Una economía circular para el noroeste de España

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) subraya que el consumo de materias primas se duplicará entre 2020 y 2050. Y que la generación de residuos se incrementará un 70 % en ese mismo período de tiempo. Así, la gestión de residuos se ha convertido en una política pública de primera magnitud, ya que de ella depende la salubridad de nuestros pueblos y ciudades. Y, por supuesto, el cuidado y la protección del medio ambiente.

En España la generación total de residuos, considerando todas las tipologías (industria, agricultura, ganadería, construcción, etc.), asciende a más de 115 millones de toneladas anuales. De ellos, más del 20 % corresponden a residuos municipales, tal y como reconoce el informe “El potencial económico del sector de la gestión de los residuos en España”, elaborado en 2024 por la Fundación Forum Ambiental.

Aunque nuestro país goza de un excelente ecosistema empresarial y administrativo que se encarga de gestionar adecuadamente este tipo de residuos, nos estamos quedando rezagados con respecto a otros países europeos.

Según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), en su “Estudio sobre la gestión de los residuos municipales” (2023), España sigue incumpliendo los objetivos europeos de reducción de la generación de residuos y de preparación para la reutilización y el reciclaje.

Veamos un ejemplo: España es el país europeo que más cantidad de residuos lleva a vertedero cada año. Nos encontramos en riesgo de no alcanzar las metas marcadas por la Comisión Europea, que ha establecido que antes de 2035 debemos enviar a vertederos solo el 10 % de nuestras basuras (frente al 48 % actual). Es decir: el vertedero sigue siendo nuestra primera opción. ¿Por qué? Sencillamente por son más baratos, frente a otras opciones mucho más medioambientalmente sostenibles y deseables, como, por ejemplo, las plantas de valorización, donde se queman los residuos no reciclables para convertirlos en electricidad.

Países como Alemania o Países Bajos, donde hay tradición de tratamiento de residuos, ya están por debajo del objetivo del 10 % de envío a vertedero, apostando firmemente por las instalaciones de valorización energética.

En otros casos, el vertido se ha prohibido directamente. O, como sucede en el Reino Unido, las administraciones públicas han impuesto tal coste económico a la tonelada depositada en vertedero, que apenas quedan actores que opten por esa alternativa. Es decir, se han introducido incentivos para que los gestores de residuos tengan una prima por hacer las cosas bien y una penalización por hacerlas mal.

Las regiones europeas que avancen rápidamente en esta dirección gozarán de grandes ventajas competitivas. Se trata de implementar la economía circular, basada en el principio de cerrar adecuadamente el ciclo de vida de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía, dándoles un tratamiento apropiado.

En un contexto de fluctuación de los costes de las materias primas, la economía circular contribuye a la seguridad del suministro y a la reindustrialización del territorio. Los residuos de unos se convierten en recursos para otros. La economía circular consigue así convertir nuestros residuos en materias primas, reduciendo la contaminación, optimizando la protección medioambiental y mejorando el entorno de nuestros pueblos y ciudades.

Afortunadamente, Galicia, Asturias y Castilla y León han entendido la importancia (y la necesidad) de abrazar e impulsar la economía circular, con la adecuada gestión de los residuos por bandera.

Así, por ejemplo, Galicia ya ha puesto en marcha las Oficinas de Economía Circular (espacios de apoyo técnico y estratégico creados para ofrecer asesoramiento especializado tanto a empresas del sector industrial como a ayuntamientos, con el objetivo de fomentar la reutilización de recursos, reducir los residuos y promover un uso sostenible de los materiales). Y la Xunta cuenta, desde 2019, con su propia estrategia gallega de economía circular, con alcance hasta 2030.

Asturias en 2023 aprobó su Estrategia de Economía Circular del Principado de Asturias 2030, buscando que la región avance hacia una economía sostenible, descarbonizada y eficiente en el uso de los recursos, para pasar del actual modelo de crecimiento lineal (basado en usar, consumir y tirar), a un modelo circular (en el que el valor de los productos, materiales, energía y recursos se mantenga el mayor tiempo posible en la economía, y se gestionen los residuos de forma eficaz y eficiente).

Castilla y León, por su parte, está en la vanguardia en esta materia, destacando en la Iniciativa de la Comisión Europea Ciudades y Regiones Circulares (CCRI). En abril de 2022 se realizó una convocatoria de candidaturas para participar en este programa, que contó con más de 100 solicitudes, siendo Castilla y León la única iniciativa española seleccionada.

Ya en octubre de 2021 la Junta de Castilla y León aprobó la Estrategia de Economía Circular, para impulsar la digitalización en la gestión de residuos y optimizar los sistemas de recogida separada, modernizar las infraestructuras de tratamiento de residuos municipales, mejorar la recogida selectiva de bio-residuos, impulsar la transferencia de conocimiento o promover el uso en cascada de la madera y biomasa forestal, entre otras cuestiones.

Gracias a estos esfuerzos, Castilla y León ha situado su tasa de circularidad (es decir, la proporción de materiales reciclados sobre el total de materiales utilizados en la economía regional) en un 10,2 %, una cifra cercana a la media de la Unión Europea (11,5 %) y por encima de la media nacional (la tasa de circularidad en España se situó en 2025 en el 8,5 %, lo que implica que menos de una décima parte de los materiales utilizados en la economía vuelven al sistema productivo tras su uso).

Estas tres comunidades autónomas (Galicia, Asturias y Castilla y León) configuran el noroeste de España. Un lugar en el que, sumando poblaciones, habitan más de 6 millones de personas, en un territorio de 134.000 kilómetros cuadrados, que aporta más del 12% del PIB nacional. Una zona que ha atravesado un languidecimiento del que parece estar despertando.

En un contexto geopolítico tan vertiginoso, el noroeste de España se erige como un espacio de certidumbres y de estabilidades, al haber encontrado una magnífica oportunidad de desarrollo, en tres ejes estratégicos, que tienen perfecta cabida en nuestro territorio: la transición energética, la transformación digital y la economía circular.

Estamos hablando de energías renovables (es decir, de electricidad barata, limpia y soberana, que nos permitirá erradicar los caros, contaminantes y extranjeros combustibles fósiles). Estamos hablando de centros de datos y de conectar on line cualquier sistema productivo desde cualquier pueblo de nuestras comunidades autónomas. Estamos hablando de incrementar el valor y la sostenibilidad de nuestros flujos económicos. Estamos hablando, en definitiva, de un nuevo modelo productivo, al que nuestra geografía y población se adaptan perfectamente.

Transición energética, transformación digital y economía circular, deberían ser los cimientos de nuestra política industrial. Desarrolladas en paralelo, y bien implementadas, atraerán industria, abrirán nuevos nichos económicos, incentivarán nuevas inversiones y, sobre todo, brindarán nuevas oportunidades de empleo y de crecimiento a quienes habitamos estas latitudes.

Tal y como afirma el experto Pedro Fresco en su libro El arte de impulsar el cambio (Barlin Libros, 2026), “el pesimismo es un lujo que no nos podemos permitir”. Al noroeste peninsular le ha llegado la hora del optimismo y de la confianza.

La pista de despegue para cambiar ya está pavimentada. Tenemos que usarla.