El Principado estudia el "encaje legal" para rescindir la concesión de Mina Miura y que pueda volver a salir a concurso: "Puede generar riqueza"

El Gobierno de Asturias busca la fórmula jurídica para rescindir la concesión minera otorgada a la empresa Carbones La Vega para la explotación de Mina Miura, en Ibias, e intentar así dar solución a los mineros que llevan un año sin cobrar sus nóminas. Así se lo trasladaron este miércoles el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, en una reunión de más de una hora en sede de Presidencia que culminó la marcha iniciada por los trabajadores hace seis días para reivindicar el cobro de dichos salarios.

“Dentro de las múltiples vías que hay abiertas ahora mismo, estamos viendo cuál puede ser el encaje jurídico, no sabemos si modificando nuestra ley de Seguridad Minera o avanzando en otro tipo de resoluciones, para caducar la concesión que tiene ahora mismo esta empresa y que pueda salir a concurso”, explicó Borja Sánchez tras el encuentro.

El Principado no tira la toalla con la explotación, que guarda en su interior un tipo de carbón incluido dentro de la lista de materias críticas de la Unión Europea. Y, por tanto, esperan que otra empresa solvente, “tanto técnica como financieramente”, se pueda hacer cargo de un yacimiento que “puede generar riqueza y empleo en el Suroccidente asturiano”.

Sánchez reconoció que la transición en estos territorios no fue “todo lo justa que debería haber sido”, pero insistió en que cualquier medida que se tome debe tener “encaje legal y jurídico”. Aun así, se comprometió a ser “lo más ágiles posibles”, conscientes de la situación que están viviendo los trabajadores.

Unos mineros cuyos rostros reflejaban al salir de la reunión la falta de soluciones inmediatas. “Siento no poder dar buenas noticias”, dijo José María Pérez a las puertas de Presidencia. “Lo que buscábamos era salvar los empleos; la mina puede volver a abrirse dentro de dentro de medio año, eso está claro. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con este escollo legal y vemos que tristemente los empresarios son los que están realmente protegidos aquí, no nosotros”, afirmó.

El trabajador reconoció que tanto por parte del Presidente, como previamente de los grupos parlamentarios, tuvieron “buenas palabras”, pero “los plazos son complicados”. “El problema ahí están en los plazos, porque tienen que cumplirse una serie de requisitos para conseguirlos. Que son factibles, y pasando el tiempo se llegará a ello, pero la cuestión es el tiempo del que estemos hablando”, incidió. Los trabajadores tendrán el próximo 5 de junio el juicio y, tras meses sin cobrar, podrán irse al paro, lo que en su situación es ahora mismo todo un alivio.

“Todos han dicho que tienen un compromiso con estos municipios en los que literalmente no tenemos otra forma de ganarnos la vida. Yo creo que es el momento de que nos pongamos serios y decidamos que las minas de forma bien hecha, sin destrozar nada y hacer ninguna barbaridad como han hecho en otros sitios, puedan continuar de forma legal y responsable. Es el momento de que alguien dé un paso al frente y legisle esto para que podamos continuar con esta labor que llevamos haciendo mucho tiempo”, sentenció.

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