El SOMA tiene “muchas dudas” sobre las ayudas del Principado a los fallecidos en accidente laboral e insiste en las responsabilidades políticas en el caso Cerredo

El secretario general del SOMA, José Luis Alperi, ha expresado esta mañana sus dudas sobre las ayudas anunciadas por el Principado para familiares de fallecidos en accidentes laborales y defendió que su alcance debería haberse abordado en el foro de diálogo social contra la siniestralidad laboral. “Yo tengo muchas dudas sobre esas ayudas”, afirmó Alperi, que añadió: “Yo creo que habría que haber debatido en el seno del pacto por la siniestralidad de Asturias”.

El Gobierno regional ha anunciado que habilitará una línea de ayudas directas a las unidades familiares de fallecidos en accidente laboral que supondrán unos 72.000 euros para todos los casos y todos los sectores. Estas ayudas se han anunciado después de que la presidenta de la comisión de investigación del caso Cerredo, la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé, reclamase medidas para aliviar a las familias de los fallecidos en el grave accidente minero de Cerredo, dado que el proceso judicial por el siniestro demorará la posible percepción de indemnizaciones.

Alperi insistió en la necesidad de discutir la medida planteada por el Ejecutivo en el pacto por la siniestralidad, ya que en ese espacio están representados “el Gobierno, los sindicatos y la patronal”. Alperi admitió que desconoce “los términos” y “el ámbito jurídico” de las compensaciones, pero insistió en que “no se están debatiendo en el foro adecuado”.

Responsabilidades políticas y funcionarios

Sobre el dictamen preliminar de la comisión parlamentaria de investigación acerca del accidente minero de Cerredo, Alperi mantuvo la postura que el sindicato defiende desde el inicio, y que expresó en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA. “Nosotros creemos que hay que ponerse en el lugar de las familias y responderse a la pregunta si de verdad creemos que para las familias no hay responsabilidades políticas”, afirmó.

El dirigente sindical sostuvo que el SOMA considera que sí existen responsabilidades políticas, aunque precisó que no las sitúan en el presidente del Principado. “Nosotros lo dijimos desde el principio, creemos que sí hay responsabilidades políticas, no las elevamos al presidente”, señaló. A su juicio, “hay ámbitos estancos dentro de las consejerías que deben asumir esas responsabilidades”.

Alperi también rechazó que el dictamen de la comisión de investigación parlamentaria señale a funcionarios. En ese sentido, defendió que “el funcionario debe responder en el ámbito administrativo y jurídico” y que “los políticos ante la sociedad y en este caso ante la comisión parlamentaria”.

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