Marina Echebarria, catedrática de Derecho y activista LGTBI: "Las mujeres transexuales no somos un peligro para el resto"

Marina Echebarria es catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid –en 2020 se convirtió en la primera mujer abiertamente transexual en acceder a una cátedra universitaria en España–, es activista LGTBI desde hace más de treinta años y ha colaborado en la redacción de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, la Ley trans estatal, y en la de varias leyes autonómicas.

Esta semana ha comparecido, en calidad de experta, ante la comisión de la Junta General del Principado para informar sobre la ley asturiana en trámite.

Los colectivos contrarios a la Ley trans son muy activos.

Es que no es gente que se oponga a esta ley, es gente que se opone a nuestra existencia, a que tengamos tratamientos sanitarios, a que compartamos espacios educativos... Sus propuestas son muy claras, la derogación de las leyes y que volvamos a ser consideradas personas enfermas con un trastorno mental.

En esa oposición está una parte del feminismo.

Una parte muy minoritaria, aunque se arroga la representación de todas las mujeres.

Ese sector argumenta que las leyes trans contribuyen al borrado de toda la historia de opresión de las mujeres.

Las mujeres transexuales también sufrimos la opresión de la sociedad patriarcal y la violencia machista. No tiene sentido que se nos presente como un peligro para otras mujeres. Lo hacen con un discurso esencialista, que se asienta en los planteamientos de la iglesia católica y el pensamiento más tradicional. Lo que hay es un prejuicio muy fuerte hacia formas de vidas distintas a las que conocen, prejuicios de unas mujeres que pretender ser progresistas, pero no lo son, son mujeres asustadas y sus apelaciones a la biología están desfasadas, se han quedado en octavo de la EGB.

Está hablando de abanderadas del movimiento feminista.

Pero están siendo convocadas por VOX y el PP. Es más, ha habido mucha gente del PP que ha apoyado las leyes trans, en Extremadura, en Andalucía... Ellas se alinean con el sector más integrista.

Entre ellas hay mujeres del PSOE.

El PSOE tiene un problema interno. Algunas dicen que son socialistas, pero han pedido el voto para el PP. Internamente han perdido la batalla. Es muy necesario decir que están intentando abrir el debate de la Ley estatal de 2023, y esa ley está ahí, aplicándose sin las consecuencias apocalípticas de las que hablaban. La primera vez que se reconoció la identidad trans en España fue en 1978, en una sentencia, y ahora quieren reabrir el debate. La Ley trans asturiana solo implementa y ejecuta el mandato de las leyes antidiscriminación del Estado español, no va a debatir la identidad trans. En España, tras la ley de 2023, 5.000 personas al año han cambiado de sexo, el 0,036 por la población. ¿Donde está ese contagio del que hablan? Seguimos siendo la minoría que éramos. Iba a haber un montón de agresiones transexuales en baños públicos, no ha habido ni una. Lo que sí ha habido han sido agresiones a mujeres trans, al revés ninguna.

Los detractores de la Ley trans de Asturias dicen que es nefasta.

Pero no han hecho ni una sola propuesta de mejora. Hubiera estado muy bien, habríamos tenido un debate constructivo, pero no les interesa, lo que les interesa es que la ley no salga adelante.

Dicen que la ley va a contracorriente, que los países que hace años aprobaron leyes similares las están derogando.

Donde la ultraderecha llega a gobernar está derogando toda la legislación LGTBI. También la que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, lo estamos viendo en Estados Unidos con el aborto. Creo que estamos en el lado correcto de la corriente. En Europa occidental hay solo un país que haya derribado los derechos de las personas trans, fue Hungría. Incluso en Finlandia, donde la derecha llegó a gobernar, no se ha derogado, no es cierto, lo que ha habido ha sido una moratoria.

¿La Ley transa asturiana tiene alguna singularidad?

La singularidad es como se organizan los tratamientos, la descentralización, el consejo consultivo, la atención a la particularidad del mundo rural, un plan de formación a los funcionarios y empleados públicos muy apreciable... Es una ley estándar. La rareza es que Asturias, que siempre ha estado a la cabeza en la defensa de los derechos, sea la penúltima comunidad en aprobar su ley; esta ha sido una anomalía y todo porque un grupo minoritario del feminismo ha tenido capacidad de bloquearla durante dos legislaturas.

Suscríbete para seguir leyendo