FADE, UGT y CC OO celebran que se blinde con una ley la concertación
El Principado presentó ayer a los agentes sociales la norma de participación institucional
Por la izquierda, Alberto González (FADE), Javier Fernández, Borja Sánchez, María Calvo y José Manuel Zapico. |
La presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, y los secretarios generales de UGT y CC OO en Asturias , Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, celebraron ayer que se haya iniciado en el Parlamento asturiano la tramitación de la Ley de Participación Institucional. La norma establecerá, por primera vez, un marco legal estable para la participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la región en el diseño de las políticas públicas. "Es dar un paraguas normativo a una realidad que estamos viviendo en Asturias desde la primera concertación social en 1988", señaló Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo.
Sánchez presentó ayer en Oviedo el proyecto de la Ley de Participación a los agentes sociales. La iniciativa legal establece con claridad los deberes de las organizaciones participantes, sus derechos (entre ellos conocer y recibir consulta previa sobre anteproyectos de ley en materias laborales, sociales y económicas), los ámbitos de aplicación y los principios que deben regir la participación institucional, garantizando transparencia, seguridad jurídica, estabilidad y una remuneración.
El Principado sigue así la senda de otras comunidades que ya han regulado estas prácticas a través de una ley. De hecho, la norma asturiana se basa en la de Andalucía, dado que es la más moderna al respecto, apuntó el consejero de Ciencia, Industria y Empleo.
Javier Fernández Lanero (UGT) señaló que se trata de dar "cobertura legal" a algo que ya se viene practicando en Asturias y José Manuel Zapico (CC OO) apuntó que era "una anomalía democrática" no contar con una Ley de este tipo. "Viene a reconocer la importancia del diálogo social y la concertación en nuestro sistema democrático", señaló sobre la norma, por su parte, la presidenta de FADE, María Calvo.
La aprobación definitiva de la ley dependerá ahora de los plazos de la Junta General del Principado de Asturias. Borja Sánchez espera que se habiliten los meses de julio y enero para la tramitación legislativa. Entiende que el proceso debería ser "rápido", dado el grado de consenso que existe.
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