La industria española propone medidas para reducir hasta un 30% su factura eléctrica
La Alianza por la Competitividad, que incluye a la siderurgia, advierte de que han subido en 1.800 millones los costes que impone la red para evitar apagones

Factoría de Asturiana de Zinc, en Avilés. / MARA VILLAMUZA

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que aglutina a las patronales sectoriales del país (como la siderúrgica, de alta importancia en Asturias por la presencia de ArcelorMittal), ha presentado este jueves un informe con medidas para abaratar un 30% la factura eléctrica que pagan las compañías fabriles.
Entre las propuestas de la Alianza destaca que los costes de las restricciones técnicas (esto es, los costes de obligar a ciertas centrales energéticas entrar o cambiar su funcionamiento para evitar riesgos de suministro o inestabilidad,) pasen a integrarse en los peajes del sistema, la parte de la factura de la luz que abonan empresas y hogares para usar la red de transporte y distribución de electricidad.
La Alianza sostiene que los costes de las restricciones técnicas se han incrementado en más de 1.800 millones de euros en lo que va de año debido a la llamada operación reforzada, el plan que Red Eléctrica ha puesto en marcha para evitar apagones como el del 28 de abril de 2025.
El informe, que ha sido elaborado por la consultora EY para la organización industrial, ha sido presentado en la sede de la patronal CEOE, en Madrid. El documento plantea un paquete de cinco medidas estructurales para reducir el coste de la electricidad que asume la industria, reforzar su competitividad y frenar los procesos de deslocalización.
El estudio parte del diagnóstico de que "en España las tarifas industriales, excluyendo impuestos, han aumentado entre un 35% y un 60% desde 2019 y de que una vez incorporada la fiscalidad, España presenta una desventaja significativa en costes eléctricos frente a otros socios europeos, como Francia y Alemania, comprometiendo la competitividad española", según Antonio Hernández, socio responsable de Sectores Regulados de EY.
Además, Hernández advirtió de que "contamos con una oportunidad histórica para atraer industria gracias a nuestra abundancia en fuentes renovables, pero para aprovecharla es preciso acometer una reducción estructural de cargos e impuestos que mejore la competitividad, promueva la creación de nuevos puestos de trabajo, potencie la actividad económica y, en consecuencia, genere nueva recaudación fiscal".
Objetivo: acercarse a Francia y Alemania
Según la Alianza, la aplicación conjunta de las medidas propuestas permitiría reducir el precio final industrial entre un 10% y un 30%, acercándolo a los niveles de países como Francia o Alemania.
"La energía asequible no es solo una cuestión técnica o coyuntural, es un elemento central de la política industrial. Sin precios eléctricos competitivos no hay reindustrialización posible", señaló Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza, durante la presentación.
Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, subrayó que, con la convalidación del Real Decreto-ley 7/2026, se han adoptado algunas medidas que apuntan en la dirección correcta para las empresas, al reducir temporalmente algunas cargas adicionales sobre los precios de generación, pero dejó claro que "las medidas puntuales o temporales no son suficientes".
En concreto, la Alianza plantea la supresión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, actualmente del 7%, y la ampliación de la bonificación del 85% del Impuesto Especial Eléctrico a toda la industria manufacturera, reduciendo el umbral actual exigido y vinculando el acceso a compromisos acreditables de eficiencia energética.
Reducción permanente del peaje para las electrointensivas
Por último, el informe reclama la reducción estructural del 80% en los peajes para las industrias electrointensivas (que tienen mucho peso en Asturias), ya que se trata de una medida que el Gobierno va a aprobando año a año, normalmente incluyéndola en paquetes legislativos más amplios.
Asimismo, pide la aplicación efectiva de las compensaciones por CO₂ indirecto. En este sentido, la Alianza señala que serían precisos 1.000 millones de euros para situar a España en el máximo autorizado, equiparando la situación de la industria española con la de la industria francesa y alemana.
La Alianza está constituida por las siguientes organizaciones sectoriales: AICE (combustible), Anfac (automoción), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB ( alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales), Sernauto (componentes de automoción) y Unesid (siderurgia).
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