¿Qué piensan los alcaldes de los concejos turísticos sobre imponer una tasa al visitante? Hay dudas, pero muchos reconocen la importancia de tener ingresos extra
La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, defiende que los consistorios tendrán libertad para poder destinar los fondos a la mejora de los servicios y a los gastos extraordinarios que produce la presión turística

Turistas en Gijón el pasado verano. / Luisma Murias / LNE
La implantación de la tasa turística en Asturias genera algunas dudas entre los alcaldes asturianos. La voluntariedad, presentada por el Principado como una forma de respetar la diversidad municipal, genera ambigüedad de opiniones: para unos ayuntamientos es una garantía de autonomía; para otros, una puerta abierta a la desigualdad territorial. Hay regidores que coinciden en que se produciría un “agravio comparativo” entre municipios limítrofes, con similar oferta turística o con problemas comunes, pero lo cierto es que existe el pensamiento generalizado del beneficio que generaría un ingreso extra para las arcas municipales, muy castigadas en algunos casos con los gastos que conlleva recibir a miles de turistas al año. Sea como fuere, son ya varios los ayuntamientos que están abiertos a estudiarla en profundidad antes de tomar una postura definitiva.
Las dudas de los concejos son las que la vicepresidenta y consejera de Turismo, Gimena Llamedo, quiere solventar antes de que la nueva ley salga a información pública, algo que ocurrirá antes de que termine el mes. Este lunes, mantuvo una reunión con la Federación Asturiana de Concejos (FACC) para trasladarles, entre otras cuestiones, en qué podrán invertir los municipios la tasa, que será recaudada por el Principado y trasferida a las arcas municipales trimestralmente.
“Los ayuntamientos tendrán libertad para poder destinar los fondos que recauden con la tasa turística a la mejora de los servicios, pero también a favorecer esa convivencia entre los turistas y los residentes” invirtiendo el dinero en “todos esos gastos extraordinarios que tienen directamente como consecuencia del sector turístico”, explicó Llamedo.
Entre otras cuestiones, también incidió en la predisposición del Principado para limitar lo máximo posible el impacto que su aplicación pudiese tener en los ayuntamientos. Por un lado, las administraciones locales no tendrán ningún coste al implantar la tasa y, por otro, se les acompañará en todo el proceso para simplificar la gestión y elaborar la ordenanza municipal que necesariamente debe aprobarse para detallar cómo será la aplicación en cada territorio.
Diálogo con el sector
Tanto la presidenta como el vicepresidente de la FACC, Cecilia Pérez (PSOE) y José Manuel González (PP), valoraron en un primer momento de forma positiva la tasa, aunque ambos aún no saben si la implantarán en sus respectivos municipios. “Creo que es importante que se respete lo que siempre venimos reivindicando los ayuntamientos, que se respete la autonomía municipal y que se respete la voluntad de los concejos en cuanto al destino de estas inversiones”, valoró la alcaldesa de El Franco. Mientras que el regidor de Cangas de Onís afirmó que una vez se apruebe la ley lo que tocará será “hablar con el sector hotelero de nuestro municipio. Estudiar con ellos la propuesta y, si llega el caso, desarrollarla”.
En Gijón, la vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega (PP), sin embargo, rechaza aplicarla. “No vamos a aplicar una tasa turística en Gijón, dado que no somos un destino turístico consolidado y solo tenemos unas semanas al año en las que hay un lleno técnico”, afirmó. Además, considera que el modelo del Principado es “injusto y desequilibrado” porque deja en manos de cada ayuntamiento la decisión. A su juicio, la propuesta “no tiene en cuenta la realidad del turismo en Asturias”, donde el visitante puede alojarse en un concejo y pasar el día en otro. Por eso, advierte que generaría “incertidumbre y desigualdad entre los territorios asturianos”, además de criticar que el Principado centralice la recaudación: “Es un despropósito que el Principado quiera centralizar la recaudación municipal para después decirnos a los ayuntamientos en qué nos podemos gastar ese dinero”.
