según indicó, la iniciativa de Tomé planteaba “un anticipo de indemnizaciones” que tendría que descontarse si posteriormente se reconocía otra compensación.

El portavoz ha explicado que el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno se basó en “enormes dudas legales” sobre el encaje de la proposición. Entre ellas citó el ámbito competencial, porque el Principado “no tiene absolutamente ninguna competencia en el ámbito de la Seguridad Social”, y también posibles problemas vinculados al principio de igualdad. También reconoció, como publicó este periódico, que el consejero de IU Ovidio Zapico expresó su rechazo al veto.

Retroactividad desde 2025

Peláez ha indicado que la ayuda que aprobará el Ejecutivo se dirigirá a las familias de víctimas mortales de accidentes laborales ocurridos desde 2025. “Tenemos claro lo que queremos que cubra la ayuda", ha insistido, para recalcar que incluirá a las familias de los fallecidos en el accidente de Cerredo de 2025, pero dejará fuera a las víctimas del accidente mortal en 2022 en la misma explotación y en la que ya entonces se acreditó que se extraía carbón sin permiso por parte de la empresa.

El portavoz ha insistido en que el Ejecutivo quiere actuar “con la máxima celeridad” y “dar absoluta certeza y seguridad jurídica” a las personas beneficiarias. También ha reconocido que no existe actualmente una partida presupuestaria específica para esta línea de ayudas. “Estamos trabajando en hacer las transferencias de crédito para poder dotar esa partida presupuestaria”, ha explicado.

Preguntado por las víctimas anteriores a 2025 y por los heridos en accidentes laborales, Peláez evitó comprometer su inclusión en esta primera medida. “No nos cerramos a cualquier otra iniciativa”, afirmó, aunque recalcó que el trabajo inmediato del Ejecutivo se centra en “una ayuda para las víctimas mortales de accidentes laborales”.

Peláez ha vinculado la iniciativa a la preocupación del Gobierno por la siniestralidad laboral. “Ir a trabajar no puede costar la vida”, ha insistido. El portavoz ha recordado que en 2025 hubo 22 fallecidos en accidentes laborales en Asturias y aseguró que el Ejecutivo quiere situar este problema “en el centro del debate”.

Sobre el accidente de Cerredo, Peláez afirmó que el Gobierno es “absolutamente sensible” con lo ocurrido, aunque defendió que, con los informes disponibles, “no se ha probado una relación de causalidad entre la Administración y la explosión”. Según añadió, la investigación judicial mantiene como única imputada a la empresa Blue Solving.

El portavoz precisó además que el criterio fundamental para acceder a las ayudas será que el accidente se haya producido en Asturias y ha señalado que el Gobierno trabaja para que la regulación no deje fuera a quienes puedan tener derecho a percibirla.

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