Responsabilidad patrimonial por casos sanitarios y daños en vías públicas: las materias más frecuentes que llegan al Consejo Consultivo de Asturias

Ocho de cada diez consultas recibidas el año pasado por el Consejo Consultivo fueron de responsabilidad patrimonial. En su mayoría, a causa de incidencias en la asistencia sanitaria o por daños en vías públicas. La memoria del órgano, presidido por Pablo Baquero, revela además que a lo largo del ejercicio pasado se atendieron 275 casos, medio centenar más que en 2024.

El documento, que acaba de hacerse público, desgrana un Consejo Consultivo con una actividad creciente, tanto en el número de consultas recibidas como en los dictámenes emitidos (257), y destaca un esfuerzo por lograr una modernización informática, actualizando las herramientas internas, y reforzando la colaboración con la Universidad de Oviedo y la Sindicatura de Cuentas.

Aunque el dato más relevante es el número de consultas sobre responsabilidad patrimonial y, en concreto, sobre asistencia sanitaria. De los 257 casos analizados durante el año, 197 son por responsabilidad de la Administración y 93 tienen que ver con el ámbito de la salud.

En este sentido, desde el órgano se trasladan varias recomendaciones. En concreto, inciden en la importancia de informar a los pacientes, tanto oralmente como por escrito, de los riesgos graves que conllevan las intervenciones, aunque la probabilidad de que estos se produzcan sea baja, puesto que si este se materializa y no fue informado “dará lugar a la responsabilidad patrimonial”.

Este análisis lo hacen poniendo de ejemplo casos específicos. Especialmente destacable es el de una intervención durante la cual se rompió la broca que el médico estaba utilizando, quedando parte del material alojado en el cuerpo del paciente. En este caso, se contemplaba, como riesgo específico, la rotura del material de osteosíntesis, pero no lo que acabó ocurriendo realmente.

“Lo que se dilucida no es cómo de completo es el listado que pueda aparecer en un documento suscrito por la paciente para autorizar una determinada operación o tratamiento. Lo que resulta relevante es determinar que la paciente es informada, oralmente y por escrito cuando corresponde, de manera suficiente para poder tomar una decisión que le corresponde solamente a ella y que afecta a su salud”, detalla la memoria.

Asimismo, rechazan que se utilice esta vía solamente para conocer la posición de la Administración antes de acudir contra la aseguradora. Y recuerdan que “el inicio del procedimiento administrativo (ya sea a instancia de parte o de oficio) cierra la vía de la acción directa contra la compañía aseguradora y así lo viene declarando de forma constante y reiterada la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo”.

También reconocen que “en diversas reclamaciones de responsabilidad patrimonial, nos enfrentamos a daños cuya cuantificación por el baremo de referencia resulta extraña, compleja o arroja resultados notoriamente desproporcionados”. En este sentido, en 36 de los dictámenes emitidos, el Consejo Consultivo modificó la cuantía indemnizatoria: en seis a favor de la Administración y en 30 a favor de los interesados.

El presidente del Consejo, Pablo Baquero, entregó este jueves la memoria al presidente del Principado, Adrián Barbón. El miércoles había hecho lo mismo con el presidente de la Junta General, Juan Cofiño.

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