La visión es distinta en Avilés. La concejala de Turismo, Raquel Ruiz (PSOE), defiende la tasa como “una fórmula para garantizar que el crecimiento turístico tenga también un retorno positivo para la ciudad y para los servicios públicos que sostienen la actividad turística”. Cree que el modelo es adecuado porque parte de “una aplicación voluntaria para los concejos” y de una finalidad concreta de los fondos. Sostuvo, además, que “los costes de los servicios públicos han aumentado” y que también los utilizan los visitantes, por lo que ve razonable “que su financiación se reparta de una forma más equilibrada y justa”. Además, afirmó que “nadie va a dejar de visitar Avilés por abonar una tasa simbólica al día”.
Agravio comparativo
En Llanes, concejo turístico por excelencia, su alcalde, Enrique Riestra (Vecinos x Llanes), reprocha los “vaivenes” del Principado. Recuerda que Adrián Barbón habló en 2023 de “encajar” una tasa municipal, después la viceconsejera Lara Martínez dijo que “no iba a haber tasa” y ahora el debate vuelve por las exigencias presupuestarias de la diputada Covadonga Tomé. En este sentido, cree que el Gobierno regional “tuvo tres años para hacer algo que luego no quisieron hacer y que ahora les obligan hacer”. Por último, reclama que Llanes esté en cualquier mesa turística dado que es “el motor del turismo en Asturias” y avisa: “Lo que más me asusta es que sea el Principado el que recaude”.
El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega (PSOE), opta por la cautela, aunque muestra serias dudas sobre que la tasa sea voluntaria: “No nos parece razonable que pudiera existir en un municipio y en el de al lado no, sobre todo entre los que tenemos los mismos problemas y necesidades que son los llamados municipios turísticos”.
En una línea similar, pero con un tono mucho más duro, se expresa el alcalde de Castrillón. Jesús Eloy Alonso (PP) resume su postura con tres negativas: “Aquí no”, “ahora no” y “así no”. Acusa al Principado de “pasar automáticamente la patata caliente” a los ayuntamientos y critica que no se aplique “un criterio único a nivel regional”. A su juicio, la voluntariedad “establecería inmediatamente un agravio comparativo entre concejos, algunos limítrofes o con similar oferta turística”, permitiendo que “el viajero pueda elegir un destino y otro según la presión de los impuestos”. En este sentido, concluye que la tasa es “innecesaria, contraproducente y perjudicial”.
Coste repartido entre vecinos y turistas
Favorable a estudiar la medida se muestra el alcalde de Cudillero, Carlos Valle (PSOE). Afirma que permite a los ayuntamientos obtener “una línea económica con la que potenciar la calidad del destino” y que su voluntariedad “respeta la soberanía de la administración local”. Además, apunta una cuestión que comparten muchos asturianos: “no todo puede ser gratuito” para el visitante. Su argumento central es que el turismo no puede sostenerse solo con cargo a los vecinos: “Me niego a que el coste que supone el turismo sea asumido únicamente por los vecinos y las vecinas a los que represento”.
En Corvera, Iván Fernández (PSOE) valora positivamente que el Principado “respete la autonomía local” y considera “un acierto” que recaude y transfiera los fondos a los municipios que decidan aplicarla. Eso sí, subraya la importancia de que la tasa sea finalista: “No sería con fines recaudatorios, sino que serviría para el mantenimiento de obras, inversiones y servicios relacionados con un turismo más equilibrado y respetuoso con el territorio”.
En Tapia, Pedro Fernández (PP) reclama criterios claros antes de decidir. A su juicio, no debería “cargársele a los ayuntamientos la gestión” ni obligarles a ejecutar el cobro. “Lo lógico es que venga del Principado establecido para todos con unos criterios claros”, señala. Y añade: “Obviamente igual no puede ser la misma tarifa para Llanes y Tapia que para un ayuntamiento que no sea turístico, pero sí establecer criterios y cobrar acorde a las necesidades y, lógicamente, que el dinero regrese al Ayuntamiento porque ya nos hacemos cargo de gastos extra en temporada turística como limpieza o recogida de basura”.
Los alcaldes del parque natural de Redes muestran cierto escepticismo. Marcelino Martínez, regidor de Sobrescobio (PSOE), sostiene que su municipio está “lejos de la masificación” y que, por ahora, “bienvenidos sean todos los visitantes”. En Caso, Miguel Fernández (PSOE) duda de su eficacia: “No creo que con la aplicación de una tasa se resuelvan” los episodios puntuales de saturación. Para él, se trata de “un problema de regulación” y “una tasa no es la solución”.
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