Los sindicatos piden tener voz en las ayudas del Principado por fallecidos en accidente laboral y la oposición teme que sean una "cortina" ante el "caso Cerredo"

Los sindicatos pidieron ayer tener voz sobre las ayudas anunciada por el Gobierno del Principado a las familias de víctimas de accidentes laborales y que consistiría en el abono de 72.000 euros en cada caso, para todas las circunstancias por igual y en todos los sectores. Las ayudas, independientes de las indemnizaciones y compensaciones regladas por ley y cuyos detalles jurídicos aún no ha concretado el Ejecutivo, despertaron recelos entre los partidos de la oposición, que las consideran un intento por parte del Gobierno para reconocer una responsabilidad de la Administración en el accidente minero de Cerredo, en el que fallecieron cinco mineros cuando extraían carbón para una empresa que carecía de permisos y que el Principado no fue capaz de detectar.

El Gobierno regional y los sindicatos se reunirán hoy, a las 16.00 horas, para abordar los detalles de esas ayudas en una cita convocada por la vicepresidenta Gimena Llamedo, en el marco de la concertación social. La propuesta en la que trabaja el Ejecutivo asturiano es la de conceder 72.000 euros de ayuda a las unidades familiares de los fallecidos en accidentes laborales con carácter retroactivo desde 2025, lo que incluiría a las víctimas del accidente de Cerredo de ese año, pero excluiría a los heridos en cualquier caso y a la víctima del accidente que se produjo en la misma mina en 2022.

El SOMA reconoce "muchas dudas" sobre la fórmula de ayudas.

El secretario general del sindicato minero SOMA, José Luis Alperi, ya señaló a primera hora de la mañana de ayer sus "muchas dudas" sobre la fórmula de ayudas planteada por el Principado y defendió que su alcance debería haberse abordado en el foro de diálogo social contra la siniestralidad laboral. Alperi defendió que en ese espacio están representados "el gobierno, los sindicatos y la patronal". El líder del sindicato minero admitió que desconoce "los términos" y "el ámbito jurídico" de las compensaciones, pero insistió en que "no se están debatiendo en el foro adecuado".

CC OO pide enmarcar la medida en actuaciones de prevención.

También el máximo dirigente de Comisiones Obreras, José Manuel Zapico, había expresado algunos recelos, en especial por el temor a que las compensaciones viniesen a diluir la responsabilidad de los empresarios. "Valoramos la intención del Gobierno, pero ante todo deben ser las empresas las que asuman la responsabilidad ante la transgresión de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales", indicó.

Zapico insistió además en que las medidas para atajar la siniestralidad laboral no pueden ceñirse a ayudas a las víctimas. "Ante la falta de cultura preventiva hay que crear un importante fondo público destinado a la prevención de riesgos laborales, a aumentar la labor de inspección y a acompañar a quienes sufren un accidente laboral y a sus familias", apuntó.

UGT señala la concertación como marco de negociación.

Fue el secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, quien a la tarde reveló que las centrales habían solicitado una reunión al Principado para evaluar el encaje de las ayudas anunciadas. "Se han anunciado unos recursos, pero como siempre se ha hecho en Asturias, deben instrumentalizarse a través de la concertación social", señaló Lanero.

El líder ugetista insistió en la tesis de que debe garantizarse "que las ayudas lleguen a las familias" en el caso de las víctimas del accidente minero de Cerredo, y garantizar "que las empresas no salgan de puntillas". "Esos recursos tienen que venir a dar soporte, pero no a sustituir la responsabilidad de las empresas cuando hacen actividades ilegales o no cumplen con la ley de prevención de riesgos laborales".

Al margen de la postura de los sindicatos, que han pedido participar en el diseño de las ayudas, la reacción en el ámbito político, en especial en la oposición, fue de recelo hacia el anuncio del Gobierno. Incluso el socio del Ejecutivo, Convocatoria-IU, reclamó que las ayudas se tramiten mediante una ley en el parlamento para que puedan someterse al debate y a posibles enmiendas.

Los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de habilitar ayudas para las víctimas de accidentes laborales, pero mantuvieron diferencias de fondo sobre la fórmula empleada por el Gobierno, el alcance de la medida y su encaje con la compensación a las víctimas de los accidentes en la mina de Cerredo, tanto en 2025 como en 2022. Mientras que el PSOE defendió que el Ejecutivo solo trabaja "en una línea general vinculada a la siniestralidad laboral" como única vía para dar "encaje legal y seguridad jurídica" a unas ayudas dirigidas también a las familias del siniestro de Cerredo, el PP, Foro, Vox e incluso Convocatoria por Asturies cuestionaron si la vía terminaría diluyendo la singularidad del caso de Degaña.

El PSOE afirma que persigue que no sean ayudas para "determinadas víctimas".

La portavoz socialista, Dolores Carcedo, explicó que ele Ejecutivo busca articular ayudas "con igualdad para víctimas de accidentes laborales" y no como una medida específica para "determinadas víctimas" o "determinados sectores". Carcedo rechazó el planteamiento de anticipar una reclamación patrimonial que ya han activado las familias (una fórmula que propone IU para compensar a las víctimas) y defendió que ese procedimiento "siga el cauce que tiene establecido".

El PP acusa al Gobierno de "enredarse" en una estrategia del "tira que libras".

El Partido Popular, por boca de Luis Venta, reprochó en cambio al Gobierno que, tras varios días de debate y partiendo de un "no" inicial a la concesión de ayudas, aún no se sepa "ni cómo, ni cuándo, ni cuánto" recibirán las familias afectadas. El diputado popular acusó al Ejecutivo de "enredar" y de aplicar la estrategia del "tira que libras" para evitar asumir el coste político del accidente. A su juicio, encajar la situación de Cerredo en una línea general de ayudas por la siniestralidad laboral persigue presentar el caso como "uno más" y rebajar su "dimensión política".

IU dice que las ayudas no sustituyen la responsabilidad.

Convocatoria por Asturies, por su parte, celebró que se planteen ayudas a víctimas de siniestros laborales, pero advirtió de que esa medida "no puede sustituir" el reconocimiento por parte del Principado de su papel en lo ocurrido en Cerredo. Xabel Vegas reclamó que la iniciativa se tramite como ley para poder "mejorar la calidad del texto" mediante enmiendas y defendió que se incluya también al herido del accidente de 2022, una condición que el socio de Gobierno de los socialistas considera una "línea roja".

Foro dice que el Ejecutivo se mete "en un pantano jurídico" por no asumir responsabilidad en Cerredo.

Foro Asturias cree que la medida es una "cortina" para tratar de encubrir la responsabilidad del Ejecutivo en el caso Cerredo. Adrián Pumares acusó al Gobierno de "entrar en un pantano jurídico" para no asumir su papel en el accidente y sostuvo que, con "un poco de empatía" y "sentido común", la solución sería más sencilla. El diputado defendió que el siniestro no se habría producido sin una "arquitectura jurídica" impulsada por decisiones políticas que permitió esquivar las restricciones sobre la extracción de carbón.

Vox critica que el Ejecutivo acuda a "medidas improvisadas".

También Vox cuestionó las razones de fondo del Gobierno para aprobar las ayudas a las víctimas de accidentes laborales. El diputado Gonzalo Centeno acusó al Ejecutivo de "recurrir a medidas improvisadas" para eludir sus responsabilidades.

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