Claves para la cohesión y el futuro del Noroeste

La educación superior no es un privilegio, sino un derecho y una inversión colectiva en el futuro. Con esta convicción debemos afrontar hoy el debate sobre la universidad pública en comunidades como Galicia, Castilla y León y Asturias. No se trata únicamente de una discusión sobre financiación o gobernanza, sino de una cuestión estructural que afecta directamente al modelo de sociedad que queremos construir y que necesariamente se debe situar en un contexto más amplio: el de territorios que comparten retos demográficos, económicos y sociales de enorme trascendencia. Retos que marcarán, sin duda alguna, el futuro de nuestras comunidades en los próximos años.

Galicia, Castilla y León y Asturias conforman un espacio territorial con rasgos comunes bien conocidos: envejecimiento acusado, dispersión territorial y una progresiva pérdida de población joven. Estas dinámicas no son menores puesto que determinan la sostenibilidad de los servicios públicos, condicionan el mercado laboral y, por supuesto, impactan directamente en el sistema universitario. En regiones donde la base demográfica se estrecha, la universidad no puede limitarse a ser (ni a ser entendida como) un mero espacio de formación: debe convertirse en un elemento activo de cohesión territorial y social; en un agente tractor de dinamización económica y cultural.

En este sentido, la universidad pública ha sido históricamente uno de los instrumentos más eficaces para garantizar la igualdad de oportunidades. La posibilidad de acceder a estudios superiores sin que el origen socioeconómico sea un condicionante constituye uno de los pilares del Estado del bienestar. No es casual que algunas comunidades hayan avanzado en políticas de bonificación de matrículas, buscando aliviar la carga económica de las familias y favorecer el acceso a la educación superior. Estas medidas no deben entenderse como un gasto, sino como una inversión estratégica en capital humano.

Pero la cohesión social no se limita al acceso al sistema universitario. También implica permanencia, éxito académico y oportunidades reales tras la graduación. En territorios con menor densidad de población y limitada diversificación económica, la universidad pública cumple además una función de arraigo. Retener talento joven –y atraerlo– es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo. Cuando un estudiante decide formarse en nuestras universidades, no solo está adquiriendo conocimientos: está estableciendo vínculos con un territorio que puede convertirse en su proyecto de vida.

Y aquí emerge la segunda gran dimensión del debate: la universidad como motor económico y social. Más allá de cifras concretas, ampliamente documentadas por informes como los de la Fundación CYD, existe un consenso sólido: la actividad universitaria genera conocimiento, impulsa la innovación y contribuye a la creación de empleo cualificado. En contextos como los de Galicia, Castilla y León y Asturias, este papel resulta especialmente relevante.

En este escenario, cobra igualmente especial importancia la relación entre universidad y tejido productivo. No se trata de subordinar la misión universitaria a intereses inmediatos, sino de fortalecer un diálogo bidireccional que permita trasladar conocimiento, identificar necesidades y generar oportunidades compartidas. La colaboración con empresas e instituciones puede adoptar múltiples formas: proyectos de investigación conjunta, programas de prácticas, transferencia de tecnología o espacios de innovación abierta. Todo ello contribuye a acercar la universidad a la realidad social y económica, sin renunciar a su función crítica, formativa y de generación de conocimiento.

Aunque muchos análisis se centran en grandes áreas metropolitanas, estos efectos son, si cabe, más determinantes en regiones como las nuestras. En ciudades medias y entornos menos industrializados, la universidad actúa como un auténtico nodo económico y social: atrae estudiantes, dinamiza servicios y favorece la creación de ecosistemas de conocimiento.

No obstante, este papel estratégico no se encuentra actualmente exento de tensiones. El crecimiento de la oferta universitaria privada en España plantea interrogantes sobre el equilibrio del sistema. La expansión de este modelo no garantiza por sí misma una mayor equidad ni una mejora de la calidad. Al contrario, puede contribuir a segmentar el acceso en función de la capacidad económica, debilitando uno de los principios fundamentales de la universidad pública: su vocación inclusiva.

Además, existe el riesgo de que se produzca una competencia asimétrica si no se asegura una financiación adecuada del sistema público. Las universidades públicas no compiten en igualdad de condiciones cuando deben asumir funciones sociales, territoriales y de servicio público que van más allá de la mera formación académica. Defender su papel implica también dotarlas de los recursos necesarios para cumplir con estas responsabilidades.

En este contexto, es fundamental reivindicar una visión de la universidad que trascienda el corto plazo. No podemos analizar su valor únicamente en términos de rentabilidad inmediata o de indicadores cuantitativos. La universidad pública es, ante todo, una institución al servicio de la sociedad. Forma ciudadanía crítica, promueve valores democráticos y contribuye a la cohesión social de una manera que difícilmente puede medirse en términos estrictamente económicos.

Para Galicia, Castilla y León y Asturias, esta reflexión es especialmente pertinente. Nos encontramos ante territorios que necesitan reforzar su capacidad de retener talento, diversificar su economía y afrontar los retos de la transición digital y ecológica. La universidad pública es una herramienta clave para abordar estos desafíos. Pero para ello es necesario un compromiso claro por parte de las administraciones y de la sociedad en su conjunto.

En este punto, cabe explorar con mayor profundidad las posibilidades de cooperación entre universidades de estos territorios. Más que desde la lógica de la competencia, pueden abrirse espacios de colaboración en ámbitos como el uso compartido de infraestructuras científicas, el impulso de titulaciones conjuntas o la coordinación de estrategias de investigación. Este tipo de iniciativas, desarrolladas de forma gradual y adaptadas a las singularidades de cada institución, podrían contribuir a reforzar la capacidad de atracción de talento, optimizar recursos públicos y aumentar la proyección de nuestros sistemas universitarios tanto en el ámbito nacional como internacional.

Ese compromiso pasa por garantizar una financiación suficiente y estable, por reforzar las políticas de becas y ayudas, y por fomentar la colaboración entre universidad, empresa e instituciones. También implica apostar decididamente por la investigación y la innovación, no como un lujo, sino como una necesidad para el desarrollo sostenible de nuestros territorios.

En definitiva, la situación de la universidad pública nos interpela como sociedad. Nos obliga a decidir qué modelo queremos: uno basado en la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el desarrollo equilibrado del territorio, o uno en el que la educación superior se convierta en un bien cada vez más condicionado por factores económicos.

Como rectora de una universidad pública, tengo claro cuál es la respuesta. La universidad no es solo un espacio de formación: es un bien común que debemos proteger y fortalecer. Y en ese empeño, la colaboración entre instituciones será una de nuestras mejores herramientas. Porque en la universidad –y en su capacidad de trabajar conjuntamente– se juega, en gran medida, el futuro de nuestras comunidades.