Frente ecologista contra el plan de gestión del lobo en Asturias y también del Ministerio, que no ve "validez científica" en su censo

Frente ecologista, otro más, contra el Gobierno del Principado a cuenta de la gestión del lobo. Diversos grupos –Fondo Lobo o Alianza Verde– han presentado alegaciones a la propuesta de decreto que ha elaborado la Consejería de Medio Rural para poder retomar la eliminación de ejemplares en Asturias, suspendida en febrero tras una sentencia del Tribunal Supremo que cuestionó el sistema de cupos. El departamento que dirige Marcelino Marcos Líndez tiene en información pública el decreto que modificará el plan de gestión y que, asegura, permitirá retomar los controles. La idea es aprobarlo en junio.

Pero los conservacionistas no están dispuestos a ponérselo fácil al Principado. Ascel ha pedido paralizar el proceso por errores, ya que aseguran que Medio Rural no introduce ningún cambio en el articulado del plan de gestión. Por su parte, Alianza Verde señala en sus alegaciones que la directiva Hábitats de la UE sólo permite la gestión de la especie si se encuentra en un estado de conservación favorable. Según este colectivo, la realidad científica demuestra que no es así en el caso del lobo ibérico dado que el informe sexenal 2013-2018, el último oficialmente aprobado, califica el estado del lobo en España como desfavorable-inadecuado en todas las regiones y el censo nacional de 2024 sitúa en 333 el número de mandas existentes. Esta cifra está por debajo del criterio de la Comisión Europea de 500 manadas para que se considere que la especie está en un estado de conservación favorable.

Recuerdan que en la sentencia de febrero, el Supremo solo autoriza la caza de lobos «cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado» y apunta que las medidas de gestión que incluyan la muerte de ejemplares «deben someterse a unas rigurosas condiciones».

Medio Rural asegura que en el nuevo decreto incorporará en su nueva redacción los criterios fijados por el Supremo sobre cómo se deben realizar los controles poblacionales y quiénes deben hacerlos para dar soporte jurídico al plan de gestión de la especie, de 2015 y en base al mismo, y a los datos del nuevo censo –se presentará el viernes 22 de mayo al Consejo Consultivo del Lobo– elaborar un nuevo programa de control de la especie 2026-2027.

El informe sexenal, a exposición pública

Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) acaba de sacar a información pública el informe sexenal del lobo, que incluye entre otros documentos el citado censo nacional. El Miteco tiene luego que convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, con representación de las comunidades, para su aprobación antes de su envío a Bruselas, algo que se realiza con cierto retraso:a finales de enero, Bruselas abrió un expediente de infracción contra España por no haber remitido el año pasado el informe. El ministerio se excusa en que hubo alteraciones en el censo que hubo que incorporar, como la oleada de incendios de agosto de 2025 y las muertes de lobos llevadas a cabo a nivel autonómico –Asturias y Cantabria– en los últimos meses. Según explican fuentes del Ministerio, las comunidades no enviaron datos revisados tras los incendios.

Es un hecho el choque entre el ministerio de Sara Aagesen y donde el secretario de Medio Ambiente el asturiano Hugo Morán con las comunidades del Cantábrico, incluida Asturias, que han impulsado la matanza de lobos par atender a la demanda de los ganaderos, más que hartos en los últimos años de los continuos ataques a su ganado.

La diferencia de criterios ha llegado al punto en que Transición Ecológica asegura que el documento elaborado por las comunidades –y aprobado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad el verano pasado–, en el que se define favorable el estado de la especie, no tiene «validación científica alguna». El ministerio indica que la «ficha no refleja los datos científicos ni técnicos de la ficha originalmente elaborada por el equipo del Miteco encargado de ello». Además, señala que no se ciñe «estrictamente» a los criterios marcados por la Comisión Europea. Y remata: los datos que contiene «adolecen de justificación científica (...) Cabe destacar, como conclusión más relevante, que la información aportada por las comunidades, trasladada al informe sexenal, incorpora una serie de incoherencias y errores (...) no podría trasladarse a la Comisión europea al no ser correcta desde el punto de vista del contenido y también de la forma».

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