Isabel Esteva, endocrinóloga experta en transexualidad: "Salvo en casos aislados, bloquear la pubertad no mejora el malestar de los jóvenes"

Isabel Esteva de Antonio es médica especialista en Endocrinología y Nutrición y ejerció en el Hospital Regional Universitario de Málaga entre 1978 y su jubilación, en 2019. Ha sido la coordinadora de la primera Unidad de Transexualidad e Identidad de Género (UTIG) española creada en Andalucía, entre 1999 y 2016. También coordinadora del Grupo Nacional de Identidad y Diferenciación Sexual de la Sociedad Española de Endocrinología (GIDSEEN), de 2010 a 2019. Se define como una persona “comprometida desde su inicio con la atención multidisciplinar, integral y con un abordaje biopsicosocial de todas las parcelas” de los procesos de transexualidad. La doctora Esteva es autora o coautora de más de 60 artículos sobre esta temática, publicados en revistas de impacto nacionales y extranjeras. Este jueves, intervendrá en la Junta General del Principado para analizar el proyecto de Ley LGTBI que promueve el Gobierno de Asturias desde la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos (dirigida por IU). Ese mismo día, participará en un acto que a las 18.30 horas tendrá lugar en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, organizado por varias asociaciones feministas de Asturias. En esta entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, Isabel Esteva analiza el proyecto legislativo de Asturias y la realidad nacional e internacional en el abordaje de la transexualidad.

¿Conoce el proyecto de Ley LGTBI de Asturias?

Lo conozco pues soy compareciente el día 14 de este mes. Es muy similar a otros borradores legislativos de otras comunidades autónomas que he tenido la oportunidad de conocer y evaluar, y de la Ley nacional de 2023. El primer proyecto no de Ley aprobado en el parlamento andaluz en 1999 sentó las bases para que la población transexual dejara de ser ciudadanos de segunda y su problema identitario fuera reconocido, por la sociedad y por el sistema sanitario público español. Los proyectos aprobados posteriormente incorporaron demandas sobre la autodeterminación y cambio registral sin filtro alguno que pueden fomentar desigualdades.

A su juicio, ¿cuáles son los aspectos más positivos y más negativos?

Positiva es cualquier ley que amplíe libertades y derechos, pero siempre que lo logrado no vulnere derechos de otra parte de la población. Por ejemplo, registrarse como mujer u hombre solo mediante la autoidentificación, sin otra consideración. O, desde el punto de vista sanitario, no respetar el principio hipocrático “primun non nocere” imponiendo actuaciones clínicas relevantes sin valorar la opinión del profesional. Otro aspecto negativo es no mencionar la existencia en Asturias de una Unidad de Atención a la Transexualidad e identidad de Género (UTIGPA) en Avilés que funciona desde 2006, acumulando experiencia clínica que debería ser mencionada.

¿Le parece adecuada la legislación estatal al respecto, que usted mencionaba anteriormente?

No, creo que mezcla y confunde conceptos como sexo y género, identidad de género con orientación sexual, y mezcla variantes de expresión de género con situaciones de incongruencia de género. Debo aclarar que la diversidad de expresiones de género debe respetarse, pero no tratarse médicamente. Y la identidad de género se trataría si hubiera disforia; si no, también debe solo ser asumida individual y socialmente. La legislación estatal, al igual que muchas de las leyes autonómicas, han sido redactadas por el activismo sin apenas consensuar con otras disciplinas, educativas y sanitarias principalmente, y destilan Ideología Queer, imponiendo modelos transafirmativos basados en la autodeterminación y la elegibilidad.

¿Podría explicar qué son los modelos transafirmativos?

Es el nombre que recibe el modelo terapéutico, educativo y social, en general, en el que se refuerza toda transición sin sugerir o definir ninguna condición para ello. Antes se pedía estabilidad en la identidad cruzada, que no hubiera psicopatología que pudiera influir en ella, ni traumas, etcétera. Pero ahora no se pide nada.

¿Cómo valora los procedimientos legales de transición de género?

Hay que visibilizar cuestiones sociales emergentes y dotar de derechos y recursos a colectivos que antes eran minoritarios y vulnerables. Para ello se desarrollaron las primeras leyes de no discriminación, pero en la actualidad se llevan muchos años de derechos conseguidos y ha cambiado el objetivo de la lucha. La Ideología Queer está impregnando los textos y el activismo critica la noción de sujeto y pugna contra la homo y heteronormatividad. La ley no debería borrar el sexo biológico y dejar todo el peso en el género sentido. Muchos de los artículos legislativos empiezan a ser divergentes en cuanto a sus propuestas normativas de género con los avances logrados por el feminismo.

¿Y cómo valora los procesos médicos que estipulan las leyes en vigor?

De los procesos se dan pocos detalles en los textos legislativos. Se supone que la Consejería de Salud posteriormente redactará su protocolo completo. Así ha ocurrido en todas las comunidades autónomas donde se han implantado. Pero al imponer la despatologización como modelo, o sea, la imposibilidad de evaluación por profesionales de la psicología y la prohibición de excluir a ningún usuario del proceso, lo que no existe actualmente es seguridad y garantía clínica.

