Los sindicatos piden que se detalle más las ayudas por accidentes laborales anunciadas tras el accidente de Cerredo

El primer encuentro entre los sindicatos y la patronal con el Gobierno de Asturias para comenzar a diseñar las ayudas para las familias de víctimas de accidentes laborales dejó más dudas que certezas. La reunión, convocada en el marco de la concertación social, fue una primera toma de contacto y no se profundizó en el fondo del planteamiento en el que trabaja el Principado, el cual pasaría por conceder 72.000 euros a cada caso y retrotraerse tan solo a 2025, lo que incluiría a las cinco víctimas de Cerredo de ese año, pero excluiría a los heridos y a la víctima del accidente de 2022.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, aseguró tras el encuentro que el compromiso del Ejecutivo por sacar adelante esta línea de ayudas es firme y que su intención es "escuchar a los agentes sociales para ultimar el diseño de estas ayudas". Además, anunció que todas las partes se han citado para una próxima reunión en la que ya habrá una propuesta sobre la mesa en torno a la que ir avanzando.

Para los sindicatos, la reunión no solventó muchas de sus dudas. Damián Manzano, responsable Acción Sindical de Comisiones Obreras de Asturias, rechazó manifestarse "sobre aquello que no conocemos y no se concreta", pero incidió en que el objetivo de la Administración asturiana debe ser la prevención para que "los accidentes laborales del tipo que sean y sin hacer distinción entre los mismos, se puedan evitar". En este sentido, reclamó dotar a las empresas y a los trabajadores de más recursos y más mecanismos.

Las centrales ya habían avisado previamente que esta línea de subvenciones no podía suplir "la responsabilidad de empresas que incumplen la ley".

Por otro lado, la sección de Servicios Públicos de UGT reclamó antes del encuentro no confundir el papel de los funcionarios con el de los responsables políticos, tras el señalamiento que se hace en el borrador del dictamen de la comisión parlamentaria de Cerredo a varios funcionarios del servicio de Minas. "Estos últimos (los cargos políticos) responden ante la sociedad que los elige y ante las diversas instituciones democráticas, asumiendo las responsabilidades políticas que se puedan derivar de sus decisiones de gobierno, o de la falta de esas decisiones", señaló el sindicato.

En un comunicado, aseguraron que "los perfiles profesionales son diversos, pero todos ellos con su firma garantizan legalidad, seguridad y rigor" de cada expediente, cada informe y cada licencia. Asimismo, insistieron en que tienen "una alta cualificación, acceden por oposiciones muy duras, son especialistas en normativa, en procedimiento y en su materia específica", lo que garantiza su "independencia".

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