De consultas ciudadanas a presupuestos participativos: las nuevas herramientas que incorpora la ley de Participación Ciudadana de Asturias

La nueva ley de Participación Ciudadana, que regulará por primera vez de forma integral los instrumentos de implicación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos autonómicos, recibió este lunes luz verde en Consejo de Gobierno, lo que permitirá continuar con su tramitación en la Junta General para su aprobación definitiva.

La norma incorpora herramientas que hasta ahora no existían en el Principado. Permitirá a la población promover consultas ciudadanas que no tengan carácter de referéndums sobre asuntos de interés, para lo que será necesario recabar 6.000 firmas. Además de decretos, para los que se establecen 4.000 rúbricas.

Otra novedad son los presupuestos participativos. Una fórmula que ya existe a escala municipal y que el Principado deberá establecer a través de un reglamento, según explicó el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, tras la reunión del Consejo de Gobierno. Asimismo, el texto habla de foros y jurados ciudadanos.

La participación en estos procesos regulados queda limitada a los mayores de 16 años residentes en Asturias, incluidas las personas extranjeras, además de asturianos residentes en el exterior o desplazados temporalmente. Además, para hacer uso de todas estas fórmulas de participación, la ciudadanía y las asociaciones deberán inscribirse en un registro, que se regirá por un reglamento aún en elaboración. 

Este registro irá acompañado de un espacio digital de participación como plataforma pública de información, deliberación y seguimiento de los procesos participativos.

Asimismo, se establecen medidas específicas para asegurar la participación de las personas residentes en concejos rurales o zonas de baja densidad demográfica. Con el objetivo de evitar desigualdades territoriales y favorecer la descentralización de los procesos.

Órgano de control de la normativa

Otro de los ejes es la creación del Consejo de Participación Ciudadana con amplia representación social, tanto de entidades como de personas a título individual. Este organismo elaborará informes, recomendaciones y memorias anuales sobre el grado de aplicación de las políticas participativas.

La nueva ley busca evitar que los mecanismos de participación se queden reducidos a un mero trámite administrativo, por lo que se obliga a la Administración a motivar públicamente las razones cuando rechace propuestas formuladas por la ciudadanía y reconoce el silencio positivo en determinados procesos impulsados desde la sociedad civil.

Por último, se prevén acciones de formación y sensibilización para fomentar la cultura participativa, medidas de accesibilidad física, sensorial, cognitiva y digital, así como compensaciones por gastos de desplazamiento derivados de la participación en procesos promovidos por la Administración autonómica.

El texto ha sido elabora con la participaron más de 500 asociaciones y casi 700 personas. Este modelo, cuya metodología y coordinación técnica ha corrido a cargo de la Universidad de Oviedo, fue reconocido internacionalmente en la IX Cumbre Global de Gobierno Abierto, celebrada en Vitoria-Gasteiz en 2025, como ejemplo de elaboración colectiva y compromiso democrático con la sociedad civil.

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