¿Hay personas que nacen en un cuerpo equivocado?

Hay personas con conflictos identitarios clasificados en los catálogos sanitarios que están demostrando su malestar de forma distinta en los últimos años y que yo no consideraría de la misma manera que las personas transexuales de hace 20-30 años.

¿Cuál es su experiencia personal como endocrinóloga?

Le contestaré no solo como endocrinóloga, que sería la prescriptora de hormonas, sino como coordinadora durante 20 años de unidades de atención disciplinar e integral a la identidad de género. La forma actual de expresión de la identidad debería ser estudiada en su origen, es decir, por qué hay ese malestar tan creciente en mujeres jóvenes y esa búsqueda de transición. Yo creo que son muy pocos los casos subsidiarios de ser tratados y lo que hay que hacer estudiar sociológicamente qué está pasando para que, con tanta visibilización de la diversidad, la solución que se busque en lugar de la inclusión sea transformar el cuerpo de nuestros jóvenes.

¿Cuáles serían, a su juicio, las claves de un protocolo de transición de género equilibrado?

Lo dicho: estudiar la sociedad, ofrecer cautela en las actuaciones tomadas sin rigor, hechas con mucha rapidez e irreversibles muchas veces, y no prometer soluciones de felicidad con hormonas y cirugías a personas que necesitan abordar su malestar desde otras perspectivas.

¿A qué perfiles de jóvenes y adolescentes deben dirigirse este tipo de protocolos?

A toda la sociedad, no solo a los jóvenes. Los jóvenes son vulnerables porque están en permanente búsqueda de cambio y quieren sentirse diferentes. Pero si la disforia se confirmara de forma coherente y constante, en seguimiento multidisciplinar y ajustada a las recomendaciones actuales, el caso sería tratado de forma cuasi experimental.

En el caso de que fueran necesarias, ¿a qué edades deberían iniciarse este tipo de transiciones?

Hace años hemos empezado a tratar adolescentes bloqueando su pubertad a partir de los 13-14 años. Pero eran pocos casos en cada Unidad y muy protegidos y seguidos por los equipos en colaboración con las familias. En los últimos años, las recomendaciones de los países de nuestro entorno, que nos llevan más de 10 años de adelanto, están recomendando no bloquear la pubertad salvo casos aislados, pues no hay evidencia de mejora a plazo medio-largo del malestar de estos jóvenes.

¿Qué papel ha de desempeñar la familia de una persona menor que expresa su deseo de cambiar de género? ¿Es razonable apartarla por completo de la toma de decisiones?

La familia es fundamental para referir y observar el problema, incluso a veces para originarlo o ser parte de él, pero no debe ser apartada. Al igual que tampoco esta familia debería imponer el tratamiento de forma apresurada, y así lo están haciendo desde el activismo. Hay que transmitir tranquilidad, acompañamiento y apoyo durante el problema, pero con sensibilidad técnica y esperanza de que la situación revierta o se estabilice, y según ello se tomará la decisión clínica más adecuada y responsable.

¿En qué medida es deseable la intervención de profesionales sanitarios, como psiquiatras o psicólogos?

Son fundamentales para definir el campo de actuación y la estrategia terapéutica. El problema actual es que, al imponer su separación del equipo, no se va a adquirir experiencia clínica en la diversidad de manifestaciones que tienen los conflictos identitarios, sobre todo en jóvenes; y si se les vuelve a invitar a los equipos, les faltaría formación.

Ante peticiones de cambio de sexo por parte de adolescentes, ¿qué actitud recomienda?

Siempre la prudencia es lo mejor y cada caso requiere su tiempo para definir el malestar y sus soluciones. El problema actual es la demanda rápida de bloqueo puberal y de hormonas cruzadas y después se remiten a listas de espera quirúrgicas que son largas y para las que ni el sujeto ni su familia estaban preparados. Por ello, en ese momento empieza la carrera para obtener dinero para los cirujanos privados. Pero este negocio daría para otra entrevista… Y de esto nada dice el activismo…

¿Qué mensajes transmitirá este jueves en la Junta General del Principado?

Puedo hace un resumen: 1) No hay evidencias de mejora en menores y jóvenes tratados; por tanto, cautela; 2) Los cambios registrales y la transición social de los menores no es inocua; provoca a veces mucha desadaptación psicológica; 3) Los expertos trabajamos con mucha incertidumbre y debemos ser escuchados; 4) El modelo transafirmativo radical provocará yatrogenia futura, daños por actuaciones sanitarias, pero esto no parece preocupar a los legisladores actuales; 5) El principio bioético de autonomía no puede prevalecer sobre el de no maleficencia; 6) Una pregunta: las sanciones civiles y penales que las leyes propugnan, ¿por quién serán asumidas en caso de reclamación: por los sanitarios que han tenido que actuar o por los redactores de la ley?; y 7) El modelo actual es el de ciencia versus activismo. La ciencia presenta hechos para respaldar un objetivo; el activismo ignora la evidencia de signo contrario.

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