Las familias de los fallecidos en Cerredo apelan a la “palabra de hijo de minero” de Barbón mientras siguen esperando una llamada y una respuesta clara

Las familias de cuatro de los cinco mineros fallecidos en Cerredo siguen esperando una llamada del Principado que les dé “una respuesta clara” sobre el anticipo de indemnizaciones o las ayudas que ha anunciado el Ejecutivo asturiano. El Principado ya señaló que concederá una ayuda por igual a todas las víctimas de accidentes laborales de 72.000 euros, que tendrá carácter retroactivo hasta 2025 para incorporar a los fallecidos en Cerredo. No obstante, el Ejecutivo ha rechazado el planteamiento de la diputada Covadonga Tomé para que las familias afectadas por el siniestro minero de Degaña reciban un anticipo de futuras indemnizaciones, alternativa que la parlamentaria planteaba frente a una ayuda general para todos los casos.

La abogada leonesa Beatriz Llamas (que representa a las familias de Jorge Carro, David Álvarez, Amadeo Bernabé y Rubén Souto) ha asegurado que las familias no reclaman “una explicación técnica” ni “un informe jurídico”, sino una contestación directa ante la situación personal y económica que afrontan tras la pérdida de sus familiares.

Según ha defendido, la negativa del Ejecutivo autonómico a respaldar un adelanto de indemnizaciones, como planteaba la presidenta de la comisión de investigación parlamentaria sobre el siniestro de Cerredo, se apoya en" argumentos competenciales, presupuestarios y jurídicos" que, a su juicio, “encubren una decisión política”.

"Mientras el Gobierno asturiano discute sobre competencias, precedentes o encaje presupuestario, hay familias que siguen sin saber cómo van a afrontar el día a día tras la pérdida", señala la abogada. Además, destaca que las familias de los fallecidos "no están en un debate doctrinal ni quieren ser parte de ello".

Años de litigios e incertidumbre

Llamas ha advertido de que las familias de los fallecidos en el accidente de Cerredo se enfrentan a un escenario judicial “especialmente complejo”, con procedimientos penales para depurar posibles responsabilidades empresariales y, en paralelo, acciones de responsabilidad patrimonial frente a la Administración. Ese camino, señala, puede suponer “años de litigios, incertidumbre y desgaste personal y económico”.

Llamas defiende que el anticipo de indemnizaciones no sustituiría a la justicia, sino que "la acompañaría", al evitar que las familias "queden atrapadas durante años hasta que se determinen las responsabilidades".

También argumenta que "el ordenamiento permite articular mecanismos de ayuda sin prejuzgar responsabilidades" y que "existen instrumentos presupuestarios para atender situaciones excepcionales".

Una situación de especial vulnerabilidad

La representante legal de las familias subraya que en el caso Cerredo "concurren circunstancias especialmente graves”, como el hecho de que se tratase de "una actividad desarrollada fuera de las condiciones legales", lo que, según indicó, "puede dificultar o retrasar las coberturas aseguradoras, si existen". Esa situación, añade, coloca a las familias en una posición de “especial vulnerabilidad”.

Llamas apela además a las palabras del presidente del Principado, Adrián Barbón, cuando aseguró que las familias tenían “la palabra del hijo de un minero”. “Esa palabra no puede traducirse únicamente en investigar dentro de unos años. Se traduce en actuar ahora”, afirma la abogada.

"Si nadie debe eludir su responsabilidad, las instituciones tampoco pueden hacerlo hoy", señala la representante legal de las familias de cuatro de los fallecidos. “Hoy, las familias siguen esperando esa llamada y esa respuesta”, concluye.

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