Confusión y críticas en el despliegue de una nueva oficina judicial en Asturias que no convence a nadie

El Gobierno asturiano y los trabajadores de la Justicia –un total de 1.300– están enfrentados por la nueva oficina judicial, cuya estructura en 13 partidos judiciales –aunque también está recurrida la de los cinco partidos restantes, Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo– acaba de tirar abajo la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA por razones formales. Esto es, por no haber sido negociada con los trabajadores al afectar a las condiciones de trabajo. Los resultados de la reforma ha sido criticados también por el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro, quien advirtió de la reducción de salas de vistas, el hacinamiento de los funcionarios y el riesgo de aislamiento de los jueces y la pérdida de las buenas cifras de la Justicia asturiana. Por su parte, el Gobierno regional ha recurrido la anulación ante el Supremo, apelando a la capacidad de auto organización de la administración.

¿Qué es la nueva oficina judicial? Desaparecen los juzgados, que antes se organizaban en torno a un juez, con un secretario o letrado de la administración de Justicia y un número determinado de funcionarios. Los juzgados son ahora sustituidos por los tribunales de instancia, uno por partido judicial (18 en Asturias). En los partidos pequeños (Cangas de Onís, Cangas del Narcea, Castropol, Grado, Laviana, Lena, Llanes, Piloña, Pravia, Siero, Tineo, Valdés y Villaviciosa) se crea una sección de primera instancia e instrucción, a cargo de uno o dos, tres o cuatro jueces, y los funcionarios se organizan en la llamada nueva oficina judicial, en un servicio común general. El cambio es mayor en los partidos de mayor tamaño (Oviedo, Gijón, Avilés, Mieres y Langreo), donde los jueces se distribuyen en un número mayor de secciones: de instrucción, de primera instancia, penal, social, contenciosa y de vigilancia penitencia. Cada magistrado trabaja con un letrado judicial y unos pocos funcionarios que conforman la unidad de apoyo directo. El grueso de los funcionarios se encuadran en la nueva oficina judicial dentro de los servicios comunes procesales, subdivididos a su vez en el servicio común procesal, el de tramitación y el de ejecuciones, dirigido cada uno por un letrado.

¿Qué se pretende con la nueva estructura? La nueva estructura facilita una mayor movilidad funcional. Al no estar vinculados los jueces y los funcionarios a un juzgado concreto, pueden ser asignados a las tareas más necesarias en cada momento, contribuyendo a agilizar y reducir los atascos, algo que siempre agradecerán los ciudadanos.

¿Por qué no están de acuerdo los funcionarios? Los sindicatos han visto la reforma de los tribunales de instancia y la nueva oficina judicial como una agresión continua a sus derechos laborales, ya que rompe el tabú de la movilidad funcional y geográfica y amenaza la especialización y la veteranía. Además critican que la reforma se haya aplicado de forma improvisada, con obras insuficientes y tardías para facilitar que cada servicio común ocupe una única oficina diáfana. Además, consideran que la mudanza se ha realizado sin planificación alguna, con el consiguiente caos, con expedientes acumulados en el suelo, sin conexión telefónica ni telemática y una cartelería mal hecha que añade más confusión. Los sindicatos, ya que no pueden tumbar la reforma misma, se han centrado en los aspectos formales, como el hecho de que la consejería de Hacienda, Fondos Europeos y Justicia no negociase la estructura de la nueva oficina con los representantes de los trabajadores, algo en los que el TSJA les ha dado la razón. En este reforma cobra gran importancia la "gestión del cambio" y que todos, funcionarios y magistrados, remen en la misma dirección, como indicó el secretario de gobierno del TSJA, Miguel Ángel Balbín.

¿Por qué están en contra los jueces? Los magistrados, aunque favorables en líneas generales a la reforma, porque les descarga de las labores administrativas que les exigía el anterior sistema, consideran que la nueva estructura les separa físicamente de los funcionarios, situados en diferentes plantas, sin que haya un medio de comunicación adecuado. Jueces y funcionarios tienen aplicaciones diferentes, lo que dificulta el acceso de los primeros a los expedientes. Va a sustituirse la aplicación Minerva que utilizan ahora los funcionarios, por la aplicación Atenea, que en teoría solventará esas dificultades. Los magistrados también estaban en contra de que los Letrados de la Administración de Justicia estableciese su agenda de señalamientos. Además, como resaltó el magistrado Jesús María Chamorro, presidente del TSJA, durante la presentación de la memoria judicial, se hace necesario reducir la temporalidad y mejorar la formación de los funcionarios recién llegados.

La posición del principado. El Gobierno regional ha aplicado una reforma que le ha venido impuesta por el Ministerio de Justicia. Ha tenido grandes dificultades para llevarla a cabo en los grandes partidos judiciales, por la complejidad de los cambios, de forma que la de Oviedo se puso en marcha con cuatro meses de retraso. La Vicenconsejería de Justicia quitó hierro al caos, indicando que se corregiría en poco tiempo.

Más motivos de fricción. La reforma entrega la dirección de la oficina judicial a los letrados de la administración de justicia (LAJ’s), que establecen los equipos de trabajo y las tareas. Sus primeras instrucciones organizativas han motivado un recurso de alzada por parte del SPJ-USO. Por ejemplo, critica el sindicato, los letrados de justicia están delegando funciones que le son propias a los gestores procesales y tramitadores, sin que éstos cobren por ello. En Gijón , la LAJ directora del servicio común general, indica el sindicato, incluyó en sus instrucciones hasta un código de conducta, "lo ue no le corresponde". Y la LAJ del servicio común de ejecución atribuye el control de los movimientos de la cuenta judicial a los funcionarios, en contra de la ley. Han sido admitidos los recursos por las instrucciones en Avilés y Gijón, y se trabaja en las de Oviedo. En caso de que se rechacen los recursos, se plantearía un contencioso.

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