Un año de las históricas protestas de los profesores en Asturias: ¿qué ha cambiado y qué grado de cumplimiento tiene el pacto prometido?

Un año después de las históricas movilizaciones por la enseñanza pública en Asturias, que primero provocaron la dimisión de la entonces consejera de Educación, Lydia Espina, y después desembocaron en el llamado pacto “Asturias Educa”, el Gobierno regional y los sindicatos que firmaron aquel acuerdo coinciden en una idea fundamental: los compromisos pactados están avanzando y, en líneas generales, se están cumpliendo. Siguen existiendo, en todo caso, problemas en los centros públicos pendientes de resolver, como la excesiva burocracia o la reducción de la carga lectiva para los mayores de 55 años.

El acuerdo, que puso fin a nueve jornadas de huelga y a protestas multitudinarias —una de ellas reunió a unas 30.000 personas en Oviedo—, prometía una inversión de 45 millones de euros, la ampliación de las plantillas y otras mejoras laborales.

“La valoración es muy positiva porque se está cumpliendo de forma rigurosa con la hoja de ruta prevista e incluso hemos anticipado alguna de las medidas incluidas en el pacto, lo que demuestra una ejecución rigurosa y un compromiso real por parte del Gobierno del Principado con la mejora del sistema educativo”, asegura Eva Ledo, consejera de Educación, que sustituyó a Espina tras su dimisión.

Hay puntos del acuerdo ya cumplidos, como los referidos a la incorporación de 60 profesores de Pedagogía Terapéutica y el mismo número de especialistas en Audición y Lenguaje. De cara al nuevo curso, se contratará a otros 100 profesionales. También se han incorporado 14 auxiliares educadores para diferentes centros, adelantando incluso cuatro plazas previstas inicialmente para el próximo ejercicio.

“Se han materializado avances relevantes en ámbitos clave como la atención a la diversidad, el refuerzo de personal, la mejora retributiva del profesorado o la puesta en funcionamiento de nuevas herramientas digitales, por lo que el pacto está teniendo un impacto directo en los centros y en la comunidad educativa”, destaca Ledo.

El aumento de sueldo

Respecto al aumento salarial, ha habido cierta controversia. El incremento de 100 euros mensuales prometido se ha aplicado, pero no tuvo en cuenta la subida salarial estatal del 2,5% aprobada por el Gobierno central mientras el Principado elaboraba sus presupuestos. Por ello, los docentes tienen pendientes varios pagos desde enero, de unos quince euros mensuales, que según el Principado “se pagarán con carácter retroactivo en cuanto concluya la tramitación”. Estos cobros pendientes han provocado cierta confusión entre parte del profesorado, al no ver reflejado en sus nóminas todo el dinero anunciado.

El modelo de reducción lectiva para mayores de 55 años es otro de los puntos todavía pendientes. La Consejería ya presentó una propuesta, pero tras negociarla con los sindicatos optó por introducir ajustes antes de cerrarla definitivamente. El objetivo es que las partidas correspondientes puedan incorporarse al presupuesto autonómico del próximo año.

Otro gran asunto por resolver sigue siendo la burocracia. El pacto recogía la integración de los servicios digitales en una única aplicación educativa. Actualmente, en los centros públicos se utiliza SAUCE, aunque la Consejería ha creado una comisión específica y trabaja en nuevas funcionalidades y aplicaciones independientes para facilitar el trabajo diario. Profesores consultados reconocen pequeños avances —por ejemplo, a la hora de registrar faltas—, pero sostienen que “queda un mundo” y que la burocracia “sigue siendo asfixiante”.

Lo que dicen los sindicatos

Los firmantes del pacto coinciden, en general, en destacar los avances producidos en el sistema educativo durante este último año, aunque también admiten que muchos de sus efectos todavía no son plenamente visibles en el día a día de los centros, dado que el acuerdo fue diseñado para desarrollarse de forma progresiva y que parte de las medidas siguen pendientes de implantación.

“Tras las protestas los sindicatos intentaron hacernos creer que habíamos conseguido algo, pero son migajas”, asegura Iris López, profesora en Oviñana (Cudillero). “Creo que la huelga no sirvió para mucho”, lamenta. Su visión es compartida por algunos docentes, aunque es rechazada por los representantes sindicales que firmaron el acuerdo.

“Estamos moderadamente satisfechos y reconocemos el trabajo que está realizando la consejería. Estamos teniendo dificultades en la reducción de la carga lectiva para los mayores de 55 años, porque costará más de lo que se pensaba. Cuando el pacto se cumpla en su totalidad, el sistema educativo asturiano aguantará la comparación con cualquiera”, asegura Cristóbal Puente (UGT).

“Falta mucho por conseguir, pero hay que decir que se está cumpliendo lo pactado, aunque estemos lejos de la plantilla deseada. Tenemos mucho que avanzar en el asunto de la burocracia, que es un cajón de sastre muy complejo, y el profesorado no siente todavía que se esté mejorando”, destaca Miguel Laria (SUATEA).

Jorge Caro (CSIF) es el representante más crítico, ya que su organización no secundó el pacto. “La consejera, Eva Ledo, ha resultado ser un ‘bluf’ y la Consejería de Educación se ha transformado en la de la ocultación: todo sigue igual, pero lo tapan”, sostiene Caro, que pone el foco en el 35% de interinidad en educación, “una salvajada”, y en que la región, según denuncia, invierte actualmente un 11% menos en educación que en 2009.

CSIF ha convocado una protesta de profesores el 30 de mayo en Oviedo.

Mariela Fernández, de ANPE, admite que las medidas “se han ido cumpliendo” y también destaca que las sustituciones se realizan ahora con más rapidez que antes del pacto.

Borja Llorente, de Comisiones Obreras, asegura que el pacto supuso “romper con un modelo” tras “quince años sin subir el presupuesto educativo”, y considera que existe un cumplimiento general de las medidas acordadas. Llorente celebra además que el próximo curso haya alrededor de mil docentes más, aunque advierte de que “es pronto para ver el impacto real en las aulas, pero llegará”.

 “Partimos de un pacto que consideramos insuficiente y que llevará años cumplirse. La situación es extrema”, lamenta Silvia Silván, profesora que participó en las concentraciones y que es delegada de Usipa.

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