La reforma para perdonar a un millar de asturianos la deuda del salario social recibe el respaldo del Consejo de Gobierno

La reforma legal planteada por los grupos parlamentarios del PSOE y Convocatoria por Asturias-IU para exonerar de las deudas contraídas por el cobro indebido del salario social básico a un millar de asturianos, siempre y cuando las causas de la demora sean imputables a la Administración, acaba de superar su primer reto. El Consejo de Gobierno manifestó este viernes en una reunión telemática extraordinaria su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de ley, lo que permitirá avanzar en su tramitación en la Junta General.

La propuesta, adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, plantea modificar la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales del Principado, que, en su artículo 18, establece el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas. En concreto, se introduce un artículo para exonerar el pago de las deudas siempre que se cumplan determinados requisitos.

Cuando no dé lugar la exoneración completa, la proposición abre la puerta a suprimir el cobro de intereses de demora, así como a ofrecer un plan flexible de devolución de las cantidades ajustado a la capacidad económica real de la persona.

Asimismo, se tiene en cuenta a quienes, pese a estar en alguna de las situaciones contempladas, ya han pagado total o parcialmente las cantidades que se les ha requerido. Una disposición transitoria les permitirá solicitar la devolución de tales abonos en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la reforma legislativa.

La Asociación Alambique, colectivo que agrupa a numerosos afectados y que llevó esta problemática al Defensor del Pueblo, valoró la proposición como “un avance que vuelve a colocar el salario social básico en la senda del derecho”. No obstante, mostraron sus dudas sobre la capacidad de la Consejería de Derechos Sociales de atender un procedimiento de revisión de expedientes como el que va a abrir la modificación.

“Van a ser miles de solicitudes que va a tener que atender una Consejería ya desbordada por cuestiones como la ley de la dependencia o las ayudas de los bonos térmicos”, manifestaron, tras una reunión mantenida hace unos días para analizar la propuesta de los grupos parlamentarios.

La asociación también planteó varias exigencias. Por un lado, que el periodo en el que el Principado puede reclamar las deudas pase de los seis a tres meses “para que las personas puedan tener mayor seguridad”. Y, por otro, que no recurra en segunda instancia los expedientes (más de 50) que a día de hoy están en el Contencioso-Administrativo si estos son favorables a las personas que han denunciado.

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