Pugna entre el Principado y los trabajadores de Justicia por la legalidad de las oficinas judiciales: el TSJA anula la resolución que las aprobó y el Gobierno recurre
El tribunal estima que debería haberse negociado con los sindicatos, pero Hacienda cree que la decisión anulada responde a la capacidad de “autoorganización” que tiene la propia Administración
Expedientes acumulados en el suelo el primer día de funcionamiento de la oficina judicial en Gijón. / SPJ-USO
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Pugna entre el Principado y los trabajadores de Justicia por la legalidad de las oficinas judiciales. La sala de lo contencioso-administrativo del TSJA ha anulado la resolución que aprobó el 12 de mayo de 2025 la estructura de las nuevas oficinas judiciales en los partidos judiciales de Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Castropol, Grado, laviana, Lena, Llanes, Piloña, Pravia, Siero, Tineo, Valdés y Villaviciosa, que entraron en funcionamiento el pasado 1 de enero. El Sindicato de Trabajadores de la administración de Justicia (STAJ) recurrió la resolución al entender que no se había negociado con los representantes de los trabajadores, al afectar a las condiciones de trabajo del personal. Hay otros tres recursos por la aprobación de la estructura de la nueva oficina judicial de Oviedo, Avilés y Gijón, que han entrado en funcionamiento en los últimos cuatro meses.
Pero el Gobierno no ceja. La Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, a través de los servicios jurídicos del Principado, ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJA que cuestiona la resolución.
El consejero Guillermo Peláez destacó que el fallo no es firme, por lo que el funcionamiento de las oficinas y, por tanto, el servicio está asegurado. “La prestación del servicio público de justicia en estos territorios está absolutamente garantizado”, indicó. Además, señaló que el Ejecutivo entiende que la resolución responde a la capacidad de “autoorganización” que tiene la propia Administración.
A su vez, Peláez indicó que la resolución de la consejería siguió las mismas pautas que las elaboradas por el Ministerio de Justicia para los territorios que todavía están bajo su competencia, y también por el resto de autonomías. “Estas también están recurridas ante los tribunales”, añadió.
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