Los partidos se abren en la Junta a certificar la responsabilidad patrimonial de la administración en el accidente de Cerredo

El plazo de los grupos parlamentarios para presentar sus aportaciones al borrador de dictamen elaborado por Covadonga Tomé, presidenta de la comisión de investigación sobre el accidente de Cerredo, se cerró ayer dejando perfilado el escenario final de las conclusiones que se elevarán al Pleno de la Junta. No hay duda de que el documento definitivo señalará la "responsabilidad política" en el siniestro que costó la vida a cinco mineros en marzo de 2025 de los exconsejeros Belarmina Díaz, Nieves Roqueñí y Enrique Fernández, y también del exviceconsejero y exconsejero Isaac Pola.

Las propuestas sí permiten vislumbrar los asuntos que podrán incluirse o rechazarse en función de los votos de los grupos, lo que dará lugar a curiosas coincidencias.

La responsabilidad patrimonial de la Administración.

Fue Convocatoria-IU el grupo que primero expresó su intención de incluir en el dictamen un reconocimiento explícito a la responsabilidad patrimonial de la Administración en el accidente de Cerredo, en sintonía con la postura aprobada por la dirección de IU. Foro Asturias también pide la inclusión de ese aspecto y la propia Covadonga Tomé es partidiaria. Vox no se ha pronunciado aún, pero se inclina a respaldar también esa petición. La medida podría salir adelante de contar con el apoyo del PP, que tampoco descarta apoyar la propuesta aunque señala la paradoja de que la plantee un partido que forma parte del mismo gobierno que debería reconocer esa responsabilidad.

Señalar la responsabilidad del Alcalde de Degaña.

La petición de incorporar al socialista Oscar Ancares en la lista de responsables políticos tiene pocas posibilidades de prosperar. La plantean IU y Vox, pero se oponen a ella tanto el PSOE como el PP y Foro.

Incluir al Presidente entre los responsables políticos.

Esta es una aportación presentada por Vox que no tendrá respaldo de ninguno del resto de partidos. Foro sí ha planteado citar el papel del presidente en un apartado para destacar la relación entre la supresión del Servicio de Seguridad Minera, firmada formalmente por Barbón, y las circunstancias que propiciaron el trágico accidente.

El señalamiento de funcionarios, sujeto a redacción.

Este será uno de los aspectos más controvertidos. El borrador del dictamen señala responsabilidades en tres funcionarios (dos del área de Minas y uno de los servicios jurídicos). Ni el PSOE ni IU son partidarios de la inclusión de sus nombres. Vox no se opone, aunque pide incorporar una referencia a que actuaban bajo "obediencia" de decisiones políticas. Foro Asturias y el PP, en cambio, plantean una nueva redacción que mantenga la mención pero sin señalar responsabilidades directamente, para evitar posibles conflictos jurídicos. La última palabra la tendrá Covadonga Tomé.

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