El Principado ve "insostenible" y "abusiva" la situación del Huerna: "No vamos a detenernos hasta lograr la supresión"

La inyección de más de 16 millones de euros a la concesionaria del Huerna por parte del Estado para financiar los descuentos activos en el peaje, a pesar de que su impacto limitado, evidencia para el Gobierno de Barbón que la situación se ha vuelto "políticamente insostenible, económicamente abusiva y jurídicamente ilegal". Aunque, tras la información relevada por LA NUEVA ESPAÑA, piden llevar el debate más allá de las bonificaciones y las tarifas para centrarlo en lo importante: "poner fin definitivamente a una prórroga ilegal que lleva décadas penalizando a Asturias y enriqueciendo a la concesionaria a costa de los asturianos".

Para el Principado resulta "inaceptable" que, mientras existe un procedimiento jurídico abierto, el Estado siga actuando como si la continuidad del peaje «fuese un hecho consumado». Aunque se vuelve "más escandaloso" al conocer las cifras del negocio. "Los usuarios siguen pagando más de 53 millones de euros anuales mientras el Estado aporta además millones públicos para sostener económicamente la concesión", critican.

Es decir, "Asturias soporta un doble castigo: el de los peajes y el de los recursos públicos que terminan apuntalando el beneficio privado de la concesionaria". Todo ello, además, sobre una infraestructura que ha sufrido "un deterioro evidente", sin que esa "pérdida de calidad haya tenido reflejo alguno en el peaje que continúan abonando íntegramente los usuarios".

Pero para el Principado, el dato que mejor retrata el "abuso del modelo concesional" es otro: la prórroga implica que durante ese periodo adicional "los usuarios terminarán pagando de nuevo ocho veces el valor de construcción de la autopista". "Una cifra completamente desproporcionada e incompatible con cualquier criterio razonable de interés general", afirman.

Insisten, el debate "no puede reducirse" a descuentos parciales o bonificaciones limitadas. "El Principado va a mantener todas las vías abiertas —administrativas, judiciales y europeas— y no va a detenerse hasta lograr la supresión de la prórroga del peaje del Huerna", sentencian.

Un "despropósito" y una "vergüenza" para PP y Vox

El diputado Pedro de Rueda critica que Transportes siga pagando las bonificaciones, "que dejan fuera a la gran mayoría de los asturianos", sin exigir a la concesionaria que "tenga la autopista en condiciones" o que, a cambio, reduzca o suprima el pago. "Y ante este despropósito tenemos la mala suerte de tener un Gobierno de Asturias que no se entiende con el Central", lamenta. Y critica que las consecuencias "de ese lío socialista interno" la paguen una vez más los asturianos. "Uno por otro siempre la casa sin barrer", clama.

"El Gobierno de Sánchez prefiere inyectar millones en las empresas del Ibex, Aucalsa está participada por Ferrovial, antes que ayudar al ciudadano de pie suprimiendo o bonificando de verdad el peaje. Es de juzgado de guardia", considera Gonzalo Centeno. Y mientras se pregunta dónde está el Gobierno de Barbón: "Solo se preocupan por no incomodar al número uno, no sea que no nos coloque en alguna empresa pública para cuando se acabe el chollo. Oigan, que además esos 13 millones salen de nuestros impuestos. ¡Doble vergüenza!".

Bonificaciones "mal planteadas"

Delia Campomanes, de Convocatoria-IU, recuerda que "llevamos años pidiendo que se ponga fin de una vez por todas a un peaje que se prorrogó de forma injusta y que ahora se está demostrando que además es ilegal". Para la diputada está claro que las bonificaciones "no funcionan" y exige ir a una total hasta que el peaje se elimine por completo, "otra cosa es regalar dinero público a empresas privadas".

Adrián Pumares, de Foro Asturias, considera que "las bonificaciones no llegan a los usuarios porque están mal planteadas. Tienen unos requisitos que las hacen inaccesibles para la inmensa mayoría de conductores, mientras se destinan recursos a la empresa concesionaria".

Para Covadonga Tomé solo hay una solución posible, "la supresión", porque las bonificaciones, "sin apenas impacto en el bolsillo de los asturianos", solo sirven para que Aucalsa siga "enriqueciéndose, gracias también a las indecentes inyecciones económicas del Gobierno estatal". "Esta transferencia de fondos es una nueva falta de respeto (otra más) a la ciudadanía asturiana", concluye.

Responsabilidad política

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, afirma que "al margen de las legítimas reivindicaciones planteadas por el Gobierno del Principado, con el apoyo de los agentes sociales, deben cumplirse las obligaciones de carácter legal que se contienen en dicho contrato" como "mantener la seguridad jurídica en un estado de derecho".

"Es un tema de responsabilidad política del ministro personalmente. ¿Cómo es posible que el Ministerio esté pagando unas obras que debería pagar la concesionaria y no haya presionado para que se elimine o se reduzca el pago del peaje?", se pregunta Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores.

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